Anda con las pilas puestas todos los días. Por Santiago pasa de vez en cuando; la mayor parte del tiempo está en las regiones, en las comunas, dice, (captando el estado de ánimo de los trabajadores) y (preparando las movilizaciones de marzo y abril). Cristián Cuevas, el dirigente de los subcontratistas del cobre, ahora, además, está a cargo del Departamento de Negociación Colectiva y Conflictos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que en tiempos de crisis global significa ni un día de descanso.
Su nombre está en la nómina de dirigentes sindicales que la CUT espera que lleguen al Congreso. En el Partido Comunista, donde milita, también está entre las prioridades de los postulantes. Pero antes, si llega a estar en la plantilla del pacto electoral entre la Concertación y el Juntos Podemos Más, debería producirse la reforma constitucional que permita que los dirigentes sindicales puedan ser parlamentarios sin renunciar a sus cargos. Eso ahora está vedado, aunque a Cristián Cuevas poco le importa. Está dispuesto a forzar la legalidad "y que la derecha asuma los costos".
-¿Es posible describir una línea de conducta de cómo los empresarios están afrontando esta crisis?
-Ha ocurrido lo que ya habíamos anunciado. Hay un acuerdo de los grandes empresarios nacionales y transnacionales según el cual la única forma de enfrentar la crisis es despidiendo trabajadores. Ellos no están acostumbrados a bajar sus márgenes de utilidades y los costos se los están traspasando a los trabajadores. Es dramático, porque están vulnerando la dignidad de seres humanos. En el retail, por ejemplo en Rancagua, Falabella impone que si no hay cambios en las condiciones laborales, reducir salarios y perder derechos de la negociación colectiva hay despidos del 30 por ciento de los trabajadores. Esa es una conducta que se repite en las forestales, las mineras, la construcción y las salmoneras, entre otras. Se han puesto de acuerdo para un chantaje.
-Son esos los sectores donde se registran la mayor cantidad de despidos, ¿hay alguna diferencia entre los empresarios nacionales y la forma en que actúan las corporaciones transnacionales?
-Hago una diferencia entre las pequeñas y medianas empresas que se ven tan afectadas como los trabajadores en general, porque no tienen las mismas oportunidades. Otra cosa son los grandes consorcios transnacionales, que son administrados por chilenos, como Salfacorp, donde Sebastián Piñera tiene acciones, o las mineras. La transnacional BHP Billiton hace unas semanas postergó algunos proyectos y despidió a dos mil trabajadores; nosotros pedimos que la minería nacional no haga lo mismo. Pese al llamado de la Presidenta Bachelet a que las empresas cuiden a los trabajadores, la conducta de las empresas es la misma, sean de capitales nacionales o transnacionales. Éstas no asumen los costos. Santiago a Mil lo financió Minera Escondida y en esos mismos días estaba despidiendo trabajadores. Esa minera usa este evento para lavar su imagen. El gran empresariado no tiene nacionalidad, es depredador. Así lo vemos en la industria salmonera, en la forestal, en la minera o el retail.
-¿Qué le parecen las medidas para afrontar la crisis que ha adoptado el Gobierno?
-Han sido adoptadas tardíamente. Está bien lo que han hecho y que hayan destinado US$4 mil millones, pero son insuficientes para la compleja situación que viene. Se necesitarán más recursos. El Estado necesita desburocratizar el uso de esos recursos. Estamos ante un problema de emergencia social.
-Hay negociaciones colectivas pendientes, ¿qué pasará con ellas en medio de la crisis?
-Los empresarios buscarán cualquier excusa para evitar la negociación colectiva. Ya le dijimos a la ministra del Trabajo, Claudia Serrano, que los empresarios buscan cómo ajustar, cómo despedir, cómo inhibir la acción de los trabajadores, así como evitar las negociaciones colectivas. Ya lo vimos en Frigorífico O Higgins y Vida Integra del holding Banmédica, donde los trabajadores se han dispuesto a negociar, pero pasan los días y las empresas se niegan a negociar, quieren que los trabajadores lleguen después de 20 días de huelga de rodillas y humillados. Esta institucionalidad laboral no nos sirve. No hay libertades sindicales y los trabajadores afectados son millones. Necesitamos nuevos instrumentos para negociar.
-Y eso que el golpe más fuerte de la crisis todavía no llega, el impacto más fuerte se prevé para el segundo trimestre.
-SÍ, y el Ministerio de Obras Públicas nos ha dicho que generará unos 70 u 80 mil puestos de trabajo, mientras en la construcción se proyecta la pérdida de empleos de unas 150 mil personas. Por eso, las medidas son insuficientes para lo que viene. Lo más dramático es que se nos mintió o se nos ocultó información.
-¿A qué se refiere?
