El rastro de la muerte no abandona a los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983). La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no parece ser el último obstáculo que superar para que se depuren responsabilidades. Varias voces han dado la alarma sobre las extrañas muertes de importantes implicados, cuyo testimonio hubiera sido fundamental para tirar del hilo de la trama criminal y han denunciado que se está produciendo una eliminación sistemática de estos acusados antes de que puedan hablar. Es la ley del silencio.El último caso es el de Paul Navone, un ex teniente coronel que debía declarar por el robo de hijos de desaparecidas. Su cuerpo apareció el pasado lunes con un tiro en la sien. Su muerte se conoció cuando aún no se ha apagado el escándalo del envenenamiento con cianuro de Héctor Febres, un oficial de la Armada acusado de torturador quien el pasado diciembre, según reveló a su familia, iba a confesar todo lo que sabía sobre los tormentos y desapariciones en la Escuela Mecánica de la Armada.
"Están eliminando a la gente", ha denunciado Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, organización que hasta el momento ha logrado localizar y revelar la identidad de 88 personas, hijos de desaparecidos, que fueron entregados a familias afectas al régimen militar. "Están muriendo muchos militares, que tienen que ser citados, que tienen que declarar. Creo que habría que investigar profundamente", añadió. El abogado de Febres -contratado apenas 72 horas antes del suicidio- aseguró ayer que existe una carta de despedida del represor en el que asegura que en su decisión no está "influido por terceros". Pero las Madres de Plaza de Mayo han expresado sus reticencias.
La sospecha sobre lo que está sucediendo es compartida desde el Gobierno argentino por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien no tiene "ninguna duda" de que el envenenamiento con cianuro de Febres no fue voluntario. "No hay nada que me indique que fue un suicidio", dijo. Febres siempre amenazó con tirar de la manta en el caso de ser declarado culpable. Su cuerpo se encontró cuatro días antes de que fuera condenado.
Y, aunque todas las sospechas apuntan a un entramado de intereses y protección que sobrevivió al derrumbe del régimen militar, nadie en Argentina se atreve a poner nombre a los responsables de borrar el rastro de la represión ante la justicia. Para Carlotto, el que los acusados que tienen que declarar sean asesinados "muestra la importancia de conocer el paradero de nuestros nietos desaparecidos".
Hoy se recuerda en Argentina que no están siendo puestos fuera de circulación sólo los acusados incómodos. En un hecho todavía sin resolver, en 2006, durante el primer juicio tras la anulación de las leyes que garantizaban la inmunidad de Jorge López, una víctima de torturas y testigo fundamental de la acusación, desapareció sin dejar rastro. El hecho ha sido interpretado como una advertencia para futuros procesos en un país donde muchas víctimas de la dictadura no se han atrevido a denunciar lo sucedido.
Agencias EP AIP JPMM
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