La noche del 13 de junio de 1976, Bárbara, de ocho años, oyó por última vez a su madre. Fue un grito lejano, amortiguado por las voces de los militares que la arrastraban fuera de su casa bonaerense. Luego siguió el silencio. Ahora, 31 años después, una comisión investigadora ha concluido su primer informe sobre los desaparecidos españoles durante la dictadura militar argentina. En ella aparecen la madre de Bárbara y 56 nombres más.Una patada en la puerta basta para entrar de golpe en la vida adulta aunque sólo se tengan ocho años. El estruendo de la madera que revienta, producido una noche de invierno austral de hace tres décadas, le bastó a Bárbara García para tomar, en cuestión de segundos, su primera gran decisión: salvar a su hermano de cuatro años a toda costa aunque fuera saltando por la ventana. "Pero la ventana estaba atorada... y sólo éramos un par de niños asustados", recuerda ahora mientras observa una foto en la que aparece una joven sonriente en una playa de Mar del Plata. La chica sostiene en sus rodillas a una niña regordeta.
La niña es ella, y la mujer, su madre, Rocío Martínez, el objetivo de los militares argentinos que asaltaron su casa de la localidad bonaerense de Haedo aquella lejana noche del 13 de junio de 1976. Desde su habitación, abrazada a su hermano y tapados con una manta, Bárbara la oyó gritar... y luego, nada. Una escena repetida una y otra vez en los miles de casos de ciudadanos secuestrados por la dictadura militar argentina (1976-1983) de los que hasta hoy no ha habido noticia.
En el secuestro y desaparición de Rocío Martínez hay un matiz que la hace especial a ojos de las autoridades españolas: había nacido en Gijón y era ciudadana española. Desde hace dos años funciona en Argentina una Unidad Especial de Investigación sobre españoles desaparecidos. Formada por forenses especializados, investigadores de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, la Comisión Nacional de Desaparecidos, la Embajada de España y asociaciones de españoles desaparecidos, ha logrado, en apenas 24 meses, que la lista de víctimas españolas pase de 36 a 57 casos oficiales, aunque sus responsables advierten de que "hay otros cientos de ellos pendientes de ser investigados". La formación de este equipo es un caso único, ya que Argentina no ha formado ninguna unidad similar con otros países.
Si la recuperación de la memoria histórica es una tarea complicada en cualquier circunstancia, las dificultades se multiplican en el caso de Argentina, donde, hasta junio de 2005, todas las investigaciones judiciales estaban paralizadas por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas en los primeros años de democracia, donde hasta el año pasado los servicios de espionaje militar ni siquiera tenían que informar al ministro de Defensa y donde, todavía hoy, los archivos militares permanecen cerrados a los investigadores.
La misma cifra de desaparecidos provoca polémica. El próximo 9 de noviembre se inaugurará en Buenos Aires el Parque de la Memoria, un complejo monumental en el que, a lo largo de metros y metros de lápidas, se muestran los nombres de 8.718 desaparecidos. "Aunque la cifra aceptada es de 30.000, solamente hemos puesto los casos totalmente confirmados", explica Florencia Battiti, coordinadora de la comisión que dirige la construcción del monumento, quien no obstante advierte de que constantemente van apareciendo nuevos casos de desapariciones que los familiares no se habían atrevido a denunciar.
"Mirá vos, su nombre está ahora aquí, a pocos metros de donde estudiaba", apunta Aidé García-Gaztelu mientras acaricia el nombre de su hijo Horacio grabado en la piedra. Tenía 21 años cuando fue secuestrado en agosto de 1976 junto a su novia, Ada Victoria Porta, de tan sólo 17. La estela se alza a la vista de la Universidad de Buenos Aires. Aidé destaca la importancia de conocer el paradero de los desaparecidos. El 24 de abril de 2001, los forenses llamaron a su puerta y le explicaron lo que le había sucedido a Horacio. Apenas 27 días después de su secuestro, y tras la muerte de un general, le inyectaron una sustancia adormecedora, le pegaron un tiro en la cabeza, y junto a otros 29 prisioneros, le hicieron volar por los aires con dinamita en la localidad de Fátima. Luego pusieron un cartel que proclamaba: Montoneros 30 a 1.
