Los manifestantes de la mina sudafricana de Marikana se negaron a firmar un acuerdo entre los sindicatos mayoritarios y la administración de la mina, con el objetivo de poner fin a un conflicto mortal que ha conmocionado a todo el país. Tres semanas después de la masacre por parte de la Policía de 34 mineros en huelga, la disputa salarial, origen de la disputa, sigue sin resolverse.
«No podemos estar de acuerdo para con la firma. Si firmamos esto, los trabajadores deberán regresar al trabajo, pero no van a trabajar», aseguró el representante de los trabajadores que no están sindicalizados Zolisa Bodlani.
Unas horas antes, los operadores de la mina de platino, los sindicatos mayoritarios y el Ministerio de Trabajo habían firmado un acuerdo para volver a trabajar en una fecha no especificada donde quedaban abiertas las negociaciones sobre la base de las demandas salariales de los huelguistas. Pero los huelguistas, y la pequeña formación AMCU, que había alentado el paro, se negaron. El escollo sigue siendo el sueldo que pretenden que sea de 12.500 rands (1.250 euros) antes de regresar al trabajo en lugar de los 4.000 (400 euros) que aseguran que cobran en la actualidad.
Mientras, el último grupo de 102 mineros que fue detenido tras la masacre en la mina obtuvieron ayer la libertad condicional después de que la Fiscalía retirara esta semana los cargos de asesinato contra ellos. Los 102 mineros fueron puestos en libertad durante una vista celebrada en los juzgados de Ga-Rankuwa, a las afueras de Pretoria, informó hoy la agencia de noticias sudafricana Sapa. Otros 162 mineros consiguieron la libertad el lunes pasado, mientras que otros seis se encontraban en el hospital cuando se les fue comunicado su arresto.
Un total de 270 mineros fueron detenidos tras la masacre del pasado 16 de agosto durante la huelga en la mina de platino de Lonmin en Marikana, a un centenar de kilómetros al noroeste de Johannesburgo, que se inició hace casi cuatro semanas. El Ministerio Fiscal retiró la acusación formal después de que su decisión causara estupor en el país y el ministro sudafricano de Justicia, Jeff Radebe, le pidiera explicaciones sobre el fundamento de los cargos. Los mineros detenidos en la huelga de Marikana habían sido acusados del asesinato de sus compañeros por una ley del apartheid —el régimen racista impuesto por la minoría blanca sudafricana hasta 1994— que responsabiliza a todos los participantes de una protesta por las muertes que se produzcan en ella.
Agencias Prensa ABC MP RT AIP
--------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario