Al ver a Iturriaga Neumann en pantalla -filmó un video tipo Bin Laden y leyó un texto en el que se declaró en rebeldía- fue fácil recordar de lo que eran capaces las personas como él cuando tenían una pistola en la mano. Si ahora desconocen el fallo de los jueces, antes los amenazaron; si ahora presumen de ser militares maltratados, antes creyeron ser salvadores de la patria; si ahora mal leen una declaración desde la clandestinidad, antes peroraban ante las cámaras; y si ahora enjuician a las instituciones democráticas en su conjunto, antes simplemente las borraron de una plumada.En esa arrogancia de maleante, y en la pasividad con que los demás asistimos a ella, está el secreto de nuestras pasadas desgracias.
Por eso es inaceptable la tolerancia, y hasta un cierto rasgo de comprensión, que algunos han mostrado hacia ese reo de barba recortada y camisa celeste que se dirigió a las cámaras, desconoció un fallo de los tribunales y pretendió lo mismo que pretenden desde antiguo todos los criminales de este mundo: que son inocentes.
Iturriaga Neumann formó parte de la DINA; tuvo de informante a Townley; participó, según un tribunal italiano, del atentado a Leighton; salió del ejército envuelto en el escándalo de la Cutufa; hay sospechas de que tuvo injerencia en el asesinato de Prats, y luego de un largo proceso acaba de ser condenado por el secuestro de un mirista en los años en que formaba parte de la Brigada Purén. Y después de todo eso, y de mediar una sentencia que tardó años, pretende que lo consideremos un desobediente civil y que prestemos oído a esa declaración suya que, con dos o tres palabras apenas pronunciadas, tilda de inconstitucional, indebida y antijurídica su condena.
Es comprensible, por supuesto, que una persona como él, acostumbrada a las pistolas y las patadas, o al recuerdo de las pistolas y de las patadas, no sea capaz de entender el valor de las instituciones y crea de veras que una declaración como la suya -redactada, sin duda, por un grupo de militares que no aceptan el fracaso moral en que incurrieron- podría tener algún valor y encontraría gente que le pusiera oídos.
Lo que es difícil entender es que haya quienes ven en esas palabras un principio de reflexión moral o jurídica. Es cosa de analizar someramente el asunto.
Es verdad que en otros casos, v.gr. el reciente de Guillermo Díaz, los tribunales han sido laxos para aplicar la prescripción; pero todos sabemos que entre el caso de Díaz y el de Iturriaga media toda la diferencia del mundo: uno fue imputado de latrocinio; el otro, de ejecutar desaparición de personas por motivos políticos. El derecho no trata a ambos casos de la misma forma.
También es cierto que Iturriaga Neumann pudo no haber visto a su víctima, pero él participó, sin duda, a la luz de la evidencia reunida, de un grupo que, con paciencia industrial, se dedicó a hacer desaparecer adversarios; entre ellos, a aquel cuyo secuestro ahora se le imputa. Iturriaga está llevando simplemente la responsabilidad -autoría mediata, la llaman los juristas- que le corresponde.
Por todo eso no es razonable -después de tantos años de búsqueda y de espera- servirse del caso de Iturriaga Neumann para insinuar siquiera un arreglo que ponga término apresurado a los juicios o los trate como un asunto distinto a lo que son: una cuestión judicial.
Los militares que violaron los derechos humanos -esa minoría que amenazó, torturó e hizo desaparecer personas- han contado estos años con todas las garantías del mundo a la hora de ser juzgados, y la sociedad chilena, en vez de apurarse en el castigo, ha sido, como correspondía, legalista hasta el escrúpulo. Se les ha aplicado la ley y el procedimiento vigentes a la época en que se cometió el delito; los medios los han tratado con una consideración que no merecían; el gobierno ha permitido que en ocasiones el propio Ejército los apoye; se les han construido recintos especiales para que cumplan su condena; la derecha ha evitado enjuiciarlos siquiera moralmente; hubo hasta comandantes en jefe que alegaron en su favor; y los tribunales han dispuesto de una independencia que Iturriaga y sus colegas se empeñaron en negarles.
En todos estos años, si a alguien hemos desatendido, es a las víctimas. No a los victimarios.
Por eso resulta inaceptable que ahora, luego de ese video, haya quien pretenda que Iturriaga Neumann es un simple desobediente que quiere sacudir nuestras conciencias para evitar el maltrato. Si no podemos evitar que un sujeto como él se fugue y presuma ser víctima, al menos debemos oponernos a que algunos, por convicción o por miedo, o por una mezcla de ambas cosas, asuman hoy esa actitud de indolencia y de flojera moral, o de connivencia, que hacen que este tipo de historias no terminen nunca.
Carlos Peña es opinólogo habitual del órgano oficial de la CIA en Chile, el diario golpista El Mercurio.
Agencias EM JMM
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