La cárcel donde están recluidos los peores violadores a los derechos humanos ofrece "excelentes condiciones de vida", en comparación con las "insalubres e inhabitable" de uno de los mayores penales chilenos, cuya sobrepoblación duplica su capacidad, según un informe judicial.
Las conclusiones sobre el estado de las cárceles chilenas se desprenden de un resumen del informe semestral elaborado por una comisión de cinco jueces de la Corte de Apelaciones tras visitar, entre el 18 de abril y el 22 de junio, sin aviso previo las prisiones de la Región Metropolitana.
"La imagen imborrable del estado calamitoso, insalubre e inhabitable del 'sector óvalo' contrasta con la situación general del país y, en particular, con los derechos garantizados de la Constitución a todas las personas", dice el informe, distribuido por la dirección de comunicaciones del Poder Judicial, con relación a penal Santiago Sur, el más grande de la capital.
El óvalo es el patio central del penal, donde "las condiciones de seguridad de los internos que se encuentran recluidos en calles abiertas del óvalo y galerías, compromete seria y gravemente la integridad de los mismos en razón de la agresividad existente y la escasa o nula intervención de funcionarios de Gendarmería", (la guardia de prisiones), dice el informe.
Este penal, construido en 1843, con una capacidad de 2.222 personas, hasta el 2006 contenía a 5.700 delincuentes comunes sentenciados, con procesos en marcha o mientras son investigados. Hace cuatro meses unos 2.000 fueron trasladados a 'Santiago Uno', el primer penal concesionado de la capital, cuyas condiciones fueron calificadas de "óptimas" por los jueces.
Sobre el penal Cordillera, destinado a ex agentes de la policía represiva del pasado régimen militar, la comisión de jueces dijo que "se aprecia que los reclusos gozan de excelentes condiciones de vida, no equiparables con los internos de otros establecimientos penales".
La prisión se ubica al interior del regimiento de Telecomunicaciones del ejército, está conformado por cinco cabañas, cuyas ventanas están enrejadas, bajo la custodia de la policía de prisiones.
El más notorio residente de Cordillera es el general Manuel Contreras, director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), responsable de la mayoría de las desapariciones de opositores tras el golpe militar de 1973.
Sus acompañantes son otros oficiales superiores de la Dina; el lunes se sumó el más temido fiscal militar de la dictadura, el general retirado Fernando Torres Silva, y el martes dos médicos vinculados al asesinato con gas Sarín de un agente, que aparentemente habló demasiado cuando fue detenido por la policía uniformada.
Cordillera pasó a manos de Gendarmería tras una serie de denuncias sobre las granjerías que disfrutaban sus ocupantes, que incluían piscina y hasta salidas de ex agentes a comprar frutas y comer pescado en la costa central.
Del otro penal destinado a los violadores a los derechos humanos, Punta Peuco, el resumen del informe judicial no hace mención a su infraestructura, pero toma en cuenta la queja de un reo porque funcionarios de gendarmería le retiraron el disco duro de su computador.
La situación de las cárceles chilenas en donde se encuentran los reos comunes, es el reflejo de lo que es Chile, desde el punto de vista de la exclusión y las grandes injusticias y desigualdades sociales existentes en el país, en donde existe una justicia marcadamente de clase y en donde no todos son iguales ante la ley, exisitiendo una justicia para ricos y otra para los pobres, además de la justicia especial para los criminales de la dictadura que gozan de cárceles de lujos, mientras los presos común y corriente viven en el hacinamiento más absoluto.
Agencias LV JPMM
-----------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario