La co directora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, recalca que “hemos denunciado la criminalización de la protesta social mapuche y la militarización de la Araucanía, siendo la muerte de Matías Catrileo el resultado”.La reciente muerte de Matías Catrileo y la persistente huelga de hambre de Patricia Troncoso, son la cara más visible del conflicto de la Araucanía. La falta de respuestas concretas de las autoridades a las demandas del pueblo mapuche.
La co-directora del Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas, Nancy Yáñez criticó duramente la actuación del gobierno frente a la muerte de Matías Catrileo.
Además, cuestionó fuertemente la falta de garantías de un debido proceso para los comuneros que están cumpliendo condena por la reivindicación de las tierras en la Araucanía, su procesamiento bajo la Ley Antiterrorista y la desproporcionalidad de las penas otorgadas.
- ¿Interpondrán alguna acción judicial por la muerte de Matías Catrileo?
- Quienes tienen que responder esa pregunta son en primer lugar los familiares directos del joven y luego las comunidades u organizaciones a las que pertenece. Si solicitan nuestro apoyo vamos a interponer las acciones legales que correspondan y apoyaremos a la comunidad en la querella y en el ejercicio de acciones constitucionales. El fiscal militar es una jurisdicción de excepción cuestionada por la falta de garantía del debido proceso. La inminente situación ahora es hacerse cargo del sepelio y vivir el luto.
- ¿A quién responsabilizan de esta muerte?
- Estimamos que este hecho responde a la acción indolente y arbitraria del gobierno respecto a los sucesos en la Araucanía. El Estado ha puesto a disposición su institucionalidad, tanto las fuerzas de orden como los mecanismos judiciales, en función de los intereses empresariales y latifundistas y no ha actuado de la misma manera con los procesados mapuches, a quienes se ha impuesto el máximo poder punitivo del Estado para reprimir cualquier hecho de violencia, usando la Ley Antiterrorista. Hemos denunciado la criminalización de la protesta social mapuche y la militarización de la Araucanía, siendo la muerte de Matías Catrileo el resultado.
- ¿Tienen información sobre el carabinero que supuestamente le disparó?
- No, lo que sabemos es que el carabinero le disparó con una subametralladora a la espalda del joven, mientras arrancaba. Además, hubo salida de proyectil lo que demuestra una clara intencionalidad de causar la muerte y no de evitar la comisión de un delito. El proyectil le llegó directamente al pulmón, no a las piernas y murió inmediatamente. Entonces, lo preocupante es que Carabineros custodia en los predios reivindicados por los mapuches con armas de fuego de alto calibre, que son disparadas sin precaución.
- ¿Qué le parece que la investigación quede en manos de la justicia militar?
- Quienes investigan son las fuerzas de orden siendo juez y parte, porque los fiscales instructores son oficiales en servicio activo que no tienen instrucción legal, por lo tanto, carecen de los conocimientos jurídicos mínimos para dar garantía de un debido proceso en un juzgamiento que involucra a particulares.
- ¿Pueden impedir que se los juzgue por la justicia militar?
- Vamos a tratar de impedirlo. Pero, en este caso, el Estado no debiera aplicar la justicia militar, puesto que hoy existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso “Palamara con Chile” que establece que la justicia militar no da las garantías procesales que exige la CIDH y Chile debería abolir las normas que dan competencias a los jueces militares para juzgar causas en las que están involucrados civiles.
- Entonces, ¿el gobierno debería garantizar un debido proceso?
- Debiera partir por investigar y sumariar inmediatamente al responsable. La desproporcionalidad de la violencia es evidente. Luego, condenar la situación que se está produciendo y tomar medidas para resolver de fondo las demandas mapuches que hasta ahora el Estado no ha respondido sino que, por el contrario, su única solución ha sido poner las fuerzas de orden a custodiar un solo interés. Es la dramática violencia policial, no la dramática violencia mapuche.
No hay proporcionalidad en el uso de la fuerza, porque no se compara la quema de pastizales con el uso de una subametralladora, hay decenas de predios de particulares custodiados por efectivos de particulares. Tenemos un país con un gobierno que responde sólo frente a hechos que provocan inestabilidad política, al igual que los medios de comunicación y la ciudadanía en general, que son indolentes frente a esta situación. Por ejemplo, la preocupación por los atentados en la carretera de Victoria, donde se han involucrado a mapuches sin tener pruebas, es que van a alterar la tranquilidad de los veraneantes.
A los mapuches condenados por incendio de bosques se les aplicó penas de 10 años y un día e indemnizaciones por 425 millones de pesos a cada uno, como en el caso de Patricia Troncoso, condenada por el delito de incendio terrorista. Su participación en los hechos se acreditó con la declaración de testigos, sin rostro, en el marco de la aplicación de la ley antiterrorista, explicó Yáñez.
Añadió que la desproporcionalidad radica en que, por ejemplo, al ex oficial responsable de la muerte de 45 soldados en el caso Antuco se le acaba de dar una pena de cinco años y un día que podrá cumplir en un recinto militar.
Agencias LN AIP JPMM
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