El juez Carlos Cerda, el único que empezó a investigar casos de violaciones de derechos humanos cuando Pinochet estaba aún en el poder, ha acusado y encarcelado a los familiares y al círculo militar más íntimo del dictador por malversación de fondos públicos, fraude y evasión fiscal. Sólo la muerte, en diciembre pasado, ha evitado al golpista tener que afrontar estos cargos. Ya en los años previos a su fallecimiento, Pinochet parecía temer más la tenaza de la justicia respecto a estos robos que respecto a los crímenes contra los ciudadanos cometidos por su régimen. Pero fue una investigación del Senado de Estados Unidos la que en 2004 sacó a la luz los millones de dólares que el general tenía en más de un centenar de cuentas bajo falsas identidades en el banco Riggs, y en otros lugares, por un total, al menos el conocido, de 27 millones de dólares.
Esta actuación judicial lenta pero insoslayable no es el final de esta escandalosa historia, no sólo por la evolución del caso y su proceso, sino porque hay otros aspectos oscuros en el modo en que se enriquecieron muchos de los que participaron directamente en aquella dictadura, pero que acabarán saliendo a la luz. Pinochet fue generoso, en dinero y hasta en tierras, con los que mataron con él.
El paso dado por el juez Cerda no sólo contribuirá a hacer justicia, sino que ha cortado de raíz toda aspiración de los hijos de Pinochet de entrar en la política, especialmente de la última que se postuló para ello, Lucía Pinochet Hiriart, que quería hacerlo para "luchar contra la delincuencia", según sus propias palabras. El silencio de tanto pinochetista en Chile ante estas detenciones indica que la derecha recela ya de este apellido ahora asociado no sólo con la represión y la muerte, sino también con el expolio y que demuestra cómo es el amor de los dictadores hacia sus países.
Agencias EP JPMM
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