El ex auditor general del Ejército, el general (r) fascista Fernando Torres Silva, quedó procesado y detenido en calidad de reo por el delito de asociación ilícita, por su participación en el crimen del denominado Caso Berríos.
Junto al retirado militar también quedó bajo arresto su ex brazo derecho, coronel (r) Enrique Ibarra Chamorro, quien se desempeñó como fiscal de la institución castrense y que fue imputado por el mismo ilícito. Era el abogado del agente civil de la DINA, recientemente fallecido, Osvaldo "guatón" Romo.
La resolución fue adoptada por el juez Alejandro Madrid, quien investiga el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, cuyo cuerpo apareció en 1995 en una playa en las cercanías de Montevideo en Uruguay.
El ministro en visita dictó órdenes de procesamiento, además, en contra de los suboficiales en servicio activo del Ejército, Marcelo Sandoval y Nelson Román, por el delito de asociación ilícita y secuestro. Estos últimos eran los custodios de Berrios en Uruguay desde 1991 hasta 1992. El químico de la DINA se les escapó, presentándose en una comisaría uruguaya señalando que estaba cautivo. Los policías uruguayos entregaron a Berrios a dos militares de ese país, momento en que se pierde el rastro del quimico.
Su pista reapareció en 1995, cuando su cuerpo con el cráneo destrozado y sus manos atadas con alambres apareció en una playa cercana a Montevideo. Tenía cuatro disparos en cabeza.
El Consejo de Defensa del Estado, querellante del caso, señala que al quimico de la DINA lo sacaron del país para evitar que declarase en varios procesos, entre ellos el caso Letelier. "Está meridianamente claro que tanto Torres Silva como Ibarra participaron activamente en la organización criminal que sacó, secuestró y posteriormente eliminó" al funcionario del servicio secreto de la dictadura.
Se ha acreditado por el juez Madrid que en la Auditoria del Ejército, donde Torres Silva ejercía como jefe, se habría ideado un sistema conocido como "control de bajas". Este era un sistema donde se determinaba el nombre de los efectivos del Ejército que habían participado en la policía secreta del regimen y tenían "demasiada información" de atropellos a los derechos humanos.
Esta organización determinaba que estos militares o funcionarios debían irse de nuestro país para no entregar "esa valiosa información" a la justicia. Ejemplos hay muchos: el propio Eugenio Berrios a Uruguay; el autor del crímen de Tucapel Jímenez, Carlos Herrera a Argentina; el "guatón" Romo a Brasil; Arturo Sanhueza Ross, que participó en los crímenes de la Operación Albania, también en Brasil, etc.
Eugenio Berrios tenía mucho que contar: según datos de abogados de derechos humanos, el quimico habría trabajado con el gas sarín que se "ocupó" en forma experimental con detenidos por la dictadura que posteriormente desaparecieron.
En el caso más grave, por la connotación pública que produjo, se le involucra en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. La familia del ex mandatario ha acusado a los servicios secretos de la dictadura de haber "contaminado" mortalmente con toxinas y bacterias el cuerpo de Frei, mientras convalecía de una sencilla operación de hernia al hiato en la Clínica Santa María a fines de 1981.
El ministro Madrid también investiga la vinculación de Berrios con la muerte del primer mandatario. Frei murió en 1982, y se había erigido como opositor al gobierno de Pinochet.
En Chile, por el asesinato de Eugenio Berrios, están siendo procesados como autores los ex Mayores Arturo Silva y Jaime Torres, éste último guardaespalda de Pinochet. Por obstrucción a la justicia, los generales en retiro Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Montecinos. Todos del Ejército. En total hay trece procesados por el caso, entre ellos, tres militares uruguayos.
Singularmente, tanto Silva como Ramírez Rurange fueron jefes de la escolta y seguridad de Pinochet en distintos períodos, mientras éste gobernaba el país. También Ramírez y Montecinos fueron jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) .
Tanto Torres Silva como Ibarra Chamorro, ambos abogados, fueron enviados al batallón de la policía militar más conocida como la cárcel militar de Peñalolén.
Es la segunda vez que Torres Silva es detenido y procesado po causas de derechos humanos. Anteriormente fue encausado por el crimen del sindicalista Tucapel Jímenez. Fue acusado de obstrucción a la justicia por el actual Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. El juez lo condenó a penas de cárcel, pero los tribunales superiores cambiaron la sentencia por pena remitida, debido a "su intachable conducta anterior". Hoy esa figura jurídica, no le sirve de nada...
Agencias C21 JPMM
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