CHILE...CAMARILLA EJÉRCITO CHILENO PAGA SUELDOS A VIOLADORES DE DDHH

La camarilla neofascista que componen los altos mandos del Ejército chileno, paga honorarios a elementos que formaron parte de los aparatos represivos de la dictadura.

Entre ellos, hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. También un ex fiscal militar que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile.

El fantasma de los crímenes de la DINA y la CNI revive en las planillas de funcionarios a honorarios del Ejército.

En la lista, actualizada a 2009 por la misma institución castrense, figuran ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el Grupo Leopardo, algunos actualmente procesados. También un médico torturador expulsado del colegio de la orden en 1987 y un ex fiscal militar acusado de falsear documentación para proteger a los asesinos del diplomático chileno-español Carmelo Soria. Además, aparece el ex agente de la inteligencia del Ejército que sacó clandestinamente de Chile al químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Uno de ellos es un viejo estandarte de la elite que rodeó a Manuel Contreras en el cuartel general de calle Belgrano 11: el coronel (R) Hugo "Cacho" Acevedo Godoy, ayudante del capo de la DINA. Número cinco en la lista de agentes de la CNI que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen de Tucapel Jiménez, Acevedo está casado con la "Dama del Pentotal", la enfermera-agente Carlota Bolumburu Taboada, quien mató prisioneros en la Clínica Santa Lucía inyectandoles sobredosis de pentotal.

"Yo fui de la Brigada Rengo, una unidad de seguridad en la DINA que estaba al mando del entonces capitán Christoph Willikie Flöl (condenado por el crimen del general Carlos Prats). Después, en 1977, fui parte de la seguridad personal de mi general Augusto Pinochet", le dijo el "Cacho" al juez Alejandro Madrid en el proceso por el crimen del cabo agente Manuel Leyton.

Amante de la historia, Acevedo recurrió a la batalla de La Concepción para escoger las chapas de dos militantes del MIR y otra de militancia socialista que se convirtieron en agentes: Marcia Merino Vega, María Uribe Gómez y Luz Arce Sandoval asumieron los nombres de Marta Vergara, Gloria Vilches y Ana María Vergara, mujeres que participaron en ese combate de la Guerra del Pacífico.

Acevedo tiene un contrato a honorarios vigente de $751.259 mensuales por "asesoría para administración del predio militar Casas Viejas de Chena".

El médico y coronel (R) Guido Díaz Paci es otro de los "beneficiados" por la rama castrense con fondos fiscales. Participó en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena el 16 de octubre de 1973, fecha en que 15 prisioneros fueron ejecutados. Esa tarde, después de la masacre, Díaz acomodó los cuerpos, les quitó los efectos personales de los bolsillos y con su informe médico formó parte del encubrimiento de la matanza, que quedó registrada oficialmente como el cumplimiento de una "sentencia de un tribunal militar", según informó el entonces teniente Juan Emilio Cheyre al diario El Día de La Serena.

Díaz Paci pasó más tarde del montaje a la acción y torturó prisioneros en el regimiento Arica de La Serena. Una de sus víctimas allí fue la prisionera Margarita V.C.

"Tenía cinco meses de embarazo y aborté por las torturas. Entre mis torturadores reconocí al siquiatra Carlos Andreu Albornoz y al médico del regimiento Arica de La Serena y del Hospital de La Serena, Guido Díaz Paci. Fui violada, me pusieron ratas y arañas en la vagina, y me inyectaban pentotal", dijo la ex prisionera a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), declaración consignada en el informe Testimonios de la Tortura en Chile, publicado por esta organización en diciembre de 2003.

En octubre de 1987, el Colegio Médico expulsó de sus filas a Díaz Paci por su participación, en complicidad con la CNI, en el falseamiento de antecedentes sobre el estado de salud del transportista democratacristiano de La Serena, Mario Fernández López, quien, producto de las torturas, había fallecido en el Hospital de La Serena en octubre de 1984.

Díaz Paci tiene un contrato a honorarios vigente de $400.000 mensuales por "atención médica al personal activo, pasivo, y familiares". Hasta ahora, este médico no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad.

Jefe de "Leopardo"

El coronel (R) Sergio Castillo González recibe actualmente $1.205.298 mensuales del Ejército por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera profesional".

Es parte de los ingresos que recauda este integrante del equipo de oficiales instructores que entre noviembre y diciembre de 1973 conformó el primer contingente de agentes de la naciente DINA en Rocas de Santo Domingo. El ex agente Nibaldo Jiménez Castañeda, parte de ese primer contingente, recordó en el proceso por los desaparecidos de la Operación Colombo que en enero de 1974 "llegamos al cuartel de Londres 38 con un grupo de 20 agentes al mando del capitán Sergio Castillo González". Otro ex agente, Fernando Guerra Guajardo, declaró que "en septiembre de 1974 fuimos destinados al cuartel de calle Irán con Los Plátanos (Ñuñoa, conocido como Venda Sexy) y en marzo-abril de 1975 al de José Domingo Cañas (Ñuñoa), al que se trasladaron los grupos Ciervo y Leopardo de la Brigada Purén". Castillo González comandó justamente el grupo Leopardo. "Dentro de la Brigada Purén estuvo el Grupo Leopardo a cargo del entonces capitán Castillo", reconoció el ex agente Guido Jara Brevis.

Castillo operó codo a codo con el temido Marcelo Moren Brito, conocido como "El Ronco", en Londres 38. Allí, según relató Nibaldo Jiménez, quien trabajó en Leopardo bajo el mando de Sergio Castillo, "una de nuestras misiones fue trasladar detenidos al regimiento de Tejas Verdes". En esos "traslados" desaparecieron decenas de detenidos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar. En diciembre de 2005, ante el juez Juan Fuentes Belmar, el coronel (R) Castillo González admitió su calidad de agente DINA. El ex jefe de Leopardo fue procesado en mayo de 2008 por el juez Víctor Montiglio como uno de los autores de los secuestros y desapariciones de las víctimas de la Operación Colombo (caso de los 119): Jaime Buzio Lorca (PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS), y Albano Fioraso Chau (MIR), todos desaparecidos desde el cuartel de Londres 38 en 1974.

El fiscal Cea

Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar". El profesor Cea presentó un particular currículum en la casa de estudios vinculada al grupo Penta, compuesto por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

En 1993, la magistrada Violeta Guzmán reinició la investigación por el crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por la Brigada Mulchén en 1976. Antes de que la Corte Suprema traspasara el proceso a la justicia militar, el suboficial integrante de esa brigada, Remigio Ríos San Martín, alcanzó a declarar que Soria fue asesinado por ese grupo. Incluso dio los nombres. Sin embargo, una vez que la causa pasó a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, precisamente a cargo del coronel de Justicia y fiscal Sergio Cea Cienfuegos, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) inició una ofensiva para trabar el proceso. No sólo intentó convencer al suboficial de que se desdijera presionándolo con su familia y regalandole además una camioneta, sino que también instó al fiscal Cea a que falseara algunas declaraciones y falsificara la firma de Ríos y de otros que tomaron parte o supieron del operativo para matar a Soria y habían decidido aportar información.

Cea, junto a sus secretarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez, fueron parte de la operación de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos iniciada por la DINE, bajo el mando de su jefe, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela. El brigadier Jaime Lepe Orellana, uno de los autores del crimen de Soria y por ese entonces secretario del dictador Augusto Pinochet, tuvo activa participación en esa operación.

Pese a lo anterior, la Corte Suprema amnistió la causa por el homicidio de Soria en agosto de 1996. Pero el 19 de enero de 2009, el juez Alejandro Madrid -quien instruye el proceso por el asesinato del químico DINA, Eugenio Berríos, y además investiga los nuevos antecedentes del caso Soria- procesó al ahora ex fiscal Cea, junto a Lepe Orellana, como coautores del delito de falsificación de instrumento público. Sus dos secretarios fueron encausados como cómplices de ese ilícito.

Sergio Lautaro Cea Cienfuegos sigue con sus clases en una de las llamadas de universidades "cota mil", enclavada en San Carlos de Apoquindo. La misma institución en que imparte conocimientos Joaquín Lavín y sus principales samurái.

Un Iturriaga en Mulchén

Los hermanos Iturriaga Neumann fueron fieros agentes. Raúl Eduardo -jefe de la Brigada Purén y del departamento exterior de DINA- y Jorge Enrique están condenados por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa. Un tercer miembro del clan, Alfredo Patricio, fue también agente de la Brigada Mulchén.

