Miles de manifestantes en la sureña ciudad peruana de Moquegua, que exigen mayores ingresos por el pago de los impuestos de la empresa minera Southern Copper, mantienen como rehenes a un general y, al menos, 60 policías.
Los efectivos fueron enviados para dispersar la manifestación, que había conseguido bloquear carreteras y el acceso a la principal mina de cobre del país.
La prensa internacional indica que la violencia se desató cuando la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que, según las propias autoridades, han ido aumentado su presencia en la última semana.
Se estima que ya llegan a ser cerca de 20.000 y cuentan con el respaldo de líderes regionales y alcaldes locales.
Estas protestas se suman a reclamos de los trabajadores del sector educativo, empleados del poder judicial y obreros de la construcción, en un país con el mejor índice de crecimiento económico de la región, pero dónde el boom no ha beneficiado a los más pobres. Lo que queda claro una vez más, es que el neoliberalismo genera más y más pobreza y no resuelve el problema de una redistribución de la riqueza más justa e equitativa.
El primer ministro peruano, Jorge del Castillo, no teniendo argumentos sólidos no encontro otra forma que acusar a presuntos grupos extremistas de avivar las protestas e hizo un llamado a los residentes para desbloquear las carreteras, pero el descontentó sigue y crece.
Las protestas también afectaron la región de Tacna, fronteriza con Chile. En días pasados, el gobierno se vio obligado a enviar combustibles y alimentos por mar a la zona.
Southern Copper es la principal productora de cobre del país y una de las más importantes del mundo. Los manifestantes demandan recibir mayores ingresos por los tributos que la compañía le paga al gobierno peruano.
La prensa resalta que la minería está impulsando la economía del país y que el alto precio de los minerales hace que las empresas obtengan enormes ganancias, sin embargo la clase trabajadora no se beneficia de las enormes ganancias que obtienen estas empresas
Agrega que el presidente Alan García está bajo presión para aumentar el reparto de los beneficios de la bonanza económica entre los pobres, sin embargo los sectores políticos de centro derecha, junto a la oligarquía económica y financiera, se niegan rotundamente a una mejor redistribución de la torta que obtienen las mineras del cobre.
En ese contexto, los trabajadores de la mina de Cerro Verde, tercera en importancia del país, están parados desde la semana pasada, y los mineros de Junín, en el centro, también han protagonizado protestas.
El ministerio del Trabajo de Perú señaló que el paro de Cerro Verde es ilegal, pero los huelguistas dijeron que apelarán esa decisión y que, mientras tanto, continuarán su protesta.
Los medios de comunicación internacionales destacan que Alan García es actualmente uno de los presidentes menos populares de América Latina, apuntando que mientras más se demore en conseguir un reparto más equitativo de los ingresos, más bajo caerán sus índices de aprobación, corriendo el riesgo que corra la misma suerte del ex presidente De la Rua de la Argentina o de Gonzalo Sanchez de Lozada de Bolivia, que fueran aventado por la movilización social de sus respectivos pueblos.
Recordemos finalmente que Alan García anteriormente fue acusado de estar involucrado en crimenes de lesa humanidad y de corrupción, ademas que para acceder a su segundo mandato presidencial tuvo que contar con el apoyo de la centro derecha peruana, como una forma de parar la llegada a la presidencia del candidato nacionalista Ollanta Humala.
Agencias LT AIP JPMM
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