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miércoles, 30 de marzo de 2016

EL PARLAMENTO CHILENO Y LOS INTENTOS POR COARTAR LA LIBERTAD DE PRENSA

Hoy cuando una buena parte la autodenominada clase política chilena, la mafia económica empresarial corrupta, los altos mandos de las FF.AA. y destacadas figuras del mundo deportivo, están sumamente desacreditados ante la opinión pública y el pueblo chileno, por su involucración en diversos escándalos y actos de corrupción , ahora por iniciativa del ministro del Interior, Jorge Burgos, desde el parlamento chileno se buscan crear normas legales que impidan que los chilenos puedan conocer los ilícitos en los cuales se encuentran involucrados los entes antes mencionados. 

Para tales efectos la entidad legislativa busca volver al secreto del sumario y penalizar con penas de cárcel para los que trasgredan dicho secreto de las investigaciones realizadas por la fiscalía ante las denuncias efectuadas por los actos de corrupción en especial de la oligarquía política que se encuentra involucrada en este tipo de descomposición, lo que se busca en el fondo es encubrir y proteger a los delincuentes políticos involucrados en actividades corruptivas y su colusión con el mundo económico empresarial corrupto, y que suele financiar la actividad política. 

Cabe destacar que la prensa chilena ha jugado un papel de trascendental importancia en las denuncias de los actos corruptivos en que se encuentran involucradas las figuras antes mencionadas. Esto independientemente de las motivaciones editoriales o políticas que tenga cada medio al respecto ante las denuncias y escándalos que han logrado conocer los chilenos que están relacionados con el tráfico de influencias, el nepotismo político, el cohecho y la colusión político empresarial en la corrupción. 

Las triquiñuelas e intentos del parlamento chileno no buscan otra cosa que amparar a aquellas personas que forman parte del poder político chileno, y valga la redundancia, también de aquellos ligados al poder económico empresarial, de la cual muchos políticos suelen “mamar”, para luego deslizarse hacia la corrupción. Ante las medidas proteccionistas que busca imponer el parlamento chileno sobre sus miembros, solo el Partido Comunista y el senador del MAS, Alejandro Navarro han manifestado su rechazo al castigo que se quiere imponer de forma especial a la actividad periodística, que quiere imponer la entidad legislativa chilena, pues consideran que tal medida va a contribuir a generar aún mayor descontento y desconfianza hacia la denominada clase política chilena. 

Uno de los patrocinadores de la iniciativa encubridora, es nada más y nada menos, que el controvertido y cuestionado ministro del Interior, Jorge Burgos y el presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, ambos de la DC, ahora la medida por cierto, cuenta con el apoyo del pinochetismo (UDI-RN) y el sector neoliberal de la DC los cuales buscan blindarse ante las denuncias de corrupción u otros ilícitos. Esto son los mismo que vociferan ante la falta de una presunta libertad de prensa, falta de democracia y no respeto de los DD.HH. en otros países, y que actúan en alianza con el pinochetismo parlamentario (Chile Vamos). 

Al respecto el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, reiteró su rechazo a la indicación -en el marco de la agenda corta anti delincuencia- que busca sancionar eventuales filtraciones en los procesos judiciales con penas de cárcel. De acuerdo a la nueva normativa que busca introducir el parlamento chileno, esta afectaría a abogados, testigos y a toda persona que formen parte de una investigación, los cuales arriesgarían con la cárcel por presuntamente divulgar antecedentes de los procesos judiciales. Ahora dicha medida busca en particular sancionar a los medios de prensa, que son los encargados de denunciar las ilegalidades, y la corrupción, de aquellos que se encuentran ligados al poder. 

Para el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales esta indicación es un intento de autoprotección de la clase política. "Es un grupo de poderosos cuidándose a sí mismos, amenazando una cuestión que es fundamental para la vigencia misma del Estado de derecho como es la libertad de información y la libertad de expresión", indicó el funcionario judicial. Las medidas restrictivas buscan entre otras cosas, la inhabilitación de los fiscales en lo que se refiere al derecho que tienen por dar a conocer información que pueda ser de interés público sin alterar el secreto y porque los medios de prensa tienen la obligación de informar, sea filtración, investigación periodísticas o versión oficial”. 

