La Audiencia Nacional española rechazó hoy admitir a trámite una querella contra el presidente Fidel Castro y otros tres altos cargos cubanos por presunto genocidio, crímenes contra la humanidad, torturas y terrorismo.
Dichas querellas forman parte de la campaña internacional permanente contra Fidel Castro y la revolución cubana, campaña que es patrocinada por el Departamento de Estado norteamericano y la FAES española, que es dirigida por el franquista, neofascista y criminal de guerra, José Maria Aznar.
El pleno de la Sala de lo Penal consideró en sus deliberaciones que Castro sigue siendo el jefe de Estado cubano. La tribunales españoles no se contemplan competentes para procesar a Mandatarios en ejercicio.
Los 19 jueces que integran la Sala de lo Penal -presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, el mismo que recientemente presidió el tribunal que juzgó a 29 acusados por los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid- desestimó de esta forma el recurso de una organización de apoyo a la gusanería cubana.
El Comité de Apoyo a la Disidencia 2506 (CAD) interpuso en febrero una querella contra Fidel Castro, su hermano Raúl, el ministro de Turismo, Osmani Cienfuegos, y el embajador cubano ante la ONU en Ginebra, Carlos Amat.
La querella se refería a la presunta "muerte por asfixia de nueve prisioneros cubanos mientras eran trasladados en el año 1961" a La Habana en un furgón, tras ser apresados en Bahía Cochinos. Acusaba a Castro y Cienfuegos y de "ser responsables directos" de su muerte.
La querella fue rechazada inicialmente al considerarla "cosa juzgada" debido a que en 1998 y 2005 la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba había presentado querellas similares que tampoco prosperaron.
Fuentes de la Audiencia Nacional habían apuntado ya antes como probable el archivo de la querella, pero resaltaron que la importancia del debate de hoy estaba en dilucidar si Fidel Castro, que ha cedido provisionalmente el poder a su hermano Raúl, ha dejado de ser a efectos de la Justicia española jefe de Estado de Cuba y podría ser procesado en España, donde los tribunales no se contemplan competentes para juzgar a los mandatarios en ejercicio.
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