Miles de trabajadores en Panamá protagonizaron el jueves una huelga general a nivel nacional por espacio de 24 horas para exigir, entre otras cosas, mayores medidas del gobierno contra la inflación.
Panamá ha venido presentando un alto índice de crecimiento económico que se acercó a 10% en 2007, pero los trabajadores alegan que la gente del común no está participando de los beneficios de dicho crecimiento.
Las protestas, que agruparon a varios de los principales sindicatos del país convocados por la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo, exigían del gobierno del presidente Martín Torrijos una serie de medidas para moderar el impacto del costo de la vida en la población trabajadora.
La inflación en Panamá se aproxima al 9% anual. Entre los grupos que suspendieron actividades estaban trabajadores de los sectores de la construcción, la salud, el transporte y la educación.
La prensa internacional habló con Genaro López, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), uno de los principales organizadores de la protesta.
Entre las exigencias del movimiento de protesta, mencionó "un aumento general de salario de 20%... y además la congelación de precios de los productos de primera necesidad". López dijo que, "el salario mínimo que gana un obrero es de US$300 y eso no alcanza ni para la canasta de alimentos".
Agregó que "Panamá tiene el mayor crecimiento en el área... pero ese crecimiento económico no está llegando a la gran población". Según López, el gobierno le echa la culpa de la inflación al aumento internacional del precio del crudo, "pero resulta que ahora el precio del petróleo ha venido bajando y los precios de los artículos de primera necesidad no han venido bajando".
El dirigente sindical calificó de rotundo éxito la movilización, afirmando que 98% de los trabajadores de construcción y 85% del sector transporte habían participado en lo que describió como una "huelga de advertencia".
López señaló además que podrían presentarse una nueva huelga indefinida ante lo que describió como la falta de respuesta del gobierno panameño a sus exigencias.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura representante de los patrones, había estimado en US$14 millones las pérdidas que se generarían por la huelga. Como es habitual en estos casos el gobierno nacional se opuso a la huelga, calificándola por cierto de ilegal, postura típica de aquellos que defienden los intereses empresariales.
Al anochecer del jueves, no se conocía información acerca de hechos graves de violencia relacionados con el movimiento de protesta.
Agencias Prensa BC AIP JPMM
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