Así, el otrora oficial fue trasladado hasta el Centro de Justicia desde el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén para enfrentar los cargos que imputa el fiscal Centro Norte, José Morales. En ese lugar cumple detención preventiva desde que fue procesado el 14 de febrero como presunto autor de malversación de caudales públicos.
Por su parte, la ministra en visita, Romy Rutherford, lo inculpó de malversar cerca de $3.500 millones de origen fiscal. El fiscal Morales le adjudicó al ex uniformado hechos tendientes a intentar ocultar o disimular el origen de aquellos dineros mediante distintos mecanismos, como depósitos "sin fundamento" o de "origen desconocido" a distintas cuentas, entre ellas algunas que mantenía con su esposa. Se indicó además que el indagado adquirió lujosos vehículos, de marcas como Audi y Porsche, siendo estos pagados con distintas tarjetas bancarias.
Posteriormente, sostuvo Morales, el general (r) realizaba los pagos de esas cuotas "con dinero proveniente de gastos reservados". Señalo que también hubo ocasiones en que evitó inscribir de inmediatamente las máquinas a su nombre para evitar establecer su "origen ilícito". En un caso, expuso el fiscal, Fuente-Alba compró un auto que quedó a nombre de su hijo y, siete meses después, este fue vendido y el dinero depositado en un fondo mutuo a nombre del ex militar, ocupándose para la maniobra testaferros.
Así también, se imputó la compra y venta de inmuebles con fondos ilícitos, figurando en algunos casos los compradores y vendedores sus hijos. Morales defendió ante el tribunal que las distintas maniobras descritas permitieron un importante e injustificado incremento en el patrimonio familiar. En concreto, sostuvo los montos no justificados refieren a $422 millones y fracción, además 341 mil dolares. Si bien el Ministerio Público pidió la medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal optó por no discutir mayormente dicha situación ya que Fuente-Alba se encuentra, desde su procesamiento por malversación, privado de libertad en el Batallón del Ejército, en Peñalolén. Ante ello, se decretó arraigo, considerando la medida que ya pesa en su contra. Se estableció además un plazo de investigación de 180 días.
Agencias Prensa PM RMP PI TM/RBB YT MP AIP
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