"Si hoy los mapuches no luchamos, en unos años más vamos a desaparecer. Somos presos políticos y somos el resultado de una segunda dictadura. La justicia chilena es oscura y contra el mapuche se actúa en forma siniestra". Esta declaración la formuló José Belisario Llanquileo Antileo. Él es mapuche, vocero de la comuna de Contulmo, en Arauco, y lleva once meses en la cárcel de Traiguén.
José Llanquileo pertenece a la Coordinadora Arauco-Malleco, y en febrero de 2007 fue condenado en la causa Poluco Podenco, de la Forestal Mininco, a cinco años y un día de presidio, como autor del delito de incendio terrorista.
Visité recientemente Temuco, recorriendo las distintas cárceles donde están recluidos los mapuches en las ciudades cercanas de Traiguén, Victoria, Lautaro y Angol. La realidad por la que atraviesan estos presos es inhumana. En la cárcel de mujeres de Temuco están Juana y Luisa Calfunao Paillalef, quienes durante 54 días mantuvieron una huelga de hambre como forma desesperada de presión para que las autoridades las escucharan y respetaran sus derechos. Afortunadamente, depusieron la medida.
Cuando hablamos de los hermanos mapuches privados de libertad por cometer supuestas acciones terroristas, y no delitos comunes, como en verdad lo son, recordé una frase poco certera de nuestra Presidenta, Michelle Bachelet, en su viaje a Suiza: "Nosotros no tenemos prisioneros políticos en Chile. Los mapuches son personas que buscaron la forma de solucionar las cosas de una manera que no es la democrática ni la pacífica".
Nuestra Presidenta se equivoca. La lucha de los mapuches es precisamente política y, de hecho, como se hizo durante la dictadura, se le fabrican delitos para criminalizarlos. Ellos persiguen el cumplimiento de las promesas hechas por presidentes anteriores, el reconocimiento por el Estado de los derechos que les son inherentes y su igualdad dentro de la diversidad que les es propia. Lo cierto es que durante la gestión de doña Michelle Bachelet, la represión, el hostigamiento y la persecución política contra las comunidades, sus comuneros y dirigentes se ha intensificado.
Además, han sido víctimas de la persecución policial, como también de la de los fiscales, conforme a la Ley de Conductas Terroristas. Esta legislación permitió condenar a los que hoy están recluidos, lo que implica una abierta discriminación y una manera de torcer la ley con tal de tenerlos amordazados, perpetrando así una forma de terrorismo estatal frente a actos de protesta o demanda social legítimos.
Los jueces, en algunas ocasiones, han seguido la línea dura de mantenerlos presos frente a delitos execrables, en circunstancias que estas mismas acciones punibles, en otras partes del país, se perciben en su perspectiva adecuada.
El pueblo mapuche considera que el Gobierno y la institucionalidad chilena pretenden poco a poco exterminarlos o que, perdiendo su identidad, se asimilen a lo que es "ser chileno". Pero eso no lo conseguirán, como lo expresa Juana Calfunao al decir: "Antes que morir doblegada es mejor morir de pie. Si yo muero, otros serán los que den la lucha".
Juan Guzmán
(*) Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
Agencias LN AIP JPMM
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