Como lo llevan haciendo desde hace 17 años, los familiares de los más de 50 asesinados por el grupo de aniquilamiento Colina, marcharon por las calles de Lima para exigir justicia. A pocas semanas de que el Tribunal Supremo dicte sentencia contra ex presidente Alberto Fujimori, sindicatos de trabajadores, intelectuales, políticos de izquierda, asociaciones de mujeres, universitarios y familias enteras acompañaron a los familiares en la denominada 'Gran Marcha Ciudadana por la Justicia'."Los familiares estamos nuevamente en la calle para señalar una vez más a Alberto Fujimori, bajo cuyas órdenes operó el grupo Colina, como principal responsable del asesinato de nuestros seres queridos", gritó desde el estrado Gisela Ortiz, hermana de uno de los 9 estudiantes asesinados en 1992 en la Universidad de La Cantuta. Los jóvenes fueron ejecutados, enterrados, posteriormente desenterrados para ser quemados y trasladados a un nuevo lugar clandestino donde fueron sepultados bajo kilos de cal viva.
"Nuestro corazón y nuestra voz se robustece con la verdad, que poco a poco se va a haciendo camino", arengó a los manifestantes. "No sólo estamos aquí para pedir la máxima condena para Fujimori, sino también para respaldar la labor de la fiscalía y exigir que no se pierda la memoria. ¡Que cada uno de estos crímenes de nuestros familiares, víctimas del Estado peruano, forme parte de la historia de nuestro país!".
Junto a Gisela, Rosa Rojas carga las fotografías de su hijo Javier, de 8 años, y su esposo Manuel Ríos, acribillados junto con 13 personas más por 155 balas disparadas a quemarropa por los miembros del Grupo Colina durante una humilde fiesta para recaudar fondos."Me siento con más esperanzas y fuerzas para salir adelante ahora que se acerca el momento de su condena, pero tras su sentencia Fujimori seguirá con vida y mi hijo y mi marido no", declara a elmundo.es.
Rosa ha sido amenazada de muerte durante una década porque pudo ver la cara de quienes dispararon a su familia. A pesar de ello, lleva años acudiendo a manifestaciones e incluso viajó a Japón para pedir al gobierno nipón que accediera a la extradición de Fujimori, hecho que no se materializó hasta septiembre de 2007, tras el viaje sorpresa del ex presidente desde Japón a Chile.
Fujimori (1990-2000) es juzgado por su responsabilidad en el asesinato de 25 personas en La Cantuta y Barrios Altos y por el secuestro del empresario Samuel Dayer y el periodista Gustavo Gorriti. Sin embargo, al Grupo Colina se le atribuyen muchas otras matanzas ocurridas durante los dos años que operó como escuadrón de la muerte. Una de ellas ocurrió en la comunidad de Santa, en la que desaparecieron 9 campesinos. "A pesar de que Fujimori no está siendo juzgado por la desaparición de mis dos hermanos, me siento esperanzada con la proximidad de la sentencia", cuenta Carmen Barrientos, familiar de los desaparecidos en Santa.
Según una reciente encuesta de la Universidad de Lima, un 70% de los capitalinos opina que Fujimori es culpable y que el proceso judicial ha sido justo. Según el Fiscal Supremo, 60 testigos, 500 documentos y 20 vídeos avalan la acusación a Fujimori, cuyo juicio quedará listo para sentencia la primera semana de abril.
Agencias Prensa EM AIP JPMM
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