"Los miembros de esa unidad éramos Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé y Patricio Quilhot Palma", declaró Alfredo Iturriaga Neumann al juez Alejandro Madrid. Aunque desconoció el nombre de Brigada Mulchén y dijo que el grupo recibía el elegante nombre de "Unidad de Seguridad Adelantada del general Pinochet", en su declaración agregó que "esa unidad formaba parte de la DINA".

Los nombrados precisamente integraban Mulchén, además de Jaime Lepe. En todo caso, su pertenencia a esta grupo, que operó en coordinación con Michael Townley y Eugenio Berríos, con el gas sarín y otros elementos químicos letales, está acreditada en el proceso por el crimen de Carmelo Soria y en las otras causas que instruye Madrid.

Boina negra y comando, símbolo de la elite de los órganos de represión de la dictadura, Alfredo Iturriaga Neumann forma parte de la plantilla vigente de funcionarios a honorarios del Ejército, recibiendo mensualmente un sueldo de $700.000, como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre".

Pablo Rodríguez Márquez -procesado y formalmente acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso Berríos- también aparece en la planilla de funcionarios a honorarios del Ejército.

El 26 de octubre de 1991, el teniente Rodríguez sacó de Chile al químico Eugenio Berríos clandestino a Uruguay, con la identidad falsa de "Manuel Morales Jara". En febrero de 1990, Rodríguez había pasado desde la CNI a la DINE. Allí integró la Unidad de Operaciones Especiales, disfrazada pomposamente como Unidad de Asesoría de Análisis. Esta repartición, con fondos reservados aportados por Pinochet, obstruyó la tarea de los jueces que investigaban los crímenes de la dictadura.La unidad sacó también de Chile a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza con destino a Argentina y Uruguay.

En Montevideo, Rodríguez fue uno de los principales participantes y articuladores en mantener a Berríos bajo secuestro. Poco antes, el 10 de septiembre de 1991, salió a Argentina en busca de un pasaporte falso. Dos días después, regresó a Santiago "estrenando" el nombre de "Mauricio Gómez", con el que Herrera fue sacado siete días después para sustraerlo del proceso por el crimen de Tucapel Jiménez.

Hoy, Pablo Rodríguez Márquez recibe del Ejército un honorario mensual de $700.000, como "asesor de la sección preparación de la fuerza".

Consultado telefónicamente el Ejército por LND, no hubo respuesta en el Departamento Comunicacional de la institución. Tampoco se recibió una opinión a la consulta hecha a través del correo electrónico de relaciones públicas. //LND

Por Jorge Escalante

investigacion@lanacion.cl

Familiares: “Vergüenza nacional" Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que el Ejército esté financiando con fondos “de todos los chilenos” a ex agentes que cometieron crímenes durante la dictadura “es una vergüenza nacional y una afrenta al pueblo chileno, pero la infamia más grande es que nosotros, los familiares de nuestras propias víctimas, estamos con nuestros tributos ayudando a pagar los sueldos de estos criminales que secuestraron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros padres e hijos”. Agrega que “esto prueba que el Ejército no se ha desvinculado de estos criminales. No podemos seguir soportando tanta complicidad. Gracias a la Ley de Transparencia, se ha conocido esta lista de gente a honorarios, pero quién sabe cuántos más de estos mismos sujetos estarán siendo pagados con fondos públicos, puesto que la lista del personal a contrata del Ejército aparece como reservada, amparada en el Código de Justicia Militar”. Carmen Soria, hija del diplomático chileno-español asesinado por la Brigada Mulchén, sostiene que “esto es una vergüenza que debe ser denunciada internacionalmente. Es sencillamente un doble estándar, porque, mientras nos hablan de respetar los derechos humanos y hacer justicia, el Ejército sigue financiando a estos criminales”. Soria adelanta que demandará al gobierno que obligue al Ejército a poner fin de inmediato a los contratos de estas personas. “Yo también estoy ayudando a pagar sus sueldos, mientras hay miles de exonerados políticos que hoy están en la miseria. Esto lo voy a poner en conocimiento de las autoridades de España para que presenten este hecho al gobierno chileno”, señala. Roberto D’Orival, integrante del Colectivo 119, que agrupa a los familiares de las 119 víctimas de la Operación Colombo, perdió a su hermano Jorge en ese operativo. Al tanto de esta irregularidad, afirma que “esto es algo inmoral que pone en cuestión la democracia chilena, pues se supone que la dictadura llegó a su fin, pero vemos que el Estado de Chile sigue financiando a los violadores de derechos humanos. Como colectivo vamos a exigir explicaciones al Ministerio de Defensa”.

Agencias Prensa LND AIP JPMM
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BARILOCHE...UNASUR EXIGE TRANSPARENCIA EL NARCO PRESIDENTE URIBE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió hoy a Colombia "garantías jurídicas'' de que su convenio militar con Estados Unidos no afectará a la región, porque, dijo, "respetamos el acuerdo, pero queremos resguardarnos''.

Durante su intervención ante la Cumbre de Unasur, que se celebra en Bariloche, Lula insistió en la necesidad de que los países del área puedan "tener la seguridad'' de que contar con instrumentos jurídicos que garanticen que el acuerdo "es algo específico para el territorio colombiano''.

''No va (en el acuerdo), pero tampoco lo prohíbe, el que no prohíbe lo permite, tenemos que tener cuidado con eso'', afirmó. "Tener cuidado y tomar sopa no le hace mal a nadie'', bromeó.

El mandatario brasileño señaló que aún aguarda una respuesta del presidente de Estados Unidos a su propuesta de convocar una reunión con los miembros de Unasur para debatir el tema e insistió en la importancia de "provocar una buena discusión con (Barack) Obama para discutir cual es el papel de EE.UU. para Latinoamérica''.

No obstante, admitió que "es difícil que un presidente al comienzo de su mandato tenga el control de todo''.

El presidente brasileño, que se mostró partidario de convocar al Consejo de Defensa del Sur para hacer un "estudio real'' sobre la situación de las fronteras de los 12 miembros de Unasur, admitió que la soberanía nacional "es algo sagrado'', pero pidió una reflexión a Uribe.

''Lo que queremos es cuando el compañero Uribe intenta mostrar que las bases (de EE.UU.) ya existen en Colombia desde 1952, yo quería decirle de manera muy cariñosa, si las bases estadounidenses están en Colombia desde 1952 y aun no hay soluciones al problema deberíamos pensar en otra cosa que podamos hacer en conjunto para solucionar los problemas'', señaló.

''Una decisión de Unasur es una garantía institucional colectiva de nuestro continente de que podríamos solucionar este problema si nos abriéramos a la discusión con toda la verdad absoluta de este problema'', subrayó.

Lula admitió que los narcotraficantes utilizan las fronteras de los países del Cono Sur, pero recordó que "los grandes consumidores no están'' en la región.

''Sería extremadamente importante que el mundo rico, además de querer combatir el narcotráfico en nuestras fronteras lo combatiera dentro de sus fronteras'', indicó.

Asimismo, expresó su preocupación por las consecuencias del acuerdo para zonas vulnerables para Suramérica, como la Amazonía, donde Brasil tiene más de 360.000 hectáreas.

''A veces, me da la impresión de que la Amazonía es de los países ricos y que ellos quieren decidir la política en la Amazonía'', denunció.

Lula propuso a sus socios " construir un mejor estándar de relación'' y opinó que la única manera de evitar conflictos precipitados es contenerse en las palabras.

''Cada uno de nosotros debemos llegar a las puerta de estas reuniones con la decisión de si queremos construir un clima de paz o un clima de guerra'', afirmó.

Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, propuso hoy que el Consejo de Defensa de Unasur evalúe a fondo un documento militar de EE.UU. presentado por su colega venezolano, Hugo Chávez, y abogó por solicitar una reunión con el mandatario estadounidense, Barack Obama.

''No se puede aceptar que un documento como este nos trate como un patio trasero'', destacó Correa, presidente temporal de Unasur, organismo que celebra una cumbre extraordinaria en la ciudad de Bariloche, en el sur de Argentina.

La petición de Correa se produjo después de que Chávez leyera un informe militar de Estados Unidos en el que se subraya la importancia de establecer una base para operaciones antidrogas y de "movilidad'' en América del Sur.

