La denuncia del programa "Contacto" sobre conflictos de intereses de los parlamentarios se tomó las redes sociales, luego de revelar que un 41 por ciento de sociedades vigentes de diversos tipos y giros de diputados y senadores no figuran en los formularios que por ley deben publicar.
La investigación, que lideró el rating al promediar 18,5 puntos entre las 23:30 y las 00:42 horas, mostró que 78 parlamentarios omiten información en sus declaraciones. Así, según el programa de Canal 13, el diputado UDI Ramón Barros (UDI) no detalló qué tiene viñedos en las hectáreas que sí declara en su patrimonio.
Barros Barros votó para evitar la prohibición de publicidad de alcohol en carreteras y eventos deportivos. Tampoco se abstuvo en la votación que prohíbe la venta de alcohol en bombas de bencinas en 2006. Incluso dos años más tarde presentó una moción que pretendía beneficiar a los productores de vino a granel, de acuerdo a la denuncia de "Contacto".
El parlamentario también tiene plantaciones de tabaco en la Región de O'Higgins, sin embargo, en 2007 presentó una moción para permitir que se siga fumando en lugares públicos, como estadios, recintos deportivos y gimnasios abiertos. En su defensa, Barros afirmó que no tienen "ningún" conflicto de interés, ya que "somos productores de uvas" y no de vino, y que en las plantaciones de tabaco no está involucrado porque "mi familia produce cinco hectáreas".
Por su parte, la familia del senador Hosaín Sabag (DC) posee sociedades forestales, inmobiliarias y de transportes en Cabrero. Declaró cada una de ellas, pero tiene varios camiones y, por lo tanto, es un directo beneficiario de la norma que él mismo votó respecto a la devolución de combustible a camioneros. Además, existió venta de mediaguas al Estado por parte la empresa perteneciente a dos de sus hijos. "Mis hijos tienen una empresa y ellos no le venden al Estado, quizás algunas por el terremoto. No tengo nada que ver con eso", aseguró Sabag.
En tanto, el diputado Jorge Ulloa (UDI) no menciona en su declaración una empresa de transportes de la cual su esposa es propietaria, en específico, una empresa de camiones. Ulloa votó para que a los transportistas se les devolviera el impuesto pagado por la compra de petróleo para sus máquinas. "No tengo ningún inconveniente en votar porque hay conflicto de interés cuando yo, o en este caso algún familiar mío, percibe directamente beneficios económicos. Como no tengo ningún beneficio económico, no siento ningún impedimento al votar", indicó Ulloa.
Por su parte, la diputada Clemira Pacheco (PS) está relacionada con un colegio que ha recibido subsidio por parte del Estado. Pertenece a la Sociedad Educacional San Pedro Limitada, en la cual dos hermanos figuran como dueños. Pacheco apoyó una subvención estatal a colegios que entregan educación de calidad y votó la ley general de educación, según la investigación. A través de un comunicado, la diputada aseguró que "no existe impedimento para votar, pues como dice la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se trata de una materia que afecta en general a un área o sector".
El diputado Ignacio Urrutia (UDI), según el reportaje, pidió eliminar la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas en las carreteras y presentó indicación para suprimir prohibición de publicidad en eventos deportivos. Su hermana está casada con un accionista de Concha y Toro. Si bien él no tiene acciones, sí las tienen su hermana, sobrinos y su cuñado. También tiene plantaciones de frutas y verduras orgánicas, y votó la única ley que regula la actividad. "No veo por qué me tenga que inhabilitar en eso, vine al Congreso a defender la agricultura (...) No veo que tenga conflicto de interés por defender a un grupo determinado", aseguró.
La reacción de los parlamentarios La investigación de "Contacto" no dejó indiferente a los parlamentarios en las redes sociales. Twitter fue la plataforma elegida por algunos diputados para comentar el programa de Canal 13.
Otros aspectos que estan relacionados con la corrupción parlamentaria son las altas dietas que reciben estos, por ejemplo un diputado juntando todos los agregados gana 40 veces más que un trabajador que percibe el sueldo mínimo de 193 mil pesos mensuales, y los senadores logran obtener una dieta 84 veces más, que ese mismo sueldo mínimo. El mismo parlamento se niega a que los trabajadores chilenos perciban un sueldo mínimo como lo exige la Central Unitaria de Trabajadores y la Conferencia Episcopal chilena.
La mayor parte de diputados y senadores, al margen de algunas pocas excepciones, tienen conflictos de intereses de forma directa o encubierta, señalan diversas notas de prensa de los medios chilenos.
Agencias Prensa AIP EAB RCCH PM RMP
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