Ada Victoria no ha aparecido y Aidé la sigue buscando. "Es curioso, pero sentí consuelo al saber que Horacio llevaba calcetines puestos cuando lo mataron. Pensé que al menos no pasó frío", recuerda García-Gaztelu, quien insiste en fotografiarse con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo puesto. "Este pañuelo me dio la vida", recalca.
El abuelo de Horacio era de Pontevedra, y su padre es un español que tenía un negocio familiar bautizado como Barcelona. Sin embargo, el nombre del joven no figura en la lista que maneja la Unidad Especial de Investigación. En un doloroso asunto donde no hay acuerdo sobre las listas definitivas de desaparecidos, uno de los puntos espinosos en lo referente a las víctimas españolas es a quiénes se considera como tales. Los 36 casos manejados como españoles desaparecidos durante décadas eran los que figuraban en un recurso de hábeas corpus presentado en 1983 ante el Consulado General de España. La lista ampliada ahora hasta 57 sigue siendo incompleta, entre otras cosasn porque se refiere únicamente a nacidos en España. "El número real es mucho más amplio. Hhan pasado 30 años y todavía se están denunciando casos nuevos", destaca una fuente diplomática española.
"Los españoles en Argentina son doblemente víctimas porque el Estado español no desconocía lo que sucedía con sus ciudadanos", subraya Bárbara García, quien preside la Asociación de Memoria Histórica Asturiana. Esta hija de desaparecida y nieta de un líder minero de Canales de Cabrales (Asturias), quien tras la Guerra Civil pasó por la cárcel y tuvo que exiliarse en Argentina, reconoce los avances hechos por la Unidad de Investigación, pero rechaza de plano las cifras de víctimas españolas que se manejan. "Sólo por el caso Scilingo, España tendría que reconocer al menos a 600 desaparecidos". Rodeada de fotos de sus tres hijos en el salón de su casa de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, se muestra tajante. "Ya sé que Zapatero no tuvo la culpa, pero tiene que hacerse cargo de sus ciudadanos", subraya.
Las víctimas españolas se han visto en ocasiones desamparadas por una burocracia que desconoce las interminables visitas a comisarías y destacamentos militares para preguntar por los desaparecidos, las conversaciones a escondidas en las colas de los supermercados o las sistemáticas preguntas a los taxistas, foto en mano. "¿Ha visto a esta persona?". Y así durante años. Una maquinaria administrativa ciega a ambos lados del Atlántico.
"España está haciendo lo máximo; siempre hemos estado en contacto con el Gobierno argentino, y así seguiremos hasta lograr el esclarecimiento de los casos de los desaparecidos españoles", asegura la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez. "Queda aún mucho camino por recorrer, dada la planificación y la brutalidad extraordinaria de los crímenes".
A pesar de las buenas intenciones del Ejecutivo español, María Consuelo Castaño, la presidente de la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina, lamenta que "esta página dolorosa de la emigración española sea muy poco conocida allí. Reclamar por ellos es lo mismo que impedir que se repita otra vez esta forma de violencia". Y critica, asimismo, que, "a pesar de insistir", ningún representante del Congreso de los Diputados pida un informe permanente de los avances obtenidos hasta el presente por el Estado argentino en la investigación. "De haberlo logrado, no tendríamos una situación de exclusión interna, viendo que algunas autonomías aportan ayudas y otras no". Trinidad Jiménez no le quita razón a Castaño, pero reconoce que "no es sencillo" y que "hay que ser perseverantes. España no juega un papel activo en la unidad de investigación, pero está pendiente en todo momento".
Después de 30 años de batalla, Castaño mantiene intacta la esperanza: "Se dan todas las condiciones bilaterales entre España y Argentina en materia de derechos humanos para avanzar en el tema". El mismo contexto, advierte, para que "la sociedad española y todas sus instituciones, cada vez que rechacen cualquier forma de violencia, no se olviden del peor crimen: la desaparición forzada".
