Luego con el Golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 que depuso al gobierno de Allende,se inicia el gobierno civico-militar del dictador Augusto Pinochet Ugarte. Durante este gobierno de facto, en 1981 se aprobó la ley 18097 «Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras», mediante la cual los yacimientos de minerales pasaron a ser «Concesiones Plenas», lo que implicó que los recursos naturales pasaron a ser propiedad del que obtuviera la concesión para explotarlos, hasta el momento en que se agotaran los yacimiento.
Los defensores de esta ley espurea señalan que está medida se tomó en consideración a que el Estado de Chile y Codelco no disponían de los recursos financieros, tecnológicos y personal capacitado para explotar los yacimientos, por lo que una forma de poder iniciar la explotación de los grandes yacimientos era entregándolos en concesión, de esta manera las grandes empresas invertirían en Chile lo que presuntamente generaría empleo de calidad directo e indirecto además de recurrir a empresas chilenas para la prestación de servicios.
Como contrapartida a esta postura se señala que dentro del régimen civico-militar existieron algunas voces disidentes de algunos generales quienes sostenían que los grandes recursos minerales eran estratégicos para la seguridad nacional,el desarrollo económico, político y social de Chile motivo por el cual no podía entregarse a empresas transnacionales y que la falta de capital financiero, tecnológico y personal altamente capacitado podría suplirse con la creación de un fondo que reuniría los recursos en un plazo determinado y además que se podría recurrir a la asesoría de países amigos.
Lo cierto es que así es como se produce la enajenación y desnacionalización del cobre al proceso inverso de la llamada nacionalización del cobre, que ocurrió durante la dictadura de Augusto Pinochet y los gobiernos seudo democráticos posteriores, mediante el cual la explotación del cobre en Chile volvió a pasar mayoritariamente a manos de capitales depredadores nacionales y extranjeros.
Al respecto el el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, acusó una política del terror de la mano de los bajos precios internacionales y se refirió a los dichos de Pizarro. "Prácticamente como un abuelo duro tratando a los niños es bastante poco creíble cuando tenemos todavía altos ejecutivos y directores de Codelco que ganan 200, 300 o 400 millones de pesos al año", afirmó el dirigente."Ha sido parte de la tónica, instalar una política del terror efectivamente para tener a los trabajadores inmovilizados", afirmó.
Otro dirigente sindical, de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, señalo a los medios de prensa que a Codelco se le ha estrujado "como una vaca lechera", al comentar la situación económica que enfrenta la empresa estatal. La visión nuestra es que el Estado de Chile no ha tenido un solo peso para entregarle a esta empresa para que se pueda desarrollar como una gran empresa productora de cobre". Espinoza acentuó que "le han sacado todos sus recursos y no han tenido la visión política de poder invertir dentro de la empresa para enfrentar los grandes desafíos que ha tenido hoy la empresa".
La despreocupación del Estado chileno y de los gobiernos post dictadura, tiene mucho que ver con los intentos efectivos de privatizar definitivamente lo poco y nada que queda de esta empresa, que explota un poco más del 30% del principal recurso natural del país latinoamericano. Ahora estos intentos privatizadores son de larga data y se remontan a la decada de los 80 del siglo pasado.
Pero no solo eso, la dictadura además entrego en usufructuo de las Fuerzas Armadas el 10% de las ganancias del cobre para su propio beneficio y bajo una administración ultra secreta, que ni siquiera la Contraloría General de la Republica ha podido controlar.
Ahora lo que se busca en el fondo, es tener a Codelco libre de compromisos con las FF.AA, para luego dar paso a la enajenación completa del 30% del mineral que se encuentra en manos del Estado chileno. En esa decada (1980) el Sr. José Pablo Arellano y sus secuaces buscaban la privatización definitiva de Codelco, un negocio altamente lucrativo donde el Sr. Arellano ya había venido tejiendo sus propias redes para hacerse con el lucrativo negocio de las ventas del cobre, y la gran meta de ver transformado la minera (Codelco) en sociedad anónima .
Nuevamente se habla de restituir ese 10% que va a parar a las entidades militares, pero no se habla de la necesaria y vital “renacionalización” de la gran minería del cobre, que sí contribuiría a resolver una cantidad inmensa de problemas sociales y alcanzar un desarrollo sostenido del país. Ahora es de vital importancia que al Estado chileno le sea restituido el 65% del cobre, y que en su oportunidad, fuera entregados a la voracidad de las multinacionales y capitales criollos por los gobiernos antipatriotas nacidos en la post dictadura.
Hoy nuevamente se habla de realizar modificaciones a la ley reservada del cobre, que surge como una de las principales alternativas para enfrentar la grave crisis financiera que atraviesa Codelco. Algunos parlamentarios señalan que los cambios deben permitir un mayor aporte de la estatal al presupuesto nacional, restituyendo el 10% correspondiente a las ventas brutas que estan destinadas a las Fuerzas Armadas.
Se habla además de que la cuprífera vive un critico escenario, pero no se dice de que en tiempo en que las cosas marchaban bien o de bonanza de Codelco, las autoridades no tuvieron la más mínima preocupación cuando veían como se disparaba la deuda de la estatal. Cada vez que la cuprífera manifiesta problemas financieros u de otra índole, aparecen las sanguijuelas capitalistas y sus representantes, hablando de privatización de lo que se conoce como el "sueldo de Chile", en palabras de la figura inmortal del presidente Salvador Allende.
Ahora cuando el gobierno y el estado chileno tienen que enfrentar una serie de demanda económicas por mejoras de salarios, sucede que no hay dineros para cumplir con los petitorios de los trabajadores, de allí que los trabajadores de las cupríferas y del sector público, señalan que este es un nuevo contubernio de los neoliberales del gobierno y de un sector del parlamento que esta al servicio de la corrupción política-empresarial, y que buscan generar campañas del terror para seguir manteniendo el status quo, y no acceder a las demandas de los trabajadores, en un Chile que esta convulsionado por una infinidad de conflictos sociales y requirimientos de mejores condiciones de vida, en donde comienzan a asomar los primeros síntomas del post neoliberalismo chileno.
Por Eduardo Andrade Bone AIP
Fuente: Agencias Prensa PI RMP PM EAB AIP
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