A partir de un decreto promulgado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en poco tiempo cualquier ciudadano que lo desee tendrá la posibilidad de examinar los documentos, hasta ahora secretos, de la última y criminal dictadura.
La normativa número 4/2010 que publica este miércoles el Boletín Oficial, establece: "revélese de la clasificación de seguridad a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre 1976 y 1986".
Según se informó a ELMUNDO.es/América, por medio de un funcionario cercano a la Presidencia, la desclasificación de los documentos que eran mantenidos bajo llave en el Ministerio de Defensa, tiene un objetivo que trasciende el derecho de cualquier argentino a conocer los pormenores de aquella etapa sombría.
"La idea es que un grupo de académicos de la confianza del gobierno pueda indagar en los documentos a fin de publicar un informe, tal vez un libro, con datos inéditos del modo de operar del régimen castrense", señala esa fuente.
La presidenta desea que se investigue a fondo los entretelones de la Guerra Sucia, como se conoce al esquema de violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas que aplicaron los generales en el marco de su proyecto de "Reorganización Nacional".
Los investigadores, cuyos nombres aún no han trascendido al público, analizarían la estructura de los temibles "grupos de tarea" encargados de llevar adelante la estrategia que diseñaron los altos mandos para acabar con las organizaciones que consideraban subversivas.
Por ejemplo, poco se sabe acerca de Jorge Contreras, el borroso personaje que dirigía el Grupo de Tareas 7, adscrito a la Unidad de Inteligencia 601 del Ejército. La autonomía concedida a Contreras, induce a pensar que el susodicho era una pieza clave en el entramado de la represión y quizás, uno de los autores conceptuales del plan para hacer desaparecer a miles de detenidos.
Hurgando en los papeles con membrete oficial, también cabe la posibilidad de descubrir quien o quienes urdieron el secuestro de los hijos pequeños de los detenidos y su entrega en adopción a otras familias. De los 500 bebés que los represores sustrajeron a quienes secuestraban –de acuerdo con los datos de la organización de las Abuelas de Plaza de Mayo- sólo 98 han sido identificados.
El conocimiento que existe de los más de 200 centros clandestinos de detención que habilitó la dictadura, proviene en gran parte del testimonio que aportaron los supervivientes de esas cárceles. Queda por averiguar si cada centro funcionaba separadamente –a cargo de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas- o si existió una entidad que los dirigía en su conjunto.
Uno de los aspectos menos conocidos del compendio de ilícitos de la dictadura es la Operación Charly, mediante la cual el régimen argentino se comprometió a "exportar" la Guerra Sucia en Centroamérica, capacitando a fuerzas militares y paramilitares de Nicaragua, Honduras y El Salvador para combatir a sus insurgentes. Una investigación metódica, como la que tiene en mente el actual gobierno, puede echar luz sobre los resultados que tuvo esa colaboración y el papel que desempeñó en ella la administración norteamericana y la CIA.
Agencias Prensa EM AIP JPMM
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