Lo que se busca en realidad es establecer una nueva ley mordaza, de triste recuerdo para los chilenos, pero que la oligarquía parlamentaria chilena busca imponer (UDI-RN-DC). Las molestias de los fiscales surgen ante la normativa que busca modificar el Código Orgánico del Ministerio Público y que sanciona a los fiscales y todo aquel que filtre información fuera de tribunales y que vaya a parar directamente a la prensa. 

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, también manifestó sus aprensiones con respecto a las medidas que se quieren imponer desde el parlamento, el cual lo calificó como un retroceso del sistema procesal imperante. El recurrir al secreto del sumario es una norma que va impedir que los medios de prensa no tengan acceso a las denuncias relacionadas con la corrupción y otros delitos que puedan afectar al mundo político, al poder económico empresarial y las entidades de poder en el país. 

Si bien es cierto que estas nuevas medidas que se quieren imponer desde el parlamento (senado), aún están en discusión y que buscan proteger a una buena parte de la casta política corrupta, se pueden ver amagados por las consecuencias que estas nuevas medidas puedan tener entre los chilenos, más aún cuando en Chile ya se comienza a vivir un nuevo periodo electoral (municipales), y que puede tener consecuencias desastrosas para el conjunto de los partidos políticos y sus respectivos candidatos a alcaldes y concejales, más aún cuando el 80% de los electores estaría reticente a participar en dicha jornada electoral. 

Lo que está claro es que algunos parlamentarios a título personal e independiente, buscan bajarse de las enmiendas propuestas por el Senado, otros buscan disfrazar algunas sugerencias de forma velada que contribuya a un encubrimiento menos transparente de la oligarquía política ante la corrupción. En este plano cabe agregar que aún no existe un apoyo transversal ante los intentos por imponer una ley mordaza a los medios de prensa que han estado denunciando de forma responsable a los parlamentarios, empresarios militares y dirigentes deportivos, que incurren en actos de corrupción. 
Lo cierto es que los parlamentarios buscan proteger su identidad en los juicios de corrupción en la política, y es lo que se busca aprobar. 

Este tipo de medidas suelen ser propias de las dictaduras, que buscan a cualquier precio coartar la libertad de prensa o expresión, para mantener a la población al margen de todos aquellos acontecimientos que los afectan directamente, o que inciden en la vida normal de lo que es una democracia, o el funcionamiento integral de la vida de un país, en donde los diversos poderes del Estado, deben ser controlados y responder ante la ciudadanía, más aún cuando se trata de actos de corrupción. 

Ahora de hacerse efectivas dichas medidas, estas afectarán la esencia misma de la democracia, también afectan el derechos de los chilenos a estar informados, y que tienen además derechos a conocer los abusos e ilegalidades en que incurren el mundo económico empresarial, los políticos y otras autoridades de las instituciones públicas chilenas. 

 De aprobarse en abril estas enmiendas, como dicen los comunistas chilenos, el Parlamento de este país, una vez más quedará desacreditado ante la opinión pública, producto de las manchas corruptivas de una buena parte de sus miembros. 

Finalmente cabe destacar que el Colegio de Periodista emitió un comunicado en el cual expresan que realizarán las gestiones pertinentes para que la Cámara de Diputados rechace la iniciativa y que en la Comisión Mixta se deseche definitivamente la sanción con presidio que podría ir de 61 a 540 días. La presidenta de la organización, Javiera Olivares, expuso su preocupación ante esta indicación que fue discutida además de manera silenciosa y que busca generar un manto de oscuridad ante las denuncias de corrupción que afectan a aquellos que se encuentran ligados a las alturas del poder. 

Por Eduardo Andrade Bone   AIP

Fuente: Agencias  Prensa  PM  RMP  PI   FP AIP
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