La corrupción socava los sistemas judiciales en todo el mundo al tiempo que niega a los ciudadanos el derecho básico a un juicio justo e imparcial, denunció hoy Transparencia Internacional (TI).En su "Informe mundial sobre corrupción 2007", presentado hoy en Londres, la organización no gubernamental concluye que "una judicatura corrupta erosiona la capacidad de la comunidad internacional para enjuiciar el delito trasnacional".
Asimismo, el texto subraya que esa corrupción "inhibe el acceso a la justicia y el resarcimiento por violación de derechos humanos", y "mina el crecimiento económico dañando la confianza de la comunidad de inversores y dificulta las iniciativas para reducir la pobreza".
Durante la presentación del informe, la presidenta de TI, Huguette Labelle, hizo hincapié en que "el trato equitativo frente a la ley es un pilar de las sociedades democráticas".
"Cuando los tribunales ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la balanza de la justicia se inclina y el ciudadano de a pie sale perjudicado", dijo Labelle.
El documento, de 370 páginas, analiza diversos casos ocurridos durante el último año en 32 países, entre los que figuran diez naciones de Latinoamericana y España.
Los autores del estudio clasifican la corrupción judicial en dos categorías: interferencia política en el proceso judicial por parte del poder legislativo o ejecutivo, y el soborno.
El informe revela que "en más de 25 países, al menos uno de cada diez hogares tuvo que pagar un soborno para obtener acceso a la justicia", aunque ese problema se agudiza particularmente en países como México, Perú, Marruecos, Albania, Grecia y Taiwán.
"El soborno a pequeña escala y la influencia política en la judicatura deterioran la cohesión social", ya que "instituir un sistema para los ricos y otro para los pobres divide a las comunidades", recalca el texto.
Pese a décadas de reformas para proteger la independencia judicial, TI señala que "la presión para fallar a favor de intereses políticos sigue siendo intensa".
"El deterioro de estándares internacionales -apunta- se evidencia en países como Argentina y Rusia, donde los poderes políticos han aumentado su influencia sobre el proceso judicial en años recientes".
El estudio también advierte de que la represalia política para los jueces que se resisten a ser corrompidos puede ser "expedita y severa", y cita como ejemplo a Argelia, donde los magistrados "demasiado independientes" son transferidos a localidades remotas.
Además, los jueces "problemáticos" pueden ser reasignados a otras jurisdicciones o apartados de casos delicados que, a su vez, son transferidos a jueces complacientes, una táctica que, según TI, usó el ex presidente peruano Alberto Fujimori.
"La interferencia de políticos o funcionarios también puede servir de fachada legal para instrumentar el desfalco, el nepotismo, el amiguismo y decisiones políticas ilegítimas", dicen los expertos de la organización no gubernamental, con sede en Berlín.
Esa interferencia se constata en medidas tan "flagrantes" como la amenaza física y la intimidación, o en iniciativas más "sutiles", como la manipulación de las designaciones y los sueldos.
"Los jueces -precisa el documento- pueden aceptar sobornos para aplazar o acelerar casos, aceptar o rechazar apelaciones, influir a otros jueces o, simplemente, para decidir un caso de un modo determinado".
Aunque TI admite que "no existe una solución única para luchar eficazmente" contra el problema, sí que da unas recomendaciones para fortalecer la independencia judicial y combatir la corrupción.
El informe aconseja, por ejemplo, que las designaciones y destituciones de jueces sean transparentes e independientes del poder ejecutivo o legislativo y que se basen en la experiencia y el mérito.
Los periodistas también deberían de gozar de la "libertad necesaria" para informar de los procedimientos jurídicos, mientras que "el papel supervisor de la sociedad civil es de importancia imperativa".
ET Agencias JPMM
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