El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas, inició una huelga de hambre, acusando a Codelco de “resistirse” a cumplir el acuerdo político mandatado la semana pasada por la Presidenta Bachelet, y luego del fallo de la Corte Suprema que determina que la empresa no está obligada a internalizar a trabajadores subcontratados. La acción de protesta la protagoniza además un dirigente de cada zonal, y a ella “se sumarán cada día nuevos huelguistas en tanto no se dé respuesta a nuestra demanda”, advirtió la CTC, organización que además se declaró “en estado de alerta” para eventualmente “retomar las movilizaciones”.
La CTC cuestiona que la Suprema al “acoger los recursos de protección interpuestos por Codelco no hace más que subrayar los errores que ha cometido la minera estatal, y afecta más que a los trabajadores a la credibilidad del Gobierno y a la institucionalidad que se ve cuestionada por esta judicialización”.
La organización asegura que “no son los tribunales quienes pueden determinar el derecho de los trabajadores a no ser discriminados y al cumplimiento de la ley y esperamos que cuanto antes se instale la mesa comprometida en el acuerdo político que abordará la implementación de la Ley de Subcontratación en la minera estatal”.
Los tercerizados emplazan a los “garantes del Gobierno, a no dilatar más y hacer cumplir ahora los contenidos del acuerdo político” y acusan a la empresa dirigida por José Pablo Arellano de “imponer condiciones que no fueron pactadas en el acuerdo, persiguiendo a los dirigentes sindicales, a los trabajadores, despidiendo, ejerciendo un trato vejatorio y represivo con los trabajadores contratistas, e incluso a los propios trabajadores de planta que se atreven a solidarizar”.
Piden además a la Presidenta Bachelet “mostrar una actitud más cercana a los trabajadores, que corrija la actitud provocadora, arrogante y persecutoria que se ha desplegado en los últimos días por los ejecutivos de Codelco José Pablo Arrellano, Daniel Barría, Eduardo Loyola, Ricardo Álvarez, Jose Cifuentes, Daniel Trivelli, entre otros”. Dicho llamado también lo hicieron extensivo “a la senadora y presidenta del Partido Demócrata Cristiano Soledad Alvear, al cual pertenecen la mayoría de los ejecutivos de Codelco”.
FALLO DE LA SUPREMA
La tercera sala de la Corte Suprema acogió hoy los recursos judiciales presentados por la minera estatal Codelco, por lo que la compañía no está obligada a ingresar nómina a 5 mil trabajadores subcontratados, dijo el lunes una fuente de los tribunales de Justicia.
La Sala estuvo conformada por los ministros Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia, falló respecto de nueve recursos de protección presentados por la Minera Escondida (Antofagasta) y las divisiones de Codelco El Teniente (Rancagua), Codelco Norte (Antofagasta), Andina y Ventanas (Valparaíso), y El Salvador (Copiapó). Este último requerimiento era el único en el que el tribunal de alzada había favorecido a la Dirección del Trabajo, pero fue revocado por decisión unánime de los supremos.
Así, el máximo tribunal confirmó la decisión de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Valparaíso y Rancagua, que habían fallado en contra de la Dirección del Trabajo, y revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que había rechazado el recurso de protección de la cuprífera. La Dirección del Trabajo emitió un informe en el que planteaba que Codelco, la mayor productora mundial de cobre, debía internalizar a unos cinco mil trabajadores subcontratados -para así dar cumplimiento a la Ley de Subcontratación- que a inicios de mayo finalizaron una huelga que golpeó la producción de la cuprífera estatal.
Los subcontratados, que estuvieron paralizados por más de 20 días, tenían como una de las aspiraciones ante la minera el pasar a la nómina a los miles de empleados subcontratados. Codelco recurrió en el 2007, luego del dictamen de la Dirección del Trabajo (Dirtrab), a las Cortes de Apelaciones correspondiente a cada una de sus cinco divisiones productivas. La justicia falló a favor de la empresa, exceptuando el caso de de Salvador, por lo que la Dirtrab apeló a la Corte Suprema. Los alegatos de las partes se iniciaron a comienzos del mes de abril, donde participaron los abogados de la minera estatal, de la Dirección del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que agrupa a los trabajadores contratistas de Codelco.
Con todo, desde hace un año Codelco está en un proceso de internalización de trabajadores subcontratistas, lo que se aceleró luego que finalizó el paro de 20 días de los empleados subcontratistas liderados por Cristián Cuevas. Fuentes de la cuprera sostienen que el número de trabajadores que se van a internalizar bordea los 1.500.
Para Codelco internalizar 5.000 trabajadores como lo pedía la Dirección del Trabajo significaba un duro golpe a sus costos, los que han subido fuertemente durante los últimos años debido a la caída de la ley del mineral y los mayores costos energéticos.
La directora del Trabajo, Patricia Silva, había dicho que el fallo la Suprema era clave para Codelco, la Ley de Subcontratación y para la capacidad fiscalizadora del organismo laboral. Comentó recientemente que la Dirección del Trabajo estaba esperando el fallo para readecuar sus procesos de fiscalización en materia de subcontratación.
