Entre los delitos que le imputan al mandatario hay nueve de los denominados “de lesa humanidad”, entre los que se encuentran homicidios, torturas y apremios ilegítimos físicos, mentales y sexuales cometidos por los carabineros durante la represión contra las manifestaciones en contra del régimen de Piñera. Así como la mutilación de miembros importantes, como en los casos de casi 300 víctimas que han sufrido la pérdida de alguno de sus ojos derivado de la fuerte represión ejercida por el cuerpo de carabineros a partir del estado de Emergencia decretado el 19 de octubre, un día después de que iniciaron las protestas.
Una acusación similar fue admitida también el pasado 4 de noviembre cuando la justicia chilena inició las indagatorias correspondientes tras la demanda interpuesta por 16 abogados y abogadas de la Defensoría Popular, el Comité dee Defensa del Pueblo y la Cooperativa Jurídica, en contra del jefe de Estado. Un mes más tarde, el senador Alejandro Navarro, en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, presentó el pasado jueves la acusación en compañía de víctimas de traumas oculares que ha dejado la represión del Gobierno desatada a partir del pasado 18 de octubre en Chile.
Además, se apunta a los ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y a los generales de Carabineros y el Ejército -Mario Rozas y Ricardo Martínez, respectivamente-, como responsables igualmente de estas violaciones a los Derechos Humanos. La querella, que fue admitida este martes por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, apunta específicamente a una violación del artículo 5° de la Ley 20.357 que tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra.
Navarro explicó al presentar la denuncia que Piñera "será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados, siendo el grado máximo una pena que va desde 15 años y un día a 20 años". En la denuncia se asegura que hay antecedentes para establecer la acción legal, debido a un "ataque sistemático y organizado" en contra de la población chilena. Desde principios de mes de noviembre, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación la querella del grupo de abogados, defensores de los derechos humanos, y en seguida fue derivada al Ministerio Público.
Como corresponda a la ley, este ente judicial designó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para llevar a cabo las diligencias correspondientes al caso. Entre las entidades que participaron en la indagatoria participaron el cuerpo de carabineros de Chile, así como también a los ministerios del Interior y de Justicia. Asimismo el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Oftalmología, así como el Hospital de Urgencia Asistencia Pública y el Hospital El Salvador.
Agencias Prensa PM RMP PI TSV MP AIP
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