Dorigón, elegido para trabajar en el organismo que se encarga de registrar y controlar la tenencia de armas y explosivos en manos de civiles, es uno de los 100 militares implicados en la causa por violación a los derechos humanos en las islas, informaron el sábado medios locales. (…) hay una responsabilidad del Poder Judicial en mantener la impunidad, con diez años transcurridos desde que se inició la causa con testimonios de compañeros”, sostuvo Ernesto Alonso, secretario de relaciones institucionales del CECIM.
Allí hay registrados más de 150 hechos denunciados, entre los que “hay asesinatos de soldados, torturas con utilización de teléfonos de campaña como picanas, reducción a servidumbre (…) y muertes por impericia de los militares”, según el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM). El Ministerio de Justicia argentina defendió la designación argumentando que el individuo “no tiene antecedentes penales”.
Por su parte, desde el CECIM identificaron dos motivos que hacen posibles “estas designaciones de represores” en puestos públicos. “(…) hay una responsabilidad del Poder Judicial en mantener la impunidad, con diez años transcurridos desde que se inició la causa con testimonios de compañeros”, sostuvo a la prensa, Ernesto Alonso, secretario de relaciones institucionales del CECIM. En segundo lugar, destacó: “Lo peor de todo es que vemos que en los últimos tiempos” y desde la llegada al poder del Gobierno de Macri “hay una bajada de línea de relajar las cuestiones que tienen que ver con las investigaciones por lesa humanidad”. En 2015 y durante el mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se desclasificaron los archivos secretos de Malvinas de las Fuerzas Armadas. “Ahí están las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Malvinas”, señaló Alonso.
Fuente: Agencias Prensa PM RMP PI HSPTV AIP
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