Agencias EC AIP JPMM
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Lázaro Cárdenas Batel, RATA DE DOS PATAS
Saqueó Michoacán por mas de tres mil millones de pesos
El ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel,saquea las arcas de la entidad al otorgar contratos fantasmas a la constructora Consorcio Industrial, empresa propiedad de Félix Cantú Aguilar que defrauda al fisco, opera ilegalmente y tiene suspensión de actividades.
Por cada contrato, Cárdenas Batel recibe una jugosa comisión del 85 por ciento, a través de una ingeniosa triangulación bancaria en la que la empresa se queda con el 15 por ciento restante del dinero sin realizar ninguna obra.
Lo saqueado hasta el momento por el mandatario michoacano a la entidad que gobierna es de casi tres mil millones de pesos, cifra que desvió de recursos destinadosa educación, seguridad y desarrollo social.
Parte del fraude y atraco a las arcas del gobierno de Michoacán consiste en pagar millonarias sumas a la constructora Consorcio Industrial por supuestas obras que realiza y que en realidad son hechas por el gobierno Federal, es decir la compañía de Cantú Aguilar las hace suyas sin meter las manos. De esta manera, Lázaro Cárdenas Batel, a quien le que quedan escasos días como mandatario estatal, hace efectivo aquello del “año de Hidalgo”, convierte al presupuesto michoacano en su “caja chica” y se retira del cargo con muchos millones de pesos, resultado de los ilícitos negocios con la mencionada constructora.
La empresa constructora, propiedad de Félix Cantú Aguilar, tiene en sus fraudulentas operaciones como “cerebro” a su contador público Raúl Rosas Morales, quien a su vez es protegido por los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Juan Hernández y Víctor Manuel Reyes, quienes “tapan” las evasiones fiscales. Por estos dos funcionarios y Rosas Morales es que Consorcio Industrial, que agrupa a 20 empresas, sigue operando, no obstante tener problemas legales por evadir al fisco y la suspensión de actividades presentada ante la SHCP.
Por su carácter al margen de la ley, la totalidad de los contratos que consiguen los “venden” a otras compañías. A pesar de su carácter ilegal, la empresa propiedad de Cantú Aguilar sigue operando y prueba de ello son los contratos que de manera ilícita le otorgó el gobernador de Michoacán –unomásuno tiene pruebas en su poder—,quien a cambio se benefició con varios millones de pesos. Sin embargo, Consorcio Internacional no paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por consiguiente el Impuesto a la Renta, lo que constituye un grave delito en perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del gobierno Federal mismo.
En otra negociación ilegal, el gobierno del Distrito Federal le otorgó a la empresa una serie decontratos para obras, tras ganar un concurso, según trascendió. Lo insólito de todo esto, al igual que como ocurrió en Michoacán, es que Consorcio Industrial no tiene maquinaria para realizar los trabajos. Lo mismo ocurrió con la paraestatal Petróleos Mexicanos que le concedió contratos por 2 millones de dólares y 21 millones de pesos.
TRIANGULAN Y “LAVAN” DINERO
Para que el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel y la empresa de Félix Cantú Aguilar reciban las millonarias sumas saqueadas a las arcas del gobierno michoacano, utilizan una ingeniosa triangulación en la que el dinero es “lavado”o “blanqueado”. La triangulación consiste en que el dinero propiedad del gobierno del estado que se paga al Consorcio industrial por las supuestas obras, es depositado en Interacciones que a su vez las devuelve a las cuentas personales del mandatario, del propietario de la compañía y al gobierno local. Se sabe que incluso hay cuentas en el extranjero y que algunas de ellas están firmadas por familiares,como Gabriel Cárdenas Cornish, primo hermano del mandatario.
AMISTAD CARDENAS-CANTU
La relación entre el gobernador de Michoacán,Lázaro Cárdenas Batel y el propietario de Consorcio Internacional, Félix Cantú Aguilar, data desde la juventud de sus padres, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano yFélix Cantú Ayala. Al respecto, cabe destacar que Cantú Ayala tiene cuentas pendientes con la justicia por burlar al fisco y actualmente está prófugo, según se sabe. Es precisamente por la amistad de sus padres que Cárdenas Batel en complicidad con Cantú Aguilar idean el desfalco al gobierno del estado de Michoacán. La empresa Consorcio Industrial S.A. de C.V. formaliza con el estado de Michoacán sus contratos el 4 de junio de 2004. Sobre el aviso de suspensión de operaciones, esta sucede el 19 de junio de 2006
CARDENAS DEBE SER INVESTIGADO
Sobre el desfalco a las arcas del gobierno deMichoacán, gente que conoce el asunto demanda que se investigue a Lázaro Cárdenas Batel por el presunto ilícito antes mencionado. Señalan que el todavía gobernador hizo efectivo el “Año de Hidalgo” al apoderarse de esta manera de varios millones de pesos que eran para educación, seguridad y desarrollo social.
Piden que el gobernador homosewxual electo, Leonel Godoy inicie suGestión con una auditoria para que, de haber responsabilidades, se haga justicia.
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