Si hay una bandera que el Gobierno de Argentina ha pretendido enarbolar bien alto en los últimos diez años ésa ha sido la de la justicia ante los crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983). Aún se recuerda en el país aquel 24 de marzo de 2004 en que el presidente Néstor Kirchner ordenó al teniente general Roberto Bendini retirar los cuadros de los dictadores Rafael Videla y Reynaldo Bignone, colgados en el Colegio Militar de El Palomar.
Aquella mañana, Kirchner declaró de forma solemne: "Quiero dejar en claro que el terrorismo de Estado es una de las formas más injustificables y sangrientas que le pueden tocar vivir a una sociedad". Bajo esa idea se diseñó toda una política de memoria y reparo ante las violaciones de los derechos humanos.
Pero el Gobierno se ha visto ahora atacado en su flanco más sensible desde que el pasado 27 de junio la presidenta, Cristina Fernández, renovó la cúpula militar y designó al frente del Ejército al general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, acusado de delitos cometidos durante la dictadura. Sobre Milani pesan dos acusaciones.
Por un lado, el antiguo preso político Ramón Alfredo Olivera declaró en el informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de provincia de La Rioja, elaborado en 1984, que Milani lo hostigó durante un interrogatorio en sede judicial efectuado en 1977. Lo acusó igualmente de haber allanado su domicilio para detener a su padre, finalmente desaparecido.
Por otra parte, los familiares de soldado Alberto Ledo, supuesto secretario personal de Milani, lo acusan de ser responsable de su desaparición, ocurrida en 1976 en la provincia norteña de Tucumán. La denuncia de Olivera fue archivada, pero la de Alberto Ledo sigue abierta, aunque nunca se había citado a Milani. El Jefe del Estado Mayor se presentó por iniciativa propia el miércoles 17 de julio ante un tribunal de la provincia norteña de La Rioja y negó todas las acusaciones.
Pero no logró apagar el fuego. Los grandes aliados del Gobierno en la lucha contra las violaciones de derechos humanos no levantaron la voz contra Milani. Ni las Madres, ni las Abuelas de Mayo, ni el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), fundación presidida por el periodista Horacio Verbitsky, director de Página 12, se opusieron en principio a su designación.
Pero el lunes por la mañana, cuando el Senado debatía los ascensos de la nueva cúpula militar —paso previo a la votación de la Cámara de Diputados el próximo 31—, el CELS presentó un informe en el que impugnaba el ascenso. El organismo aclaró que había continuado sus investigaciones y pudo reunir información que vincula a Milani con "hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad".
El CELS no es una fundación cualquiera en Argentina. Nacida en 1979 con el objetivo de denunciar las violaciones de derechos humanos, sus informes son solicitados por el Congreso argentino y sus conclusiones suelen tenerse muy en cuenta. La carta que envió ayer el CELS hizo que el bloque de senadores kirchneristas postergara 24 horas el debate sobre el nombramiento de Milani. Con esa decisión del Senado, el periodista Jorge Lanata, presentador y director de Periodismo Para Todos, ha vuelto a marcar la agenda política del país. Ya lo hizo el pasado abril cuando consiguió que dos arrepentidos denunciasen en su programa el lavado de dinero por parte de Lázaro Báez, empresario amigo de Néstor Kirchner.
El domingo 14 de julio volvió a marcar el paso cuando le dedicó un programa entero al pasado de Milani. Además de abordar el tema de las dos acusaciones que pesan sobre el general, el periodista cuestionó la forma en que el Jefe del Ejército ha conseguido su patrimonio.
"A Milani las cuentas no le cierran. El patrimonio de Milani es imposible de justificar. Desde que tenía 19 años cobra un sueldo del Ejército. Nunca tuvo otro ingreso. Su mujer es ama de casa, tampoco declara ingresos. Ahora, Milani tiene una capacidad de ahorro envidiable...", señaló. El reportaje indicaba que Milani compró en 2010 una casa de 1.150 metros cuadrados en un exclusivo barrio bonaerense. "Dijo haberla pagado por un millón y medio de pesos —200.000 euros—, una suma desproporcionada para los ingresos del general —1.943 euros mensuales, según las cifras difundidas en el programa— pero una ganga si se tiene en cuenta el valor de mercado de la propiedad".
A raíz de la emisión del programa, la diputada opositora Elisa Carrió denunció a Milani por supuesto enriquecimiento ilícito. "Milani siempre formó parte de las Fuerzas Armadas y en 2010 declaró una fortuna de 1.494.610 pesos, que creció en 2011 a 1.785.889, pese a que su salario pasó de 14.000 [1.943 euros]en 2010 a 15.000 en 2011", señala la denuncia.
La oposición criticó también a Milani cuando al prestar juramento de su cargo expresó la intención de acompañar "el proyecto nacional", cosa que fue interpretada como el proyecto del Gobierno, una confesión partidista impropia del jefe del Comandante en Jefe del Ejército.
Agencias Prensa AIP EPE PM RMP P12
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