Estas "operaciones de movilidad'' fueron interpretadas como desplazamientos por catástrofes naturales, pero también como "intervenciones en otros países'', subrayó Correa.

''Propongo que el Consejo de Defensa nos presente un informe (del documento) y en función de ese informe pidamos una reunión con Obama'', dijo el mandatario ecuatoriano.

Los presidentes suramericanos acordaron dejar para el final de la cumbre una resolución sobre la propuesta de Correa, aunque Chávez adelantó que la moción "es pertinente''.

''Es lo menos que podemos hacer'', dijo.

Chávez concordó que es necesario que el Consejo de Defensa de Unasur haga una ‘‘revisión profunda'' de las estrategias militares de EE.UU. contenidas en el documento y "luego, en un segundo nivel'' analice la utilización de bases colombianas por parte de tropas estadounidenses, "que es motivo de alta preocupación para Venezuela''.

Agencias Prensa ENH AIP JPMM

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ONU...EVO MORALES HÉROE MUNDIAL DE LA MADRE TIERRA

El presidente de la asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Miguel D'Escoto declaró el sábado al mandatario Evo Morales "Héroe Mundial de la Madre Tierra" por su continua defensa del planeta.

El sacerdote católico y diplomático nicaragüense, D'Escoto, entregó a Morales un pergamino y una medalla en que le dan el título de héroe, en un acto público celebrado en Palacio de Gobierno.

"Morales fue el que más ayudo a que Naciones Unidas declarará el día mundial de la madre tierra, con sus mensajes conmovió muchísimo a la ONU y ha tenido un gran impacto este mensaje que nos ha traído de que nosotros necesitamos de la tierra y ella necesita de nosotros y no debemos tratarla como mercancía", dijo D'Escoto.

El mandatario agradeció el gesto y se lo dedicó a los movimientos indígenas y campesinos que lo ayudaron a llegar a la presidencia de Bolivia en 2006.

D'Escoto reflexionó que los seres humanos deben cambiar los valores por lo que se le ocurrió diseñar ciertos paradigmas y "declarar a ciertas personas como héroes, por un lado, héroe mundial de la solidaridad, héroe mundial de la madre tierra y héroe mundial de la justicia social".

Los otros acreedores a esos reconocimientos fueron el ex presidente de Cuba Fidel Castro, a quien se le declaró Héroe Mundial de la Solidaridad y el ex gobernante de Tanzania Julius Nyerere como Héroe Mundial de la Justicia Social después de su fallecimiento.

Morales ratificó su defensa a la madre tierra o Pachamama, como la llaman los aymaras en su lengua nativa y dijo que seguirá en su lucha de concientizar a la gente que lo más importante debe ser el mundo ya que los seres humanos se han convertido en depredadores.

D'Escoto preside la asamblea general del ONU desde septiembre de 2008 y también es asesor superior del presidente de Nicaragua Daniel Ortega.

Agencias Prensa ENH AIP JPMM

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CHILE...MARCHAN POR LA JUSTICIA Y EL NO A LOS INDULTOS

Familiares de detenidos desaparecidos y otras organizaciones, marcharon en rechazo de un indulto a los violadores de los derechos humanos.

Una marcha masiva en contra de la posibilidad de que se establezca un indulto que pueda beneficiar a violadores de los derechos humanos, desarrollaron diversas organizaciones encabezadas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

La denominada "Marcha por la Justicia" partió desde la Plaza Italia y se desplazó hasta la Plaza de la Ciudadanía, con carteles recordando a los detenidos desaparecidos y exigiendo justicia.

Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, destacó que “estamos enfrentados a una decisión política, que no es menor, de generar ante la opinión pública nacional e internacional la imagen de un país con un tema resuelto y lleno de símbolos, pero la memoria no es sólo símbolos, la memoria tiene contenido y también significa castigo a los culpables”.

Recalcó que “a nuestro juicio aquella idea de otorgar un indulto es una vergüenza inaceptable, por lo tanto vamos a hacer lo imposible y no vamos a permitir que, con lo que nos ha costado encarcelar a los genocidas, se le otorgue beneficio a ningún violador de los derechos humanos porque su lugar es la cárcel”.

La marcha que concluyó con un acto en que tocó el grupo Inti Illimani exige que los culpables de crímenes relacionados con los derechos humanos no accedan a ningún beneficio.

Consultada por el crimen de Jaime Mendoza Collío en la Araucanía, Pizarro dijo que se trata de “un asesinato cobarde, un asesinato de terroristas de Estado, porque lo que ocurrió es que Carabineros de Chile, funcionarios del Estado asesinan y persiguen por sus luchas, por sus ideas y demandas, al hermano pueblo mapuche”.

La actividad precede a la conmemoración del día internacional del detenido desaparecido, estando programada para mañana una romería a Cementerio General y la inauguración de plaza Sola Sierra en la comuna de Maipú.

Agencias Prensa LN AIP JPMM

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VENEZUELA...NOAM CHOMSKY DE VISITA EN EL PAÍS

El presidente venezolano, Hugo Chávez, alabó el lunes a Noam Chomsky como "uno de los intelectuales que más ha abonado en la lucha contra la hegemonía de la elite que gobierna en EEUU", al recibir al ensayista estadounidense en el Palacio de Gobierno.

"Te doy la más calurosa bienvenida (...) ya era hora que nos visitaras y que el pueblo venezolano te viera y oyera directamente", dijo Chávez al lingüista estadounidense, a las puertas del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas.

El jefe de Estado venezolano recordó que "siempre" lleva consigo "no uno sino varios" libros de Chomsky, profesor emérito del 'Massachusetts Institute of Technology' (MIT) de Estados Unidos, y considerado uno de los intelectuales más prestigiosos de la izquierda internacional.

Chávez deseó larga vida a Chomsky para que así "siga produciendo esa ideas maravillosas que son nutrientes contra los que luchamos contra la hegemonía imperial y el modelo capitalista, que es una verdadera amenaza contra la especie humana".

Venezuela, ese 'otro mundo posible'

"Socialismo a barbarie (...) hegemonía (imperial y capitalista) supervivencia. Nosotros optamos por la supervivencia", afirmó el mandatario venezolano y promotor del llamado socialismo del siglo XXI.

Por su parte, el Chomsky expresó muy brevemente su agradecimiento a Chávez por sus "amables y generosas palabras", así como lo "emocionante" que le resulta "ver en Venezuela cómo se está construyendo ese otro mundo posible y ver a uno de los hombres que ha inspirado esta situación" de cambio.

"Hablar de la paz es, de alguna manera, fácil (...) lo difícil es crear un nuevo mundo, un mundo diferente", añadió el intelectual estadounidense, quien se encuentra de visita en Caracas y este lunes pronunció una conferencia en la capital venezolana.

Críticas a la 'mentalidad imperial'

En esa conferencia, Chomsky criticó "la mentalidad imperial" de los Estados Unidos, y acusó a la primer potencia del mundo de "exacerbar las tensiones en los países latinoamericanos".

"Anteriormente, ayudaba a golpes de Estado o intervenciones militares: esta capacidad ha disminuido, pero no ha desaparecido", advirtió el autor del libro 'Hegemonía o supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos'.

El ensayista expresó así su repudio al convenio castrense que prevén firmar Colombia y Estados Unidos, y que establece el uso de siete bases militares en territorio colombiano por parte de fuerzas estadounidenses.

Chomsky calificó de "poco seria" la "justificación" de Washington de que la supuesta "instalación de bases militares" en Colombia forma "parte de la lucha contra el narcotráfico", en clara coincidencia con las críticas del presidente venezolano.

Chávez rechaza los nuevos acuerdos militares entre Colombia y Estados Unidos, y los califica como una "amenaza" para la "revolución" bolivariana y socialista que dirige.

Agencias Prensa EM AIP JPMM

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HONDURAS...CONTINUA LA REPRESIÓN DE GORILETTI

El régimen golpista hondureño de Roberto Micheletti ha aplicado, desde que derrocó al presidente Manuel Zelaya en el golpe de Estado del 28 de junio, un uso "desproporcionado de la fuerza", ha practicado miles de detenciones arbitrarias y ha acosado y cerrado medios de comunicación opuestos al golpe.

Así lo afirmó ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la presentación del informe de la misión de cinco días que ha realizado en el país.

"Durante la visita señala el informe la Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía".