A veces se producen situaciones que rozan el absurdo. A Mariana López Luppo, por ejemplo, las autoridades migratorias argentinas le exigieron ya en democracia, en 1991, presentar la autorización firmada por su padre para cruzar a Uruguay, su primer viaje al extranjero. Es una medida que se pide rutinariamente a cualquier argentino menor de 21 años. Sin embargo, en este caso había una peculiaridad: el padre de Mariana, Urbano, es un gallego que tenía 28 años cuando fue secuestrado el 16 de diciembre de 1976. "Era absolutamente ridículo que los que me quitaron a mi padre me pidiesen después su firma", explica indignada en Barcelona, donde reside desde hace seis años y ejerce como veterinaria. Un caso similar al de Verónica Caamaño, hija de José, un carpintero nacido en la localidad coruñesa de Villapadrón, a quien en 2001 le pidieron en el consulado español de Buenos Aires un certificado de defunción de su padre para poder tramitar la nacionalidad española. José fue secuestrado en su domicilio familiar de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, en la víspera de Nochebuena de 1976. Lo último que recuerda Verónica, que entonces tenía cuatro años, es a su padre gritando: "¡Las manos no, las manos no!". Esta mujer, que tuvo que ponerse a trabajar a los 12 años, ya tiene su pasaporte español, pero no guarda buen recuerdo del trato recibido por España cuando su padre fue secuestrado. "Ni siquiera se pasaron por aquí para saber cómo estábamos, o si estábamos".
Caamaño pone el dedo en la llaga en un aspecto a menudo oscurecido por el propio drama de la desaparición: los años de silencio y discriminación que han sufrido los familiares de los desaparecidos. "Durante años hemos sido apestados, pero lo peor es que hay gente que todavía no se lo cree", se lamenta Cecilia Fernández, madre de Cecilia Viñas, hija de un catalán. Cecilia constituye uno de los casos más enigmáticos de los desaparecidos descendientes de españoles. Secuestrada el 13 de julio de 1977, cuando estaba embarazada, fue llevada a dar a luz a la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el siniestro centro de tortura. Nunca más se supo de ella ni de su hijo hasta que, en diciembre de 1983, es decir, con las primeras elecciones democráticas ya celebradas, llamó a su casa de Mar del Plata y habló con Cecilia, su madre, quien supo así que el niño había nacido sano. Las llamadas se repitieron hasta abril de 1984. En ellas, Cecilia hija confirmaba que seguía presa. Fueron grabadas y se comprobó su autenticidad. Después vino el silencio. "Mi hija es la primera desaparecida de la democracia", destaca Fernández, a quien al menos le queda el consuelo de haber recuperado a su nieto Javier. "Hay gente que me dice que he tenido suerte, pero ¿cuál? He perdido a mi hija dos veces".
Precisamente hoy, la Marina Argentina abandonará definitivamente la ESMA. El recinto, situado en una de las avenidas más importantes de Buenos Aires y a escasa distancia del estadio Monumental, lo que permitía que los torturados escuchasen a los aficionados festejar los goles, será inaugurado como Museo de la Memoria. Un paso más para restañar una herida que sigue abierta en la sociedad argentina y para el cual ha sido fundamental la presión durante décadas de la sociedad civil.
Castaño mantiene, por ejemplo, que la Unidad Especial de Investigación es fruto del trabajo de las organizaciones de familiares. Y aunque, en un primer momento, le pareció una gran ayuda -"es un compromiso serio por parte de ambos Estados de trabajar para esclarecer la situación de nuestros desaparecidos"-, la intensidad de la colaboración entre su organización y la Unidad fue a menos en apenas tres meses.
En aquel tiempo se iniciaron contactos entre la Secretaría de Derechos Humanos argentina y algunas comunidades autónomas. Para Castaño, esto es un peligro, ya que, en su opinión, "quedarían excluidos los familiares de desaparecidos que no pertenezcan a una comunidad autónoma con iniciativa".
Mientras los militares argentinos no hacían distinción entre sus víctimas, y secuestraban, torturaban y asesinaban hombres, mujeres o recién nacidos, son las mujeres las que han llevado durante todos estos años el peso de la lucha por el esclarecimiento de la verdad.
Mariana López Luppo recuerda cómo desde pequeña, ella y su hermano acudían junto a su madre a los distintos actos que se organizaban. "Siempre ha sido ella quien ha llevado las riendas, quien acudía a cualquier evento relacionado con los desaparecidos; desde siempre ha sido una mujer reivindicativa", explica.
A pesar de los años transcurridos, del dolor marcado en los rostros y de la razón que dicta que los seres queridos no volverán, el no saber dónde están deja un resquicio, casi inconfesable, a la esperanza, tal y como apunta Bárbara García mirando el rostro sonriente de su madre: "Sé que parece una locura, o algo ingenuo, pero en el fondo, en el fondo, sigo esperando que aparezca viva".
Agencias EP JPMM
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