Como autores de homicidio calificado y secuestro calificado, a seis de los siete implicados se les acusa de haber entregado la lista de las 22 víctimas, de haber prestado vehículos y trasladado a los militares que realizaron las ejecuciones.Seis civiles, todos latifundistas, y un militar, procesó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, por las desapariciones de 22 campesinos de Paine, registradas en 1973.
Los procesados son Juan Francisco Luzoro Montenegro y Ricardo Tagle Román, inculpados como autores de homicidio calificado, mientras que por secuestro calificado el magistrado encausó a Juan Guillermo Quintanilla Jerez, al suboficial del Ejército José Vásquez Silva, a Claudio Oregón Tudela, y a Mario Tagle Román. Como cómplice de secuestro, en tanto, fue procesado Rubén González Carrasco.
Se trata de la primera vez en que cíviles son procesados en este caso. Y este hecho fue destacado por el abogado querellante, Luciano Fouillioux, que representa a la abogada socialista Pamela Pereira por la desaparición de su padre, Orlando Pereira.
Fouillioux afirmó que "se trata de una decisión muy trascendental, donde queda claramente establecido que los uniformados no actuaron solos, y que a pesar de los años se está haciendo justicia.
La causa se reactivó a mediados de septiembre, cuando el funcionario ordenó diligencias que se prolongaron por espacio de un mes en los terrenos donde se produjeron los hechos.
La búsqueda de los campesinos desaparecidos en esa localidad terminó en octubre, con el hallazgo de 295 piezas óseas, luego de un mes de investigación en terreno del ministro en visita Héctor Solís en las cercanías de la Quebrada de los Arrayanes, sector de Los Quillayes, en la zona del Lago Rapel.
El magistrado envió estos restos al Servicio Médico Legal (SML) para que se comparen con las muestras guardadas en el banco de ADN.
El juez Solís pidió al organismo elaborar un preinforme con las conclusiones a las que lleguen tras estudiar las muestras.
El equipo dirigido por el magistrado también consiguió 311 evidencias culturales como trozos de tela, botones, fragmentos de vidrios ópticos, anillos y broches. El juez ordenó periciar estos elementos.
A ellos, se agregan al menos 100 vainillas de fusil y revólver y otros 150 proyectiles percutados. Este material será analizado por el laboratorio de Carabineros de Chile.
Las pesquisas en el sector de Rapel las realizó un equipo compuesto por cerca de 20 personas pertenecientes al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y profesionales del SML.
El abogado querellante, Luciano Fouillioux, que representa a la abogada Pamela Pereira por la desaparición de su padre, Orlando Pereira.
Agencias LN AIP JPMM
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