Bajo la consigna "Contra el modelo de la desigualdad", la central de trabajadores de Uruguay, el PIT-CNT, cumplió su quinto paro general contra el Gobierno de Luis Lacalle Pou, a quien exigen, entre otros puntos, un aumento del salario mínimo nacional e incrementos de las jubilaciones y pensiones. Además, la convocatoria reclama una "reforma de la seguridad social integral, solidaria y digna", luego de que el anteproyecto presentado por el Gobierno en julio no convenciera a los sindicatos, al incluir más años de servicio y nulos cambios en la financiación del sistema.
En ese sentido, la central apunta también a la eliminación de las Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP), arista fundamental dentro del Sistema Mixto de Seguridad Social en el país. Los sindicatos buscan que el Gobierno garantice los derechos laborales conquistados por los trabajadores en la negociación colectiva. La central también pone énfasis en la defensa de las empresas públicas, luego de fuertes cuestionamientos a lo que los trabajadores consideran un "impulso privatizador" del Gobierno de Lacalle Pou.
Los reclamos también abarcan un mayor presupuesto para la educación pública y la estatal Universidad de la República y una mayor inversión en ciencia y tecnología. Asimismo, los sindicatos reclaman más fondos para programas de vivienda y el Programa Nacional de Cuidados. El paro se opone también a la prisión domiciliaria para los condenados por delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura uruguaya (1973-1985).
La excarcelación de los imputados es propuesta por un proyecto de ley del partido Cabildo Abierto, integrante de la coalición de Gobierno. La visibilización de una emergencia carcelaria en el país, la aplicación de medidas para combatir el aumento de la violencia y el rechazo a la desigualdad de género completan el pliego de reivindicaciones. La paralización de actividades del 15 de septiembre se suma a un paro general de media jornada cumplido en julio y al paro de 24 horas convocado el 8 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer. Si se suman los paros de 24 horas con los de tiempo parcial, el PIT-CNT ya convocó a siete paralizaciones de actividades durante la gestión de Lacalle Pou.
En tensión constante
Desde su asunción el 1 de marzo de 2020, la tensión entre el Gobierno de coalición encabezado por Lacalle Pou y los principales sindicatos del país ha ido en aumento. Durante las últimas semanas, trabajadores de la educación y gremios estudiantiles han sido protagonistas de movilizaciones, paros y ocupaciones de centros de estudio en rechazo a la reforma educativa que lleva adelante la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Los estudiantes reclaman la postergación de la reforma, prevista para 2023, señalando que la propuesta no fue debidamente consultada con docentes y estudiantes.
Para los gremios, la reforma es "privatizadora" al debilitar a la educación pública en comparación a la privada. La tensión escaló al punto de que el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, fue agredido el 1 de septiembre al salir de una disertación sobre la reforma en el barrio del Cerro de Montevideo. A la salida del encuentro, el jerarca fue insultado y, según comprueban varias filmaciones, un hombre logró romper el vidrio del vehículo en que Silva se trasladaba. El episodio, de todos modos, fue repudiado por sindicatos de la enseñanza.
La fachada de la casa del mismo jerarca fue pintada con dos mensajes: "La educación es del pueblo" y "Robo Silva Cntrl +C Cntrl+V", en alusión a una denuncia de plagio que enfrentó el documento de la misma reforma educativa que defiende la ANEP. Si bien este es el más reciente, el Gobierno de Luis Lacalle Pou tiene en su haber varios conflictos con los trabajadores: en diciembre de 2020 la Federación de trabajadores de la empresa estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) decidió paralizar las actividades de la refinería y el Gobierno se vió obligado a importar gas oil.
Esta fue la primera vez desde la huelga general de 1973 en que el sindicato no aseguró una guardia gremial para garantizar que la planta no se detuviera. En 2021, el Gobierno hizo frente a paralizaciones en el puerto de Montevideo que afectaron el comercio exterior, así como ocupaciones del sector del gas y la paralización de las obras de la nueva planta de celulosa de UPM en la ciudad de Paso de los Toros por parte del sindicato de la construcción, entre otros conflictos. En varios de esos episodios, sindicatos denunciaron una represión desmedida por parte del Ministerio del Interior.
Agencias Prensa
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