-El Ministerio de Hacienda y el Gobierno no reconocieron a tiempo que esta crisis es de gran envergadura y que viene una recesión. Lo escucho todos los días cuando recorro el país: los trabajadores no estamos blindados ante la crisis. Al revés, los trabajadores están siendo vulnerados en sus derechos y dignidad. Estamos viendo que los empujan a ser mano de obra esclava y no podemos aceptar eso.
-Un informe de la Dirección del Trabajo dice que el último mes hubo 150 mil despidos, el doble de un mes normal. El último cuatrimestre, los despidos suman casi 500 mil. Además casi un 10 por ciento son "despidos no justificados", ¿esto coincide con las cifras que manejan ustedes?
-Una cosa son las estadísticas oficiales y otra es la realidad. En pocas semanas, el desempleo superará los dos dígitos. Muchas de las personas despedidas no pasan por los canales institucionales, o sea por las direcciones del Trabajo. Muchas personas no tienen contratos formales. Muchos finiquitos se pagan en notarías, por lo que no hay registros de esos casos, eso lo sabe el Ministerio del Trabajo. Esta semana estuve en Los Andes, donde una empresa constructora de 150 trabajadores paró sus actividades y de un día para otro se fue, y dejó a todo su personal a la deriva. Pedimos a los empresarios responsabilidad, laboral y política. Pero esta crisis es una oportunidad para los trabajadores.
-¿Una oportunidad en qué sentido, para qué?
-Para cambiar lo que no ha sido posible en 20 años. Para avanzar hacia una nueva institucionalidad, donde el Estado tenga más facultades, para que tengamos plena soberanía sobre nuestros recursos naturales, para que venga la inversión extranjera, pero con reglas claras. Nos decían que el "dios mercado" era el que daba empleo y oportunidades, pero eso hoy está cuestionado en todo el mundo. En Chile, el Estado está impedido por la Constitución para hacer emprendimientos productivos o industrializar el país. Por eso, es una oportunidad para los trabajadores, para hacer grandes mayorías y convergencias en lo político y social. El neoliberalismo no es la respuesta para el bienestar de las grandes mayorías, el neoliberalismo ha fracasado.
-¿Eso fue parte del debate del plenario de la CUT de la última semana de enero?
-Sí, del debate y del consenso que se produjo. La CUT ha avanzado en una síntesis que comprende los cambios que hay en el mundo y en la región latinoamericana. Tenemos que ser oportunos antes los cambios políticos y económicos que están en curso para generar una nueva situación, no para hacer lo mismo. El neoliberalismo ya no da para más.
-Las resoluciones de la CUT tienen un fuerte contenido político.
-La CUT y los trabajadores tenemos que volver a los contenidos colectivos, hay que volver al sindicalismo con contenidos políticos, al que tuvimos a inicios del siglo XX y que significó grandes avances para la sociedad; si no, estamos condenados a ser parias. Los trabajadores debemos volver a ser sujetos de cambio. Propiciamos un cambio constitucional, porque pese a que la actual Constitución tenga la firma de Lagos, no es democrática. En Chile nunca ha habido una asamblea constituyente, todas las constituciones han sido acordadas por los grupos dominantes. Eso es parte de nuestro debate, porque si no influimos en lo político no podremos cambiar la redistribución de la riqueza ni tener plena soberanía sobre los recursos naturales, por ejemplo. Necesitamos representación en los espacios políticos. Que algunos dirigentes sindicales tengamos militancia política no significa que tengamos poder político para cambiar las cosas.
-¿Cree que los partidos políticos ya no son capaces de representarlos?
-La institucionalidad política es heredada de la dictadura y excluye a dirigentes sociales y políticos. A los trabajadores esto no nos sirve.
-En un año electoral y con crisis, ¿qué le dice su olfato de cómo votarán los trabajadores?
-No nos da lo mismo quién gobierne. La derecha no es la solución a las demandas de los trabajadores, pero tampoco le damos un cheque en blanco a cualquier candidato, incluso a los que están gobernando porque sabemos de sus conductas. Hay que ver cuáles son las propuestas de cada cual. Y quien quiera gobernar debe materializar sus propuestas desde ahora. Vamos a combatir para que la derecha no llegue a La Moneda, pero seguiremos impulsando el respeto a nuestros derechos a través de las movilizaciones que la CUT ha anunciado.
Agencias Prensa LND AIP JPMM
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China entregó ayer su décimo informe anual sobre derechos humanos en Estados Unidos, a tan sólo dos días de que Washington entregara el suyo. En el documento, el gigante asiático aconseja al Gobierno del Presidente Barack Obama "que enfrente sus propios problemas de DDHH con valor y que deje de aplicar un doble estándar" sobre la materia. En el prólogo del informe "Estados Unidos, pongan la casa en orden", Beijing afirma que EEUU "arroja piedras a los demás a pesar de tener tejado de vidrio, lo cual es una prueba de doble moral y la hipocresía estadounidense", en este tema. 
