Una jueza condenó a un coronel de policía a presidio perpetuo y a penas de cuatro a 20 años de cárcel a otraso 23 policías retirados, incluso un general, acusados por secuestros, homicidios y torturas de 31 izquierdistas detenidos en varias localidades sureñas en los días posteriores al golpe militar de 1973, informó el Poder Judicial.
La resolución de 241 páginas de la jueza Emma Díaz, de la Corte de Justicia de Valdivia, 849 kilómetros al sur del país, es inédita porque abarca al mayor número de victimarios de una vez.
Además de la pena a presidio perpetuo para el coronel Adrián Fernández, de 66 años, el general nelson Rodríguez y el teniente coronel Antonio Baroz Muñoz fueron condenados a 15 años. El resto de las penas van de los 20 a los 4 años.
Los policías están acusados de torturas, ejecuciones y desaparición de las 31 víctimas que residían en Osorno, 920 kilómetros al sur, y en localidades aledañas.
La jueza, en su dictamen de primera instancia que puede ser apelado, se opuso a aplicar la controvertida ley de amnistía legada por la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet y la prescripción.
La investigación judicial estableció que los policías llevaron a los detenidos hasta un puente y a medida que les disparaban los lanzaban a un caudaloso río, pero hubo una sobreviviente, la alcaldesa de la localidad de Entre Lagos, Blanca Valderas Garrido, porque al oficial que le disparó se le trabó el arma, por lo que la golpeó y la lanzó a las correntosas aguas.
Valderas sobrevivió, nadó hasta una orilla y se refugió en una casa. Estuvo escondida durante cinco años, incluso de sus hijos. Su esposo fue uno de los ejecutados en el río.
El testimonio de la edil fue el primero de un sobreviviente de la represión ante la Vicaría de la Solidaridad, un organismo de la Iglesia Católica que prestó ayuda a los perseguidos políticos de la dictadura de Pinochet y presentó centenares de recursos de amparo por los detenidos, que no fueron acogidos por los tribunales y que convirtió a la mayoría de los presos en detenidos desaparecidos.
De las 31 víctimas, la mayoría militantes de los partidos Socialista y Comunista, 14 siguen engrosando la lista del millar de detenidos desaparecidos.
Según cifras oficiales de 1991, durante el régimen de Pinochet (1973-1990), murieron 3.197 opositores, de los cuales unos 1.200 son detenidos desaparecidos.
Poco más de 500 uniformados, la mayoría en retiro, están precisados y/o condenados por violaciones a los derechos humanos, incluidos cerca de medio centenar de generales, la mayoría del ejército.
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