No se trata de que la gente venía pagando un crédito y lo dejó de pagar, sino que poco a poco los bancos fueron aumentando las tasas de interés fijadas inicialmente y por ende se les hizo imposible pagarlas. Lo peor es que sus leyes establecen que deban entregar el inmueble al banco y, además, seguir pagando el crédito a la entidad financiera. En Europa, al desalojo lo llaman desahucio, refiere Laila Tajeldine, analista internacional. Agrega que desde el año 2007 se viene agudizando la situación en Europa, aunque ya estaba pasando en muchos países desde antes pero había sido silenciado.
“Este drama también se vive en Estados Unidos y es parte de un conjunto de medidas que atentan contra los pueblos. En ambos países hay una desprotección de las instituciones públicas que en vez de buscarle beneficios a la gente se le busca a los banqueros e inversionistas. A los ciudadanos no solo les quitan sus viviendas, también los botan de sus trabajos e incrementan el tiempo establecido para adquirir las pensiones”. La analista explica que se han registrado más de 600 mil desalojos en España y del total de viviendas que son desocupadas el 30% permanecen vacías. “Eso quiere decir que esas casas no las quita el banco para vendérsela a otros ciudadanos, sino para revenderlas a grandes inversionistas que las van engordando y, una vez que la crisis se acentúe, poder sacarle el mejor provecho"
Frente a este panorama, organizaciones internacionales se han hecho eco de la cantidad de irregularidades que se han cometido a través de estas acciones. Tal es el caso de Amnistía Internacional, que en el año 2015 reclamó que las autoridades españolas no habían habilitado mecanismos jurídicos y judiciales que permitieran defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios.
Afirman que el Estado debería establecer un mecanismo que vigile la negociación entre bancos y familias. Según el Consejo General del Poder Judicial de España entre 2007 y el tercer trimestre de 2015 hubo 656.839 ejecuciones hipotecarias iniciadas, estas son todas las familias a las que le han iniciado un proceso de desalojo, pero no han logrado concretarlos. Por otra parte, Tajaldine señala que en Estados Unidos también hay desalojos, a pesar que las grandes cadenas noticiosas no dicen nada. “Allá hay 14 millones de familias expulsadas de sus viviendas según el último reporte de 2014, esta cifra debe haber aumentando casi el doble hasta hoy.
De esos 14 millones en EEUU, 500 mil fueron hechos de forma ilegal y el Estado en vista de esto impuso multas a los bancos, pero fueron multas pírricas que no pasaban de $300 por cada hogar desahuciado, es decir, una distorsión del mercado contra el pueblo que beneficia única y exclusivamente a los bancos”. Solución fatal. Entre 2008 y el primer trimestre de 2015, en España se conoció la apertura de 598.747 procesos más de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas por Amnistía Internacional. En ese lapso se dieron a conocer algunas reacciones desesperadas de los afectados y que no pudieron ser escondidas o minimizadas.
Quienes iban siendo despojados de sus casas fueron regresando a vivir con sus padres o se instalaron en las calles o en sus vehículos. Mientras, otro gran número de personas, los más endeudados, optaron por el suicidio como la mejor solución al problema. Por increíble que parezca, y a pesar de que el propietario se quite la vida, los familiares deben asumir la responsabilidad de pagar la deuda que no queda saldada. Para 2009, los casos eran poco conocidos, quizás dos o tres personas por año se quitaban la vida; sin embargo, en 2013 y tras una sentencia del gobierno de Mariano Rajoy que modificó la legislación sobre ejecuciones hipotecarias y comenzaron a ejecutarse mas desalojos, empezaron a aumentar los suicidios en jóvenes y adultos, asegura Tajeldine. Medios cómplices.
