Un juez argentino ordenó hoy la detención del ex dictador Jorge Videla por el secuestro de dos empresarios durante el último gobierno militar (1976-1983), informaron fuentes oficiales. La medida fue adoptada por el magistrado federal que investiga el caso, Norberto Oyarbide, indicó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.
Jorge Videla está procesado y cumple arresto domiciliario por otras dos causas: el robo de bebés, hijos de desaparecidos, durante la dictadura y por su participación en el "Plan Cóndor", como se denominó a la coordinación de la represión por los regímenes militares del Cono Sur americano en las décadas de 1970 y 1980 y que fuera promovido y financiado por los Estados Unidos.
Hace un mes otro juez también había ordenado su detención dentro del caso conocido como "Primer Cuerpo del Ejército", una de las "megacausas" abiertas por la justicia desde que en el 2003 se anularon las "leyes del perdón" a represores de la dictadura.
El ex dictador, de 82 años y que gobernó el país de 1976 a 1981, cumple prisión domiciliaria en virtud de que las leyes argentinas otorgan ese beneficio a los mayores de 70 años.
El juez Oyarbide investiga el secuestro de los empresarios Federico Gutheim y Miguel Gutheim, padre e hijo, quienes pasaron cinco meses presos entre 1976 y 1977, con el fin de presionarlos para que aceptaran un contrato de exportación para su empresa algodonera beneficioso para el Ministerio de Economía.
Durante su cautiverio, los Gutheim pasaron por dos cárceles de la capital argentina e incluso se reunieron con funcionarios gubernamentales que intentaron convencerlos para concretar el negocio que pretendía la dictadura.
Una vez liberados, los empresarios demandaron al Estado y en septiembre de 1990 fueron indemnizados con unos 16.000 dólares.
Al anunciar la orden de detención de Videla librada por Oyarbide, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señaló que por el mismo hecho están también acusados los antiguos ministros de la dictadura José Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy.
"La Secretaría de Derechos Humanos ha impulsado la detención de los procesados por crímenes de lesa humanidad en cárceles comunes, por cuanto no existen motivos para que gocen de privilegios que no se otorgan al resto de las personas sometidas a proceso", agregó.
En abril último un tribunal de apelaciones ratificó la decisión del juez Oyarbide de declarar nulos los indultos concedidos por el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) a Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy.
Agencias LV AIP JPMM
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