Las manifestaciones han siso reprimidas no sólo por la Policía, sino también y de forma preocupante por el Ejército. "Muertes, torturas, malos tratos, cientos de heridos y miles de detenciones arbitrarias" han sido el resultado. El informe documenta cuatro muertes de opositores al golpe.

"La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención", añade el documento.

La misión afirma que el golpe ha creado una situación de "ilegitimidad democrática" y ha constatado la existencia de una "aguda polarización.

Control de la información

Pese al rechazo generalizado de la comunidad internacional, Roberto Micheletti, quien era hasta el golpe presidente del Parlamento, se ha mantenido al frente del Gobierno de facto.

La delegación, compuesta por la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía Guerrero, y otros cinco delegados, se reunió del 17 al 21 de agosto con el Gobierno de facto y con manifestantes y medios de comunicación.

El control de la información es otra de las denuncias destacadas en sus conclusiones. Este se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, prohibiendo las emisiones de canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado y aplicando cortes selectivos de electricidad para afectar la transmisión de medios que informaban sobre el golpe.

También ha habido "agresiones y amenazas a periodistas de medios con posiciones editoriales contrarias al golpe de Estado".

Agencias Prensa DP AIP JPMM

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COLOMBIA...EL AUGE DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

Con diferentes denominaciones la genérica es "bandas emergentes" se asiste en la mayor parte del territorio colombiano a una recomposición del fenómeno paramilitar con los mismos elementos presentes desde comienzos de los noventa: narcotráfico, extorsión, toma de tierras con desplazamiento forzado e intervención en la política. La inseguridad y el crimen se extienden en Colombia como evidente fracaso de la bandera con la que el narco presidente Álvaro Uribe trata de ser reelegido: la "seguridad democrática".

Para la politóloga Claudia López, que levantó el escándalo de la parapolítica, "los hechos demuestran que si las FARC desaparecieran hoy, las cifras de violencia, excepto los muertos por atentado y minas, permanecerían prácticamente iguales". El Gobierno de Uribe ha centrado su política de seguridad en la derrota de la guerrilla, mientras el fenómeno más extendido por todo el país es el resurgimiento del paramilitarismo. Según la Policía Nacional, el problema incluye a ocho bandas con 4.500 integrantes. Pero diversas ONG y la propia Defensoría del Pueblo tienen registradas más de 82 bandas que operan en 273 municipios, con no menos de 10.000 hombres bien armados, la mitad de ellos procedentes del viejo paramilitarismo, supuestamente desmovilizado.

El presidente se centra en vencer a la guerrilla y hace la vista gorda con miles de asesinatos

Desde el inicio de su segundo mandato en 2006, Uribe emprendió un proceso de desmovilización pactada con los paramilitares, agrupados en su mayor parte en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Se produjeron entregas públicas de armas, participación de organismos internacionales y hasta la intervención de sus máximos dirigentes como Salvatore Mancuso en la tribuna del Parlamento para explicar los "servicios" rendidos a Colombia en su lucha contra la guerrilla. En realidad, como denunció pronto la misión de seguimiento de la Organización de Estados Americanos, no se entregaba la totalidad de armas, ni las más modernas, y el paramilitarismo se ibareorganizando en zonas como Nariño, Córdoba, La Guajira o Bolívar. En el norte de Santander, el propio Mancuso reconstruyó a través de sus mandos medios el temible Bloque Catatumbo, responsable de unos 2.000 asesinatos.

En Sucre, los hombres de Jorge 40, extraditado actualmente como Mancuso en EEUU por narcotráfico (no por los crímenes del paramilitarismo) reconocieron al menos 1.500 muertes, que no han recibido ningún castigo, y siguen operando, combinando el desplazamiento forzado de campesinos con la actividad legal a través de políticos, empresarios y funcionarios. En realidad, el paramilitarismo nunca ha sido castigado realmente por sus masacres y negocios ilícitos.

Las bandas emergentes más importantes que se extienden por el país son: las Águilas Negras, que actúan ya en Córdoba, Santander, Magdalena Medio, Antioquia e incluso en barrios populares de Bogotá, como San Cristóbal; Los Rastrojos, herederos del cártel del norte del Valle del Cauca y extendidos ya por gran parte del país, y Los Paisas. Practican sus actividades de siempre (narcotráfico, extorsión, toma de tierras y desplazamiento forzado de los campesinos, violaciones como arma de presión) y actúan en 25 de los 32 departamentos de Colombia.

La política "está más tomada por la mafia y la corrupción que nunca", asegura una analista

También intervienen en política con la persecución de líderes comunitarios, de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, y están enquistados en estructuras del Estado. El escándalo más reciente ha sido el del jefe de Fiscalías de Medellín, Valencia Cossio, hermano del ministro de Justicia, cuya actividad estaba presuntamente vinculada al servicio de los más temibles paramilitares de la región y que hoy se encuentra a la espera de sentencia.

La propia Defensoría del Pueblo ha sido objeto de las acciones del nuevo paramilitarismo. En realidad, el de siempre, porque, como señalan fuentes de esa institución: "Se trata del reagrupamiento de paramilitares que se habían desmovilizado y que siguen reclutando menores". El pasado día 11, el edificio de la Defensoría en Córdoba fue allanado y sólo se robó un ordenador que contiene información sobre violaciones de derechos humanos por parte de paramilitares y de las fuerzas de seguridad. Lo mismo ha sucedido en las sedes de Barrancabermeja y Cartagena.

Ya hay 3,5 millones de desplazados

Según el Defensor del Pueblo, las amenazas a ONG y defensores de Derechos Humanos son constantes en Bogotá, César, Magdalena y Bolívar. También los crímenes y amenazas para lograr el desplazamiento violento de los campesinos. Hoy hay en Colombia más de tres millones y medio de desplazados y su número sigue en aumento.

Sin embargo, el Gobierno de Uribe no da respuesta al fenómeno, actuando de forma débil y tratando la acción paramilitar (asesinatos, extorsiones, expulsiones) como actos aislados de "delincuencia común". Y a menudo se produce una connivencia de las fuerzas del orden y las bandas del paramilitarismo, con los fabulosos beneficios del narcotráfico engrasándolo todo.

Como escribía esta semana la citada analista Claudia López en el diario El Tiempo: "El narcotráfico se limpia y legitima a través de políticos y funcionarios que posan de gobernadores, alcaldes, coroneles y toda una gama de funcionarios públicos y empresarios legales a costa de decenas de miles de muertos". Con decenas de parlamentarios que le sirvieron de apoyo a Uribe en su primera reelección presos por sus nexos con el paramilitarismo, la política colombiana, según López, "está más tomada por la mafia y la corrupción que nunca".

Agencias Prensa EDP AIP JPMM

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URUGUAY... TRAS LA BUSQUEDA DE LA V ERDAD HISTÓRICA

José Mujica, candidato presidencial del Frente Amplio. Este ex tupamaro es el favorito en las encuestas por la carrera presidencial que los uruguayos definen el próximo 25 de octubre. Ese mismo día los electores recibirán una papeleta aparte para decidir, con carácter de plebiscito, si los que viven fuera de Uruguay tendrán derecho a voto y si termina la ley de punto final que ha impedido investigar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura que gobernó hasta 1985.

A poco más de 60 días de las elecciones presidenciales de Uruguay, todas las encuestas indican que la "fórmula" presidencial del Frente Amplio lleva la ventaja hasta por diez puntos, pero que no son suficientes para ganar en primera vuelta.

El candidato a Presidente José "Pepe" Mujica estuvo el martes pasado en Santiago para reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet y también para exponer ante los uruguayos residentes en Chile.

En ambas citas, el también senador estuvo acompañado del postulante a la vicepresidencia, el ex ministro Danilo Astori.

Ambos dirigentes fueron ministros del gobierno del Frente Amplio que encabeza el médico Tabaré Vázquez, el primero que ha tenido la izquierda en la historia de Uruguay y que desplazó a los tradicionales partidos Nacional y Colorado, que por décadas se turnaron en el poder, ello sin contar los años en que el pequeño país oriental estuvo bajo la dictadura militar.

Durante el gobierno de Vázquez, que termina en marzo, Mujica ocupó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, desde donde elevó su ya alta popularidad; mientras Astori ocupó la cartera de Economía hasta el año pasado, cuando renunció para disputar la nominación presidencial del Frente Amplio.

