Con una jornada de "memoria por la verdad y la justicia", convertida en feriado nacional, la Argentina recordará el lunes un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976, que instauró una de las más sangrientas dictaduras militares en los anales latinoamericanos.
Aquel régimen está acusado de la "desaparición" de 13.000 disidentes políticos, según cifras oficiales, pero que se elevaría a 30.000 de acuerdo a los registros de organismos de derechos humanos.
Habrá ceremonias recordatorias en las principales ciudades del país. El acto central tendrá se hará en la capital en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), quizás el peor centro de torturas, detenciones ilegales y ejecuciones sumarias del régimen de facto.
El ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) hizo mudar las dependencias navales que albergaba la ESMA y convirtió al amplio predio en "Museo de la Memoria", donde el lunes se celebrará una ceremonia ecuménica en recuerdo de las víctimas. Además, Organizaciones políticas y de derechos humanos participarán en marchas callejeras por el centro de la ciudad.
Kirchner, un peronista de izquierda y a quien sucedió en el cargo su esposa Cristina Fernández en diciembre, impulsó desde su llegada al poder una enérgica política de castigo judicial a las violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura, en buena medida impunes por leyes exculpatorias y amnistías dictadas a partir del restablecimiento democrático en 1983.
El gobierno también impuso como doctrina oficial a las fuerzas armadas el repudio a cualquier violación al orden constitucional y al "terrorismo de Estado".
A su vez la Corte Suprema de Justicia declaró nulas en 2005 dos leyes que amparaban a militares y policías violadores de derechos humanos
Dos años después, también declaró inconstitucionales los indulto que el ex presidente Carlos Menem había dictado en favor de jerarcas militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el principal organismo defensor de derechos humanos, hay actualmente en trámite 139 juicios en todo el país por los delitos de lesa humanidad, que involucran a unos 1.000 ex militares y policías.
El año pasado se conocieron las primeras condenas, con penas que oscilaban entre reclusión perpetua y 25 años de cárcel, contra un ex capellán católico de la policía y siete oficiales superiores del Ejército.
Dos ex presidentes militares, los generales Jorge R. Videla y Reinaldo Bignone, están además procesados y en arresto domiciliario por su responsabilidad en el apoderamiento ilegal de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, asesinadas después de dar a luz.
Agencias AP ENH AIP JPMM
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