Hace cinco semanas que en Guadalupe sobreviven más que viven. En huelga general desde el 19 de enero, el combustible se distribuye con cuentagotas, numerosos comercios están cerrados y en las escuelas no se imparten clases. La isla francesa, en pleno Caribe, está al borde de la parálisis y de la explosión social, tras tres noches de violencia callejera.La crisis financiero-económica mundial aquí ha ejercido de detonante. Todo comenzó con el cierre y bloqueo de las 115 estaciones de servicio isleñas y la reclamación de una rebaja de 50 céntimos en el precio de los carburantes. Al día siguiente un colectivo llamado «Comité contra la explotación», se erigía en portavoz sindical de la protesta contra el encarecimiento de la vida.
Además de una bajada generalizada de los precios solicitan una prima de 200 euros para mejorar los salarios más modestos. Pero bajo las reivindicaciones de carácter meramente económicas subyace un malestar más profundo ligado al pasado colonial y esclavista y a las siempre tempestuosas relaciones comerciales con la «metrópoli».
Reparto desigual Las cifras son elocuentes: la mayoría de los trabajadores son negros mientras el 90% de los empresarios son blancos, descendientes de los primeros colonos. Conocidos con el sobrenombre de «Bekés», representan un 1% de la población guadalupeña pero atesoran en sus manos el 90% de las riquezas de la isla. Son terratenientes y controlan la mayor parte del tejido económico en un territorio que consume más que produce, que importa más que exporta y que depende completamente de las ayudas de París.
Como el resto de las Antillas francesas, es un mercado para los productos manufacturados en la Francia continental, vendidos a precios hasta tres veces más caros, y cuyas redes de distribución están en manos de la clase criolla. El agua mineral cuesta un 42% más en Pointe-à-Pitre, la capital de Guadalupe, que en París; la mantequilla se paga un 93% más caro, y hasta un 173% más una simple lata de judías verdes. Una «economía de mostrador», heredada de la época colonial, con la que el Gobierno francés pretende ahora romper.
«Hay un problema de monopolio, de insularidad (¿) donde unas pocas empresas dominan el mercado de estas islas», reconoce el secretario de Estado de Ultramar, Yves Jégo. Con una tasa de paro que roza el 23% y que supera el 55% entre los jóvenes de 15 y 24 años, las perspectivas de futuro y de porvenir profesional son exiguas. La diputada guyanesa de izquierdas, Christiane Taubira, advierte de que «el problema es que la sociedad sigue siendo dual, blancos y negros. Los primeros tienen y los segundos no». Mientras, Elie Domota, un sindicalista independentista, convertido en una especie de mesías, apuesta por presionar a París para lograr un nuevo reparto de la riqueza.
Agencias Prensa LR AIP JPMM
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