Activistas pidieron la renuncia de un alto colaborador del presidente Alvaro Uribe por considerar que sus declaraciones estimulan un ambiente de violencia contra trabajadores de derechos humanos.
El asesor presidencial José Obdulio Gaviria, primo hermano del desaparecido narcotraficante Pablo Escobar, "debe renunciar...pero además estamos analizando acciones" legales en su contra por calumnia o injuria, dijo en entrevista telefónica Iván Cepeda, del grupo Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
"Le solicitamos a usted, señor presidente, que lo destituya (a Gaviria): la incitación a la violencia es un grave delito", dijo por su parte el grupo no gubernamental Colectivo de Abogados, en una carta dirigida a Uribe y divulgada la víspera en el sitio de internet del grupo.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el Colectivo de Abogados estuvieron entre los grupos que organizaron el pasado 6 de marzo una marcha nacional en honor a las víctimas del paramilitarismo.
Poco antes de la marcha, el asesor Gaviria dijo que no acudiría al acto porque estaba "convocada por las FARC", la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, recordó el Colectivo de Abogados en su misiva.
"Las declaraciones que hizo José Obdulio Gaviria generaron un ambiente propicio para la violencia que ya ha cobrado la vida de cuatro sindicalistas" en las últimas semanas, agregó el Colectivo.
Grupos locales y la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado que seis activistas, entre ellos los cuatro representantes sindicales, han sido asesinados y al menos otros 28 han recibido amenazas entre fines de febrero y comienzos de este mes en distintas zonas de Colombia por su vinculación a la marcha del 6 de marzo.
Algunas de las amenazas, recibidas por correo electrónico, son atribuidas a las "Aguilas Negras", o una nueva banda integrada por ex combatientes de otros grupos paramilitares ya desmovilizados.
En todo lo que va de 2008 han muerto 10 sindicalistas, incluyendo las últimas víctimas, de acuerdo con datos departamento de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Más de 700 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde el 2001, de acuerdo con cifras del gobierno y aunque el número de asesinatos ha caído desde que el presidente Uribe asumió la presidencia en 2002 --a 25 en 2006-- sólo un pequeño porcentaje de los casos ha sido resuelto.
El gobierno, a través del ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, ha rechazado las amenazas a los activistas, pero no se ha referido al caso del asesor Gaviria.
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