En las primarias del Frente Amplio, en junio pasado, José Mujica logró el 53 por ciento de los votos, mientras Astori alcanzó el 38 por ciento de los sufragios.

El vencedor de la primaria ofreció a Astori integrarse a su lista y desde entonces están juntos haciendo campaña.

La dupla frenteamplista -que marca 45 por ciento en los sondeos electorales- enfrentará en octubre a las candidaturas del ex Presidente Luis Alberto Lacalle, postulante del Partido Nacional y segundo en las encuestas (35 por ciento); y al candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, que marca 10 por ciento en las mediciones.

Pero todo indica que el Frente Amplio y el Partido Nacional volverían a medirse en noviembre.

Junto a las elecciones presidenciales, también se renueva una parte del Parlamento bicameral, pero los uruguayos además recibirán otra papeleta para decidir, con carácter de plebiscito, dos asuntos relevantes: el derecho a voto a los uruguayos que viven fuera del país, unas 900 mil personas, la mayoría en Argentina; así como la anulación de la Ley de Caducidad que rige desde 1986 y que ha impedido investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares entre 1973 y 1985.

En Santiago, Mujica y Astori enfatizaron que el eventual nuevo gobierno del Frente Amplio buscará profundizar "los importantes logros" de la administración de Tabaré Vázquez.

Mujica precisa que cuando el Frente Amplio asumió el gobierno en marzo del 2005, Uruguay tenía una deuda externa que llegaba al alarmante 100 por ciento del PIB y con casi el 31 por ciento de la población -de 3,2 millones de personas- viviendo en la pobreza.

Uruguay venía apenas reponiéndose del colapso de su economía ocurrido en el 2002 y de los tres años de recesión que siguieron tras el descalabro de la economía de Argentina, de la que dependía la tercera parte de su comercio.

En casi cuatro años de gobierno del Frente Amplio, la pobreza bajó once puntos y la indigencia -que marcaba 7 por ciento- a la mitad.

Las cifras resultaron del impulso de políticas públicas focalizadas que, entre otras cosas, permitieron la creación de 200 mil nuevos puestos de trabajo, y que derivaron en una reducción del desempleo que hoy marca 8 por ciento.

"Vamos por más, apoyándonos en lo que está hecho queremos redoblar la apuesta", dice el candidato presidencial, quien prevé que su eventual gobierno estará en condiciones de crear otros 200 mil nuevos empleos y bajar la pobreza en diez puntos más. Para eso "necesitamos crecimiento" que podría llegar a un 8 por ciento, vaticina, y aumentar la inversión hasta en un 19 por ciento. Mujica explica que en su programa "la igualdad" es un punto relevante y que ello se manifestará en profundizar la reforma de salud para llegar a una cobertura total del sistema público, además de aumentar la inversión en el desarrollo de la educación pública.

Mujica, uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, permaneció catorce años encarcelado junto a otros seis dirigentes guerrilleros.

Durante todos esos años estuvo incomunicado y el grupo fue conocido como los "rehenes", bajo permanente amenaza de muerte.

Desde entonces arrastra la popularidad y adhesión que despierta entre los uruguayos. Pero muchos dicen que no es sólo su historia, sino también sus sueños.

El candidato presidencial del Frente Amplio ocupa largos minutos en explicar que si Uruguay no invierte en la educación de su población, su país quedará a la zaga en la "era del conocimiento". Su gobierno, dice, hará un esfuerzo especial por "capacitar a la población para el futuro".

¿El modelo neozelandés? "Son macanas", dice en su estilo directo, Uruguay no tiene más camino que elevar la calidad de la educación, "incorporar más valor agregado a su gente", y dar un impulso irreversible a la integración, sobre todo a nivel regional, a través de fuertes inversiones que aproveche las costas uruguayas con una competitiva red de modernos puertos.

Mujica reitera una y otra vez que Uruguay es un pequeño país entre gigantes con los que tiene fronteras, por eso su interés en buscar alianzas regionales que abran nuevos mercados.

"Por eso podemos decir lo que nos parece, nadie podría pensar que queremos un imperialismo uruguayo", dice con un nada fingido buen humor.

-¿Cuál será el sello de su gobierno?

-Son tres patas; primero un impulso al desarrollo productivo y laboral; segundo, la lucha contra segmentos de marginación dura que debemos terminar, y, tercero, fortalecer el sistema educativo, que es por donde podemos aspirar a un mayor desarrollo del país. Es en la educación donde vamos a apostar con más fuerza.

-¿Cómo se desarrollará la política de integración de Uruguay?

-Esa es una lucha permanente, eterna, donde podemos avanzar pero también se puede fracasar; ahí está en juego nuestro destino futuro. Hasta ahora los proyectos de integración se han planteado con un gran defecto, como un negocio aduanero, como un problema de intercambios, como un problema exclusivamente económico. Parte de eso hay, pero no se ha tocado la necesidad de integrar la inteligencia, de juntar las universidades, los programas educativos, las culturas. Como se ha presentado la integración es demasiado fenicia. ¿Y qué pasa? Las asimetrías históricas de nuestras economías van a determinar que por muchos decenios tengamos que seguir vendiendo a cualquier parte del mundo. Necesitamos una integración más cultural, científica y técnica.

-Han surgido nuevas iniciativas, como Unasur, ¿qué valoración tiene de esos espacios?

-Es importante porque hay que explorar todos los caminos. Estamos en Mercosur y tenemos que dar pelota a Unasur. Hay que dar pelota a todos, porque donde nos juntamos los americanos tenemos problemas, pero no hay que desmoralizarse como tampoco idealizar que tendremos respuestas fácilmente, no hay que bajar los brazos ante las dificultades. La otra opción es seguir atomizados y así somos nada.

-En las elecciones de octubre también hay un plebiscito para derogar la Ley de Caducidad o "punto final", ¿por qué Uruguay coloca esto de nuevo en debate, si hace 23 años esa ley se impuso también en un plebiscito?

-Se retoma porque quedaron muchas investigaciones truncas y creemos que hay que hacerlas avanzar. Pero lo fundamental es la verdad histórica. Más que para la justicia, queremos buscar la verdad histórica. Los uruguayos queremos saber cómo fueron las cosas, queremos la verdad de cómo ocurrieron los atropellos de los derechos humanos.

-Si la ley de "punto final" es derogada, ¿su gobierno impulsará la instalación de una comisión investigadora, como se ha hecho en Chile, Sudáfrica o Perú?

-Sí, sin duda. A mí no me interesa la gente presa, me interesa la verdad. Porque la verdad es la forma superior de castigo para los que son responsables de los atropellos. Ya han pasado muchos años desde los hechos y detesto tener a ancianos presos.

-¿Qué cambió en Uruguay para que la Ley de Caducidad pueda ser derogada, la democracia uruguaya es más madura?

-Sí, antes había miedo, había miedo. Hoy Uruguay quiere la verdad sobre su pasado. Porque tampoco le podemos seguir contrabandeando una responsabilidad a los militares actuales algo que es carga de otros, eso es de nunca acabar. Por eso hay que investigar.

-¿Con esto Uruguay cerrará esta historia?

-A los militares hay que integrarlos y no tenerlos como unos parias, porque eso todavía pasa.

-¿Cómo fue el diálogo con la Presidenta Bachelet?

-Hablamos de los procesos que viven ambos países, sus escenarios electorales, hablamos de política. También de integración, de los procesos en curso y de las tensiones que vive el continente.

-¿Hay algún aspecto en particular de la relación con Chile que usted enfatice?

-Chile nos interesa porque favorece a las puntas de inserción de Uruguay. Nos importa la integración porque tenemos que cuidarnos del abrazo del oso, porque somos un país muy chiquito.

-¿Se refiere a Brasil y Argentina?

-Claro, son muy grandes.

-El Frente Amplio uruguayo es casi una excepción dentro de la izquierda latinoamericana, ¿cómo ha podido subsistir por más de 30 años?

-Porque es uruguayo y eso significa mucho. En Uruguay, los partidos tradicionales son frentes. Hay una cultura negociadora en política. Al interior de los partidos hay diferencias abismantes, pero sus miembros y dirigentes se quedan en ellos. Esa capacidad negociadora se ha transformado en una especie de acervo cultural. El Frente Amplio existe y ha perseverado porque todos somos capaces de ceder en algo cuando es necesario. Y esto cada vez está más cimentado, porque ahora tenemos generaciones de jóvenes que vienen de familias frentistas, que si se enojan con un sector se van a otro, pero siempre dentro del Frente Amplio. Tenemos un juego interno que nos da cohesión e impide la dispersión. Además los hechos demostraron que quienes se han apartado sucumbieron políticamente. Eso demuestra que la unidad, más que arriba, está abajo. Es decir, además de política, hay unidad social.

