Ex legisladora acusó a la presidenta del Congreso de tener estrechos vínculos con los narco-paramilitares.Nancy Gutiérrez (foto)
La denuncia en contra de la titular del Legislativo, Nancy Gutiérrez, conmocionó al país sudamericano, donde una megacausa judicial ha implicado a 62 congresistas, en su mayoría oficialistas (Uribistas), por sus nexos con grupos mercenarios de extrema derecha, de los cuales 30 ya están tras las rejas.
Surgió hace tres años como una aislada acusación. Con el tiempo las denuncias se fueron sumando hasta generar una bola de nieve que, con el tiempo, devino en una avalancha que ha arrastrado a buena parte de la "clase legislativa" colombiana. Así se podría resumir lo que ha sido la "narco-parapolítica", un gran entramado de relaciones de poderosos políticos con grupos paramilitares de extrema derecha que mantiene en crisis al Poder Legislativo del país sudamericano.
Ayer, esta oscura trama de influencias y poder sumó un nuevo e inquietante capítulo. Esto, porque una ex legisladora acusó directamente a la presidenta del Congreso colombiano, Nancy Gutiérrez, militante del oficialista Partido de la U y una de las legisladoras más cercanas al Presidente conservador Álvaro Uribe, de haber recibido apoyo de los paramilitares en las elecciones regionales de 2006.
En la denuncia, revelada ayer por la revista Cambio, la ex congresista Rocío Arias señaló que Gutiérrez recibió hace dos años el apoyo de John Fredy Gallo, alias el "El Pájaro", mando medio de un bloque de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operaba en la central región de Cundinamarca". "El Pájaro" es un ex militante de esa asociación mercenaria de ultraderecha armada (cuyos miembros en su gran mayoría se desmovilizaron acogiéndose a progragamas de reinserción o impunidad) que está preso y las autoridades lo señalan como responsable de decenas de muertes y secuestros en la zona.
Arias, actualmente detenida en el marco de la "parapolítica", dijo a la revista que supo del nexo entre Gutiérrez y los grupos armados de ultraderecha a finales de 2005, cuando algunos de ellos le comentaron que "las directrices de los jefes paramilitares eran apoyar electoral y militarmente a la doctora Gutiérrez en la campaña electoral".
Según Cambio, "la Corte Suprema de Justicia pidió al Senado certificar la calidad de congresista de Gutiérrez, requisito previo para establecer si tiene o no fuero parlamentario en caso de que decidan abrirle investigación".
Con todo, la profunda penetración de la " narco-parapolítica" en el tejido político colombiano se refleja en dos grandes aristas. La primera es más puntual y dice relación con que al menos dos ex titulares del Parlamento colombiano, Carlos García Orjuela y Humberto Gómez Gallo, están siendo investigados por la Corte Suprema por sus eventuales nexos con los narco-paramilitares.
La segunda dice relación con la magnitud misma del escándalo: un total de 62 legisladores están siendo investigados por su rol en esta asociación político-económica y del narcotráfico para controlar alcaldías, gobiernos locales y escaños en el Congreso. De éstos, 30 se encuentran presos.
Las acusaciones que afrontan los detenidos son aun más preocupantes que la magnitud del escándalo: pactos secretos con responsables de matanzas atroces en contra de campesinos, financiación de paramilitares, presiones al elector, compra de votos, acusaciones de participar en masacres y secuestros de dirigentes sociales y sindicales.
Y aunque el escándalo afecta a casi todos los partidos -el izquierdista Polo Democrático es la excepción-, la mayoría de los congresistas detenidos pertenece a grupos que apoyan a Uribe.
Hasta el mismo Presidente se ha visto salpicado por el escándalo. Uno de los investigados es su primo hermano, el senador Mario Uribe. Recordemos además que el presidente narco-paramilitar Álvaro Uribe tuvo estrechos vínculos con el narcotráficante Pablo Escobar.
Ante las dimensiones de la crisis, que afecta directamente su trabajo, el Congreso colombiano está debatiendo una reforma política a través de la cual se pretende purgar del Legislativo la "infiltración" de personas vinculadas con organizaciones paramilitares y otros grupos ilegales.
Recientemente, la revista Semana publicó un extenso informe en el que destaca que “el Congreso colombiano ya puede ingresar en la lista universal de la infamia”. La publicación señala que ningún país en el mundo tiene tantos congresistas en la cárcel o investigados.
Agencias LN AIP JPMM
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