Esas cifras de suicidios no han sido contabilizadas estrictamente, pues medios de comunicación europeos y estadounidenses no dieron importancia a este fenómeno. Así lo explica el internacionalista Sergio Rodríguez: “Hay unos temas que a los medios les interesa y otros que no. Los desahucios no les interesan y el suicidio se convierte en un problema colateral que deriva en estas muertes. Esta forma de morir ha venido a convertirse en la causa de muerte violenta más alta, por encima de los accidentes de tránsito”. Recuerda que cuando los bancos comenzaron a dar los créditos lo hicieron por encima del valor de la vivienda. Si se pedía un crédito por 50 mil euros, el banco les daba hasta 70 mil.
“Por ejemplo, cuando empezó la crisis financiera en Estados Unidos en 2012, la inflación llegó a un 7% y no había dinero ni para pagar los sueldos, redujeron ayudas sociales, también empezaron a reducirse los pagos de los créditos hipotecarios a los bancos pero los gobiernos ayudaron a las entidades financieras, les inyectaron dinero y no ampararon a la gente. Esto implica una violación de las leyes europeas y las leyes españolas que propician la protección al trabajo, a la vivienda pero también lo ocultaron”. Prohibida la protesta. Desde julio de 2015 entró en vigencia en España la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, paralela a una reforma del Código Penal, que en su artículo quinto especifica: “Podrán ser sancionados con entre 30.001 y 600.000 euros quienes participen en concentraciones, las convoquen, dirijan o presidan, se manifiesten junto al Congreso y el Senado, quienes fotografíen a policías, intervengan en un desahucio o protesten en las alturas y sentadas en espacios públicos o de algun banco”, lo que penaliza todas las manifestaciones que se realicen con este motivo. Ordenes superiores.
EEUU y España no son los únicos países que están atravesando la crisis económica. Grecia, Irlanda, Inglaterra, Italia y Filipinas, entre otros, también están en recesión, pero esos desalojos no ocurren. Jesús Silva, abogado constitucionalista, explica que las medidas de austeridad, aplicadas en Europa, son un recorte de los derechos sociales impulsados por el Banco Europeo, que les impone a los países que ha ayudado económicamente que ahora le paguen ese apoyo implementando modelos neoliberales de economía. “Esto tiene mucho que ver con la política que hay en cada país, la mayoría empieza con la reducción de sueldos. En el caso de los desahucios se imponen leyes regresivas que forman parte de una receta económica de la Unión Europea y el Banco Europeo, ambos tutelados por Alemania y que se han convertidos en los dueños del mundo, tanto así que hay países que han tenido que rendirse así como Grecia”.
Medidas radicales. Aunque los gobiernos de los países que están ejecutando estas acciones no han hecho nada para frenarlo, desde otras instituciones buscan alternativas. En Barcelona (España), estos lanzamientos, como también son llamados los desahucios, se han ido frenando desde que Ada Colau, la nueva alcaldesa, llegó al poder en mayo de 2015 y comenzó atacar el tema de la lucha social y amparándose en los recursos legales del ayuntamiento no ha permitido algunos desahucios. “Esto no quiere decir que se ha legislado para evitarlos, el Estado sigue igual porque es un gobierno neoliberal”, indicó Ricardo Capella, cónsul general de Venezuela en Barcelona.
También explica que en otras regiones se ha podido hacer, pero hay diferentes circunstancias: “En Cataluña se está atravesando por el proceso de independentismo, tienen una tasa de desempleo que sobrepasa el 27%, pero no atacan el tema social porque están con el independentismo”. Las cifras varían. El informe del Consejo General del Poder Judicial de España destaca que hay más de 250 mil viviendas bajo algún tipo de protección pública.
Sin embargo, el porcentaje que se supone dentro del mercado inmobiliario de viviendas vacías es de 1,1% frente a otros países, como en Austria con 23% y Reino Unido con 18%. En Italia, el sistema jurídico en cuanto a las hipotecas es el mismo que en España, pero un decreto ley de 2010 suspendió los desalojos a las familias que tuvieron ingresos de 27.000 euros al año. Mientras tanto, en Francia dan préstamos inmobiliarios y no hipotecarios; el prestatario paga un seguro al Estado para que este se haga cargo de las cuotas en caso de perder el empleo.
Fuente: Agencias Prensa PM RMP PI HSPTV TSV UNV AIP
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