-Es muy emblemático para toda una generación que un tupamaro tenga la opción de ser el Presidente de Uruguay, ¿qué significado tiene eso?

-Debe tener algún significado, pero no me dedico a investigarlo. Esa es tarea para los politólogos.

Agencias Prensa LND AIP JPMM

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CHILE...LAS MANOS ENSANGRENTADAS DEL GENERAL RICARDO ORTEGA

Ex agentes dicen que estuvo con los jóvenes secuestrados en el cuartel Borgoño de la CNI y que espió a Karin Eitel, vocera de FPMR, antes de ser detenida y torturada. Las pruebas aumentan contra el hombre que hasta febrero era el hombre más poderoso de la inteligencia chilena.

Hasta enero de este año, el general Ricardo Ortega fue uno de los sujetos más poderosos del país.

Su cargo como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), organismo que maneja los asuntos más sensibles de la seguridad nacional, le valió el apodo de "el hombre de los secretos".

Desde una penumbrosa oficina en el Paseo Bulnes, monitoreó, con la ayuda de personal de la institución, el andar del proceso que busca establecer a los responsables del secuestro y desaparición de cinco jóvenes del FPMR, ocurrido en septiembre de 1987.

Su preocupación tiene asidero. Los testimonios de algunos ex agentes han revelado el rol que tuvo, con el grado de mayor, en las funciones represivas y de inteligencia vinculadas a la suerte de los frentistas.

Su retiro, oficializado en febrero, no lo ha apartado del seguimiento del caso. Ortega sigue muy pendiente, ahora como asesor del jefe de Estado Mayor y segundo hombre de la institución castrense, el general Alfredo Ewing.

Esta entidad es la que recibe más solicitudes de información por parte de los jueces que investigan violaciones de los derechos humanos, entre ellos el ministro Mario Carroza, a cargo del caso de los cinco desaparecidos hace casi 22 años.

Durante un tiempo, Ortega señaló que, siendo oficial de la DINE, estuvo un año destinado en la CNI. Sin embargo, en una de sus tres declaraciones como testigo, reconoció que su participación se extendió entre 1980 y 1983.

Además, agentes de la misma repartición lo han reconocido como el hombre que a finales de la dictadura se encargó de recibirlos en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE.

El jueves, en el Hotel Militar, ubicado en Providencia, Ortega debió declarar "exhortado a decir verdad". El ministro Carroza lo interrogó por cuarta vez, pero en esta ocasión en calidad de inculpado.

La diligencia fue solicitada en conjunto por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el abogado que representa a las víctimas, Nelson Caucoto.

LND intentó conversar con Ortega, pero abandonó rápidamente el recinto en su automóvil.

Conforme se materializó el retiro de Ortega del Ejército, las sospechas en su contra han ido creciendo. Tanto su subalterno de la época, el coronel (R) Marco Bustos, como su superior jerárquico, el comandante del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), general (R) Hugo Prado, se encuentran procesados por este crimen.

En el caso de Bustos, se estableció que mintió al señalar primero que había acudido al lugar donde permanecieron detenidos los miembros del FPMR (el cuartel Borgoño de la CNI) y luego negarlo.

En el caso de Prado, su responsabilidad es por la cadena de mando, ya que no podía menos que conocer la acción.

Hasta ahora, hay 27 procesados, entre miembros de la DINE y la CNI, quienes ordenaron, asesinaron y lanzaron los cuerpos al mar.

Entre ellos se cuenta al vicecomandante de la época Santiago Sinclair, ya que los antecedentes del proceso indican que la suerte de los jóvenes se habría decidido en reuniones del alto mando.

¿Por qué Ortega se ha librado de su presunta responsabilidad durante tantos años? Los abogados querellantes no lo entienden.

Por eso, pidieron que el general declarara en calidad de inculpado, paso previo a la solicitud de procesamiento que sería solicitada dentro de un corto plazo.

Fuentes conocedoras del proceso consideran que el material recopilado en la causa es más que suficiente para probar su responsabilidad.

A una semana del secuestro del coronel Carlos Carreño, el dispositivo de más de cinco mil agentes que se desplegó para encontrarlo no daba resultados.

Los negocios ilícitos de Pinochet y Famae con Irán estaban expuestos. Cuando los cinco militantes del FPMR fueron secuestrados, su primer destino fue el cuartel Borgoño de la CNI.

La participación de los agentes de esta repartición en el secuestro de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas ya fue confesada por varios agentes.

Siendo Ortega jefe del G-4 (grupo de lucha antisubversiva en poblaciones), dependiente del BIE, uno de sus subalternos de la época, el procesado Marco Bustos, fue enviado a Borgoño para recabar información, por orden directa de Ortega.

Pero luego, en una segunda instancia, olvidó quién dio la orden y agregó que "sin perjuicio de ello, si la orden me la dio Ortega, fue por orden de Cerda (director de la DINE de la época)".

En el caso de Ortega, sus declaraciones son igualmente erráticas. En 2007, se acercó al tribunal voluntariamente para señalar que "no sería lógico que Cerda diera la orden directamente a Bustos, sino que tiene que haber sido a través mío. La investigación la llevó la CNI, ellos eran los expertos".

El 22 de enero de 2009 cambió su versión. "El comandante Cerda envió al teniente Bustos con un equipo al cuartel Borgoño y la finalidad fue siempre recabar información", dijo.

Agregó que Bustos "no disponía de los conocimientos ni los medios para interrogar a miembros del FPMR, ya que esta función específica era cumplida por agentes de la CNI".

También causa extrañeza un documento reservado que el Ejército envió el 4 de octubre de 2006 al ministro Carroza, sobre la cantidad de helicópteros Puma que había en Peldehue en 1987.

Esto, debido a que en el mismo proceso se ha acreditado que tras ser envenenados, los jóvenes fueron trasladados hasta la mencionada base militar, para luego lanzarlos al mar.

El documento adscrito por el jefe de Estado Mayor fue firmado por Ricardo Ortega, quien, en ese momento, subrogaba el cargo.

A pesar de que a esa fecha ya había declarado en calidad de testigo, no se inhabilitó de entregar datos sensibles al ministro instructor.

Algo similar sucedió el 8 de octubre de 2008, cuando el Estado Mayor envió un documento con carácter de reservado a Carroza. Nuevamente firmó Ortega como jefe subrogante de esa repartición.

Hasta ahora, la defensa del ex DINE y de varios de sus ex camaradas ha señalado que sólo tuvieron una participación tangencial en aspectos de inteligencia relacionados con los cinco frentistas.

Varios testimonios derrumban esta versión. En 2007, Ortega declaró que sólo acudió una vez al cuartel Borgoño, específicamente por la detención de la vocera del FPMR, Karin Eitel.

En la misma ocasión, reconoció por primera vez que cumplió labores de inteligencia en esa acción.

Eitel fue detenida en noviembre de 1987, estuvo junto a los cinco frentistas y fue brutalmente torturada durante 34 días.

La agente de la CNI, Elizabeth Tello, declaró en octubre de 2008 que Ortega se encontraba dentro de los agentes de la DINE que habían acudido al cuartel en ese tiempo.

'"Está el capitán Ortega, de los otros no tengo recuerdo. También se comentó que había personal de la Unidad Antiterrorista (CNI) y de la Brigada Rengo (encargada de la seguridad del cuartel Borgoño)", precisó.

Otro de los agentes de la CNI que participó en la detención de los cinco frentistas y Eitel, el inculpado Luis Arturo Sanhueza Ros, declaró este año que Ortega actuó operativamente en la detención de la mujer.

"Estaban el mayor Ortega y el comandante Julio Cerda, los que actuaron con capucha, situación que debe estar aclarada en la causa que en un principio siguió la Fiscalía Militar en contra de Eitel, Carlos Cancino y Max Trujillo", señaló.

No es el único frente de la investigación que ha echado por tierra tanto la versión de Ortega como la de sus subalternos del BIE.

