Familiares de seis indígenas guatemaltecos desaparecidos en los años ochenta sentaron el lunes en el banquillo de los acusados, por primera vez en la historia del país, a un ex comisionado militar para que responda por estos hechos.
El ex colaborador del Ejército Felipe Cusanero Coj está acusado de la desaparición forzada de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena Chajchaguin, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajtí, entre noviembre de 1982 y octubre de 1984, en la aldea Choatalum, del departamento de Chimaltenango.
Apoyados por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), los parientes de las víctimas lograron, tras cinco años de lucha, que los tribunales tramiten por primera vez en la historia un juicio a colaboradores del Ejército por casos de desapariciones forzadas.
"Es un caso histórico que esperamos que siente un precedente en la jurisprudencia del país, para que por medio de la justicia podamos conocer el paradero de los miles de guatemaltecos que fueron desaparecidos por el Ejército", dijo a Acan Mario Minera, director del CALDH.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Guatemala durante la guerra interna de 36 años (1960-1996), determinó que en ese período más de 200.000 personas murieron y más de 45.000 desaparecieron.
El fiscal de distrito encargado del caso, Albert Clinton, dijo a Acan que, según la legislación local, por este tipo de delitos "que son considerados de lesa humanidad" las penas, en caso de culpabilidad, "pueden ser desde los 25 años de prisión hasta la pena de muerte".
"El resultado de este juicio será determinar la inocencia o responsabilidad del acusado con respecto a los hechos que se le imputan", precisó Clinton.
Los recursos interpuestos por Mario Smith, abogado defensor de Cusanero, para suspender el juicio no fueron admitidos por el tribunal, al considerar que los mismos ya habían sido rechazados por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de este país.
Smith argumentó que "se viola el principio de irretroactividad de la ley", debido a que el delito de "desaparición forzada" se tipificó en la legislación guatemalteca en junio de 1996, y los hechos ocurrieron más de doce años antes.
"Se violan los derechos humanos de mi defendido y la Constitución guatemalteca, porque se le pretende juzgar por un delito que cuando ocurrieron los hechos no existía", declaró Smith.
Según testigos de los hechos, Cusanero, en su calidad de "comisionado militar" -un grado que era concedido por el Ejército a civiles para que vigilarán a los ciudadanos-, personalmente detuvo a los seis desaparecidos, a quienes acusó de guerrilleros y los entregó al destacamento militar del lugar.
María Yool, esposa de Alejo Culajay, dijo a Acan que el 23 de noviembre de 1983, Cusanero se llevó por la fuerza a su esposo al destacamento militar.
"Al día siguiente le fui a buscar [a Cusanero] para preguntarle por mi esposo, y me dijo que 'a ese ya le dimos aguacate' [lo matamos]. Después fui al destacamento a preguntar por mi esposo y los soldados me dijeron que no lo tenían, y que ya no regresaría", relató Yool, una mujer indígena de 56 años.
Los relatos de al menos nueve testigos, así como los de peritos y expertos propuestos por los querellantes serán escuchados por el tribunal a lo largo del proceso.
Agencias EM AIP JPMM
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