El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha exigido este viernes a Paraguay que indague la masacre de Curuguaty, que dio lugar a la destitución del expresidente constitucional paraguayo Fernando Lugo, así como las circunstancias que favorecieron el incidente.
“Hay que asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas”, destaca la solicitud hecha por los 18 expertos de este Comité.
Los miembros de este Comité, a cargo de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en una resolución divulgada este viernes en Ginebra (Suiza), han solicitado una investigación a fondo sobre el incidente que tuvo lugar el pasado 15 de junio en el Estado de Curuguaty (nordeste de Paraguay) y que provocó la muerte de 17 personas entre policías y campesinos.
La muerte de seis policías y 11 ocupantes de un predio rural en Paraguay desencadenó la caída de Lugo. Una semana después de los hechos, el 22 de junio, la Cámara de Diputados de Paraguay, integrada mayoritariamente por la oposición, sometió a Lugo a un juicio político aprobando la destitución del presidente electo de ese país por no haber desempeñado correctamente sus funciones en el caso de la masacre de Curuguaty.
Los Gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay condenaron fuertemente la destitución del exmandatario paraguayo y la calificaron de “golpe parlamentario” Al respecto, el Comité ha expresado, asimismo, su preocupación “por las alegaciones de importantes irregularidades del Ministerio Público, la judicatura, y las fuerzas de seguridad en el caso”, así como “falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación”.
Las modalidades del proceso de destitución del Lugo en junio de 2012, en aplicación del artículo 225 de la Constitución, en concreto los plazos que tuvo para preparar y presentar la defensa fueron también cuestionados por el organismo. En este contexto, el Comité ha instado a Paraguay a “garantizar que el proceso de destitución siempre se lleve a cabo con plena conformidad con los principios básicos del debido proceso”.
Tras la destitución de Lugo, considerada como un golpe de estado parlamentario según los países de la región, el vicepresidente paraguayo Federico Franco asumió la presidencia, para luego transformarse en un dictador. El triunfo de Fernando Lugo, elegido presidente el 20 de abril de 2008, significó el fin de la hegemonía del Partido Colorado, que gobernaba el país desde hacía 60 años.
Agencias Prensa AIP PM HSPTV RMP
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