Desde el estado de Guerrero, en el que centra su trabajo, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera, constata con preocupación cómo el Gobierno de Felipe Calderón se empeña en usar el ejército para combatir a la delincuencia organizada, con desastrosos resultados.
¿Cómo se ha producido la militarización de la seguridad que vive México?
En una primera fase, el ejército empezó a apoyar a la policía. Había brigadas mixtas. Pero, tras la firma de acuerdos con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico, empieza una mayor participación del ejército en tareas de seguridad pública con patrullas militares en todos los estados hasta una militarización abierta. Ahora mismo, el ejército controla las calles, ha desplazado a la policía.
¿Ha mejorado la situación?
No, ha empeorado. Ahora es el ejército el que investiga, revisa a transeúntes, detiene, interroga todo el trabajo de la policía. Alega que la policía es corrupta.
¿El ejército no es corrupto?
Ha habido militares acusados de delitos graves en la guerra sucia. Hubo dos generales detenidos por delitos contra la salud. Y Gutiérrez Rebollo es otro general acusado de apoyar a los cárteles de la droga cuando él era el zar antidroga. El ejército no está al margen de la corrupción.
Su situación como defensores tambiénha empeorado.
Sí, hemos visto un agravamiento en la situación, en la falta de garantías de seguridad como defensores. Se han hecho reformas legales. Ahora, si hay más de 3 o 4 elementos haciendo acciones contra el Estado, se considera delincuencia organizada, por lo que cualquier movimiento social puede estar enmarcado en esa definición. Hay una criminalización del movimiento social.
¿Puede dar ejemplos?
En Guerrero, la organización de pueblos indígenas protestó por la violación de dos mujeres en 2002 por el ejército. Hubo 18 órdenes de aprensión contra miembros de la organización. Con recursos de amparo se logró la liberación de muchos y sólo permanece en la cárcel Raúl Hernández, quien es, según Amnistía Internacional, el único preso de conciencia de América Latina. Otro ejemplo fueron los campesinos de San Salvador Atenco, que se opusieron a la expropiación de sus terrenos para la construcción del aeropuerto internacional. Ocho de sus líderes siguen detenidos. El principal líder tiene una sentencia de 112 años ¡por delitos que tienen que ver con la protesta! A personas vinculadas con la delincuencia organizada y el narcotráfico no se les imponen penas tan elevadas.
¿Les vinculancon el narcotráfico?
Sí. Por denunciar al ejército, las autoridades dicen que apoyamos al narcotráfico. Es una manera de desacreditar nuestro trabajo.
¿Cómo funciona la Justicia?
El poder judicial está muy desprestigiado. La designación de jueces depende del Ejecutivo en gran medida. La corrupción no ha sido extirpada. Hay abogados que saben cuánto hay que pagar a un juez. Para absolver de un homicidio piden unos 90.000 pesos. Hay tarifas.
¿Y la jurisdicción militar?
La justicia militar no rinde cuentas a la sociedad, no está obligada a hacer transparentes sus actuaciones. Todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército pasan a la jurisdicción militar. Creemos que lo militar no debería juzgar actos contra civiles. En el estado de Guerrero hay cerca de 200 casos de atentados del ejército contra los derechos humanos en 2009, cuando otros años eran nueve o diez. Esos son los costos de la militarización: el ejército es hoy el principal violador de derechos humanos del país. Y eso es algo que no quiere reconocer ni el ejército ni el presidente, que ha sido un defensor del ejército y no un defensor de los ciudadanos.
¿Qué opciones hay para quienes buscan justicia?
En el ámbito local no hay, están agotados los recursos. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 2009 sentenció al Estado mexicano como responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla.
Los ejércitos tuvieron un gran protagonismo en las dictaduras de América Latina como violadores de los derechos humanos. Con los regímenes democráticos pasaron a un segundo plano y ahora parecen recobrar ese protagonismo como perpetradores de abusos, pero en el marco de las democracias.
Así es. Son democracias con poca legitimidad, con procesos electorales poco transparentes, de poca participación ciudadana. Hay una crisis de representación política: los partidos no representan a nadie y eso ha dado pie a que los gobiernos que se dicen democráticos tengan que utilizar a las fuerzas castrenses para poder consolidarse. Necesitan la fuerza de la represión, de un aparato armado, que les dé consistencia y seguridad a sus políticas antipopulares. El ejército no está en las fronteras, sino en las ciudades apuntando al ciudadano con sus tanquetas, entrenándose para enfrentarse a su propio pueblo. Eso es lo más preocupante que estamos viviendo; no sólo en México, sino en otras partes de nuestro continente.
Agencias Prensa EDP AIP JPMM
------------------------------------------------------------------------------------------------
