La justicia argentina ratificó hoy en segunda instancia la inconstitucionalidad de los indultos dictados por el ex presidente y traficante de armas Carlos Menem, al fallar en una causa que investiga la presunta responsabilidad del ex ministro de Economía de la dictadura Alfredo Martínez de Hoz en el secuestro de dos empresarios textiles a fines de 1976.
El fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires coloca a Martínez de Hoz a un paso de la detención por el secuestro del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, ocurrido el 5 de noviembre de 1976, por negarse a concretar una operación comercial con empresarios de Hong Kong.
Los empresarios fueron liberados el 6 de abril de 1977, luego de que aceptaron concretar la operación comercial, decisión que adoptaron bajo presión, mientras se encontraban secuestrados. Martínez de Hoz se había enterado del conflicto comercial durante una gira por Hong Kong, en la que los empresarios de ese enclave por entonces británico se quejaron del incumplimiento de sus colegas argentinos y amenazaron con provocar un escándalo internacional, que perjudicaría a la dictadura recientemente instalada en el país.
La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina también pidió el 25 de marzo a la Justicia la detención del ex ministro de Economía de la dictadura entre 1976 y 1981 por el crimen de Juan Carlos Casariego De Bel, un ex funcionario del Ministerio de Economía que había objetado la estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad (CIAE).
Martínez de Hoz había sido director de la Italo hasta que asumió el Ministerio de Economía y la estatización se realizó por 394,5 millones de dólares, una cifra que había sido impugnada por su desmesura incluso en un informe militar.
La Cámara Federal, en su fallo de 49 carillas, ratificó la inconstitucionalidad de los indultos dictados por Menem el 28 de diciembre de 1990 y que beneficiaron también a los jefes de las cúpulas militares durante la dictadura.
A partir de esta sentencia, el juez Norberto Oyarbide puede ordenar ahora la detención de Martínez de Hoz, para investigar el secuestro de los empresarios textiles. En la misma causa también están procesados el ex dictador Jorge Videla y su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, que ya se encuentran detenidos, aunque con prisión domiciliaria.
Videla y Harguindeguy rubricaron el decreto que justificó la detención de los empresarios porque "atentaban contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público y los permanentes intereses de la República".
En la sentencia de la Cámara Federal se sostiene que ese decreto "revistió de una falsa legalidad" porque los empresarios durante el cautiverio fueron obligados a "mantener diversas reuniones relacionadas con la actividad económica, a las que fueron conducidas bajo estricta custodia policial" y luego reintegrados a la cárcel. Los miembros del tribunal afirmaron que "no se pueden albergar dudas" que son "delitos de lesa humanidad" los que se cometieron durante la dictadura, y en consecuencia son "imprescriptibles".
La Secretaría de Derechos Humanos solicitó también la detención del ex secretario de Hacienda Juan Aleman y del es viceministro de Economía Guillermo Walter Klein, por el asesinato de Casariego Del Bel, que se oponía a la estatización de la empresa Italo en la suma que finalmente abonó la dictadura argentina (1976-1983).
Casariego Del Bel era el director de Registros de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía y desapareció el 15 de junio de 1977, tras negarse a firmar una cláusula para acreditar que la Italo era de capitales extranjeros, para cotizarla a un precio mayor a su valor real en el mercado.
Agencias LN AIP JPMM
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