Un grupo importante de ellos ha ido reconociendo que estuvieron en Borgoño varias veces, presencia que era negada hasta hace un tiempo.

Al parecer hubo dos grupos, uno comandado por Bustos, bajo el mando de Ortega, y otro liderado por Rafael Rojas Tapia, "El Piscola".

Los suboficiales Aníbal Llanquinao y José Granada admitieron su estadía en Borgoño por cerca de 20 días. Abelardo Reyes, también agente del BIE, declaró en julio de 2008 que acudió junto a Bustos en más de tres oportunidades en calidad de chofer, "cuando a él le faltaba gente de su equipo titular".

"Piscola" ha sido el más duro en los cuestionamientos al general Ortega. Rojas ha señalado que el G-4, a cargo de Ortega, estuvo en Borgoño durante el tiempo que los militantes del FPMR permanecieron detenidos.

Esta ratificación surge del interés de "El Piscola" por desmarcarse de los mandados por Ortega. En 2006 precisó que éstos llegaron antes que él, efectuando una coordinación "permanente".

A principios de este año fue más específico y agregó que él pertenecía "al grupo G-3, cuyo mando lo tenía un capitán que no recuerdo el nombre. El teniente Bustos pertenecía a la unidad G-4 y su comandante de unidad era el entonces mayor Ortega".

Secretos militares, negocios ilícitos de Pinochet y pugnas internas al interior de la Junta de Gobierno se han ventilado tratando de explicar las razones del secuestro del coronel Carlos Carreño.

Hoy comienza a quedar claro que el asesinato y la desaparición de los cinco jóvenes frentistas fue un crimen desesperado de una dictadura que agonizaba.

Agencias Prensa LND AIP JPMM

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CHILE...JORGE ARRATE EN ENCUENTRO CON LA CUT

Su disposición a generar foros a lo largo del país entre los candidatos a la Presidencia para que los trabajadores conozcan en directo sus posiciones, expresó este miércoles el presidente de la CUT, Arturo Martínez, ante una propuesta en tal sentido formulada por el abanderado de la izquierda, Jorge Arrate.

En el encuentro sostenido en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, Arrate, destacó que la suya es la candidatura que impulsa, como parte de su programa, el pliego de la CUT.

"Es necesario seguir bregando en Chile por el cumplimiento de los convenios internacionales, por aumentar el nivel de sindicalización y, en general, porque los derechos de los trabajadores sean una realidad y no sólo una aspiración", manifestó el aspirante a La Moneda.

En esa línea sostuvo que "nuestra campaña tiene como centro estas materias, los derechos de los trabajadores y por eso, somos orgullosos de ser la candidatura de los trabajadores en todo Chile".

El timonel de la CUT, Arturo Martínez, destacó la importancia que tiene contar con candidaturas que ponen estos temas, para no quedar sumidos y secuestrados en la farándula y los intereses de algunos poderosos.

NUEVA CONSTITUCIÓN

Jorge Arrate insistió nuevamente en la importancia de ponerse como objetivo cambiar la Constitución.

"Tenemos una carta magna heredada de la dictadura y más allá de los cambios, persisten en ella muchos elementos del ADN de la dictadura y el neoliberalismo", dijo.

En particular sostuvo que el sistema electoral binominal "debe ser cambiado por uno proporcional, para tener una democracia real" y que "el estado no debe seguir manteniendo un rol meramente subsidiario en la economía".

Aencias Prensa LN AIP JPMM

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ARGENTNA....VIDELA SERÁ JUZGADO POR 31 ASESINATOS

Una juez argentina elevó ayer a juicio una causa contra el ex dictador Jorge Videla, el ex general Luciano Benjamín Menéndez y otros 23 ex militares acusados de crímenes cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

La magistrada Cristina Garzón de Lascano resolvió elevar a juicio la causa que investiga el asesinato de 31 presos políticos que se encontraban detenidos en la entonces unidad penitenciaria número 1 de la provincia de Córdoba, informaron fuentes judiciales.

Los asesinatos de los presos, que también fueron sometidos a torturas, fueron cometidos entre abril y octubre de 1976 por ex militares o ex policías que simulaban intentos de fuga, según consta en la causa.

Videla, uno de los tres militares que lideraron el golpe de Estado de 1976, está detenido en una prisión situada dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo por numerosos delitos de represión durante la última dictadura militar argentina.

En junio pasado, el máximo tribunal penal de Argentina convalidó la prórroga de un año de prisión para el ex dictador, de 83 años.

Agencias Prensa EP AIP JPMM

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BRASIL-NIXON Y EL GOLPE CONTRA ALLENDE

Al publicar los nuevos memos de la CIA, el investigador norteamericano Peter Kornbluh, del NSA, sostiene que debe haber archivos similares en Chile y Brasil. “La historia completa de la intervención norteamericana en América Latina no puede ser contada sin acceso a los demás archivos”, aseguró en entrevista con LND.

Documentos desclasificados de la CIA, publicados hoy en EEUU, revelan que Richard Nixon complotó con el dictador brasileño Emilio Garrastazú Médici para derrocar a Salvador Allende. El investigador Peter Kornbluh, encargado del Nacional Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional, NSA en inglés), dijo a LND que "Chile podría solicitar formalmente al Presidente Lula que abra los archivos militares de Brasil para clarificar lo sucedido".

Se trata de tres memos, fechados en 1971, que ilustran conversaciones personales entre Nixon y Garrastazú Médici, sostenidas en la Casa Blanca, y en las que discutieron acerca del rol que le cabría a Brasil en el derrocamiento del Presidente chileno. Durante uno de los diálogos, Nixon preguntó al dictador brasileño si el Ejército de Chile tenía la capacidad para derrocar a Allende. Éste respondió que "creía que sí", y además dejó claro que "Brasil estaba trabajando con ese objetivo".

Durante el encuentro que tuvo lugar en la Oficina Oval, Nixon aprobó la intervención de Brasil en Chile. "El Presidente señaló que era muy importante que Brasil y Estados Unidos trabajaran juntos en este campo. No podíamos tomar una dirección, pero sí los brasileños sentían que había algo que pudiéramos hacer para ayudar en esto, a él (Nixon) le gustaría que el Presidente Garrastazú Médici se lo hiciera saber. Si se requería dinero u otro tipo de ayuda discreta, podríamos ponerla a disposición. Esto se mantendría bajo la mayor discreción", señala el documento.

En la citada conversación, Nixon le dijo a Garrastazú Médici que Estados Unidos y Brasil debían "evitar que hubiese nuevos Allende y nuevos Castro" en América Latina y, al mismo tiempo, tratar de "revertir esta tendencia" donde fuese posible.

Nixon dijo también al brasileño que "esperaba que pudieran colaborar estrechamente puesto que había muchas cosas que Brasil, como país sudamericano, podía hacer y que Estados Unidos no podía" anota el texto de la CIA. La documentación revela que Nixon creía que una relación especial con Brasil era muy importante, al grado que propuso a Garrastazú Médici que ambos establecieran un canal directo y secreto de comunicación "para contactarse directamente fuera de medios diplomáticos".

El brasileño nombró a su ministro de Relaciones Exteriores y asesor privado, Gibson Barbosa, como su representante en dicho canal, pero le dijo a Nixon que en caso de que tuviese que tratar "materias particularmente privadas y delicadas, Brasil usaría al coronel Manso Netto. Por su parte, Nixon nombró a Kissinger como su representante.

Basado en fuentes brasileñas, otro memo de la CIA señala que Garrastazú Médici propuso al Presidente norteamericano que trabajasen juntos para contrarrestar la "expansión izquierdista marxista" y Nixon le prometió asistencia norteamericana "donde y cuando fuera posible". El reporte revela también que el meollo de las conversaciones secretas generó preocupación en los estamentos militares de Brasil. Algunos generales pensaban que la responsabilidad por tales operaciones recaería en las fuerzas armadas brasileñas. El documento cita al general brasileño Vicente Dale Coutinho señalando que "Estados Unidos obviamente quiere que Brasil haga el trabajo sucio" en América del Sur.

Una estimación hecha por la CIA en 1972, predecía que Brasil iba a jugar un rol cada vez más importante en asuntos hemisféricos "llenando cualquier vacío que Estados Unidos pudiera dejar" y agrega que Brasil "no dudaría" en emplear acciones encubiertas para "oponerse a gobiernos de izquierda; mantener gobiernos amigos en el poder o ayudarlos a instalarse en países como Bolivia y Uruguay".

