China entregó ayer su décimo informe anual sobre derechos humanos en Estados Unidos, a tan sólo dos días de que Washington entregara el suyo. En el documento, el gigante asiático aconseja al Gobierno del Presidente Barack Obama "que enfrente sus propios problemas de DDHH con valor y que deje de aplicar un doble estándar" sobre la materia. En el prólogo del informe "Estados Unidos, pongan la casa en orden", Beijing afirma que EEUU "arroja piedras a los demás a pesar de tener tejado de vidrio, lo cual es una prueba de doble moral y la hipocresía estadounidense", en este tema. "Como en años anteriores, el Departamento de Estado lanzó acusaciones infundadas contra la situación de los derechos humanos en más de 190 países y regiones, incluida China, pero eludió referirse a las violaciones de los derechos humanos en su propio país", señala la Oficina de Información del Consejo de Estado que difundió el estudio. Ello se agrava con el hecho de que "la mayoría de los oficiales encargados de la aplicación de la ley que habían sido acusados de brutalidad policial no fueron finalmente procesados".
El informe no habló de Guantánamo, la base militar estadounidense instalada a la fuerza en territorio cubano, que se convirtió en centro de tortura de cualquier sospechoso de estar relacionado al eje del mal, después del derrumbe de las Torres Gemelas, en 2001. Tampoco destinó un renglón a los abusos cometidos por soldados estadounidenses en Irak, Afganistán y en aquellos lugares donde el Imperio tiene instala bases militares documentados en decenas de denuncias ante organismos multilaterales. Pero lo que es más dramático es que tampoco dio cuenta de la realidad oculta tras el sistema penitenciario estadounidense, que paga por interno a una industria privada cada vez más lucrativa que hoy tiene a 2,1 millones de personas en prisión, un 500% más que en los últimos treinta años. Esta semana, el Wall Street Journal informó que "las empresas que gestionan cárceles privadas se están preparando para una ola de nuevos negocios", porque la crisis económica dificulta que el Gobierno, tanto a nivel federal como estatal, construya y administre sus propias cárceles". Mientras, ensayan otras estrategias. La semana recién pasada, el FBI concluyó una investigación que terminó con la admisión de culpabilidad de dos jueces de Pennsylvania, acusados de recibir US$2,6 millones en sobornos de parte de constructoras y propietarias de cárceles privadas, por enviar a casi 2.000 niños tras las rejas.
Agencias Prensa LN AIP JPMM
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