Kornbluh sostiene que Chile tiene el derecho de pedir a Brasil un informe que clarifique lo ocurrido. "Así como el Senado de los Estados Unidos emitió un reporte sobre la intervención norteamericana, uno pensaría, considerando el peso de los documentos revelados en Washington, que Brasil va a acceder a clarificar su propio rol" en el derrocamiento de Allende, subraya el investigador.

Peter Kornbluh es director de los Proyectos de Documentación Chile y Brasil del NSA, una agencia no gubernamental basada en Washington DC que lidera la campaña para desclasificar documentos aún secretos de la CIA en relación con la intervención de Estados Unidos en América del Sur. Kornbluh, autor del libro "Pinochet: los archivos secretos", ha sacado a la luz centenares de documentos que ilustran la intervención norteamericana en Chile.

"Obviamente, documentos como los que comentamos hoy revelan un aspecto multilateral en la intervención para derrocar a Allende. Debe haber más información que se intercambió a través de los canales secretos a los que se refiere la CIA. ¿Qué otras comunicaciones tuvieron después? ¿Qué más revelan esas comunicaciones sobre el rol de Brasil? Estoy seguro de que hay más documentos, muy secretos, de la CIA que aún no hemos visto, y que reflejan esta colaboración", dice Kornbluh.

Él cree que, si los brasileños están adoptando una política de puertas abiertas respecto de la historia, claramente, debieran estar dispuestos a avanzar para que se sepa todo lo ocurrido en ese entonces. "Por ende, vamos a dar a Estados Unidos, a la administración de Obama, todo el permiso para desclasificar cualquier documento que ilustre lo sucedido. Si Brasil lo hace, será un gran avance", concluye.

A su juicio, "Brasil seguía su propia iniciativa y tenía un interés propio, muy similar al de Estados Unidos: no quería que Allende tuviera éxito porque eso tendría un impacto en la región, especialmente en Uruguay".

"Más allá de entender los roles que los países jugaron en la intervención, y la voluntad propia de Brasil, es importante notar que Brasil ha cambiado mucho desde los ’70. La ironía es que la misma nación que eligió a Lula da Silva estuvo previamente involucrada en minar y derrocar un gobierno como el de Allende, que de algún modo pavimentó el camino para que líderes como Lula fueran democráticamente elegidos en las urnas", acota. //LND

► Acceso a los documentos originales publicados por el NSA (en inglés): http://www.gwu.edu/ nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB282/

Agencias Prensa LND AIP JPMM

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CUBA...EE.UU. BUSCA PROMOVER LA GUERRA SUCIA

El ex jefe de Estado cubano Fidel Castro alertó el lunes de que Estados Unidos "podría promover" una "guerra sucia" en Sudamérica desde las bases militares que instalará en Colombia y aseguró que los argumentos utilizados por ambos países para justificar el convenio son "un insulto a la inteligencia".

"La lucha contra las drogas es un pretexto para establecer bases militares en todo el hemisferio", sostiene Castro en su último artículo titulado "Las bases yanquis y la soberanía latinoamericana" publicado en los diarios oficiales cubanos.

Para Castro el "verdadero objetivo" de las autoridades norteamericanas es poder ejercer "el control de los recursos económicos, el dominio de los mercados y la lucha contra los cambios sociales" en el hemisferio sur.

"La historia no perdonará a los que cometen esa deslealtad contra sus pueblos, ni tampoco a los que utilizan como pretexto el ejercicio de la soberanía para cohonestar la presencia de tropas yanquis", señala el texto.

Así, cuestionó los argumentos esgrimidos por ambos países alegando que en Cuba luchan "con eficiencia contra los que intentan introducir drogas en nuestro país o utilizar a Cuba como tránsito" pero sin la necesidad de instalar bases militares estadounidenses.

"El imperio no libra la lucha contra las drogas dentro de sus fronteras; la libra en los territorios latinoamericanos", criticó el ex presidente cubano, quien se apartó del poder en el año 2006 tras sufrir una enfermedad gastrointestinal.

Castro alertó de que los soldados norteamericanos "podrían promover una guerra sucia como hicieron en Nicaragua, incluso emplear soldados de otras nacionalidades entrenados por ellos y podrían atacar algún país" de la región.

"Se equivocan los imperialistas si subestiman igualmente a los demás pueblos de América Latina", señaló Castro al aclarar que "ninguno estará de acuerdo con las bases militares yanquis, ninguno dejará de ser solidario con cualquier pueblo latinoamericano agredido por el imperialismo".

A su juicio, gran parte de la responsabilidad de que el narcotráfico haya cobrados miles de vidas en América Latina es de Estados Unidos por ser un "mercado insaciable" y una "fuente inagotable de las divisas con que se fomenta la producción de cocaína y heroína".

Agencias Prensa EP AIP JPMM

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ESPAÑA...LAS BASES YANKIS SON UNA AMENAZA A TODA LATINOAMÉRICA

Isaías Rodríguez, embajador venezolano en España, considera extremadamente preocupante el paso dado por Colombia. EEUU instalaría siete bases militares en el país.


Para el ex fiscal general de Venezuela, la situación regional derivada del anuncio de Colombia de permitir la instalación de siete nuevas bases militares de EEUU es extremadamente preocupante. Designado el 8 de junio como nuevo embajador en España, Rodríguez se enfrenta a la tarea de profundizar en las relaciones con el Gobierno de Zapatero y trasladar a la sociedad española una imagen de su país que poco tiene que ver con el estigma negativo que algunos tratan de adherir a la espalda de su Gobierno.

¿Tanta tensión existe hoy en América latina?

Hay mucha tensión en el continente a raíz del anuncio de las bases militares estadounidenses en Colombia. No es un problema bilateral entre Venezuela y Colombia. También hay preocupación en Argentina, en Ecuador, en Brasil. Son siete bases militares, dos de ellas navales, una en el Pacífico y la otra en el Caribe. Aparte está la de Palanqueros, en el Magdalena medio, que sirve de plataforma a aviones que pueden cubrir todo el continente americano sin repostar.

¿Considera que UNASUR es el foro apropiado para decidir sobre esta cuestión?

Sí, lo creo. El presidente de Colombia no acudirá a la cumbre, ha hecho su propia gira que, por lo que he podido leer en la prensa, no ha resultado todo lo positiva que esperaba. Sólo cuenta con el apoyo personal del presidente peruano, Alan García. El resto de naciones han mostrado sus reservas sobre este programa en el continente.

En opinión de Venezuela, ¿qué peligros acarrean estas nuevas bases?

Cambia la fisonomía de América como un territorio de paz. A Europa, por sus intereses políticos y comerciales, también le interesa una América en paz. Una ruptura de ese estatus no se quedaría en un simple problema americano.

¿A qué se refiere?

Me refiero a que en América Latina hay muchos intereses externos. Están Rusia, China, etc. Una ruptura de la paz y armonía en Latinoamérica tendría efectos negativos en todo el mundo, máxime en un momento de crisis del capitalismo como el actual.

¿Qué papel puede desempeñar España para atemperar esta tensión?

Creo que un excelente papel y el ministro Miguel Ángel Moratinos sabe hacerlo muy bien. Sobre todo porque el próximo año España asume la presidencia de la UE y es consciente del papel fundamental que puede desempeñar en América Latina. La UE es el contrapeso a las políticas guerreristas y tiene muchas razones para ello. La económica es una. Otra es su conocimiento de los conflictos que le ha hecho desarrollar una doctrina para la paz. Hay muchas razones más para que Europa refuerce puentes con Latinoamérica.

El panorama que describe es pesimista. ¿Tantos riesgos de enfrentamientos existen?

Brasil lo ha denunciado con mucha preocupación. Y Brasil es una potencia mundial, no sólo latinoamericana. Así lo han dicho el canciller Celso Amorim y el propio presidente Lula, que lejos de la afinidad y afecto que tiene por el presidente Chávez, actúa con un criterio de política internacional que trasciende el ámbito regional.

¿La posición de Brasil marcará la decisión de UNASUR?

La posición de Brasil debe ser escuchada con detenimiento por todo el mundo y es el país que ha hecho suyo este planteamiento de que las bases son una preocupación para el continente. Creo que UNASUR va a reflejar la posición de Suramérica.

Agencias Prensa EDP AIP JPMM

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